Opinión

Entre Dios y el Diablo

El año 2009 lo iniciamos  escuchando una serie de noticias que particularmente me llamaron la atención, sobre todo por las circunstancias en que ocurrieron los hechos que dan a conocer las mismas.  

La primera derivada de la autorización del Paquete Económico para este año,  donde la sexagésima legislatura del Congreso del Estado, permite, tanto al Gobierno del Estado como al municipio de la capital contratar deuda pública por 390 y 300 millones de pesos respectivamente, porque en la opinión publicada, se hizo énfasis en que no se ven los beneficios directos; que los recursos de la deuda se destinan a todo, menos a las obras que la justifican, que los priistas y panistas politizaron el otorgamiento, en fin.  Creo que lo realmente significativo del otorgamiento de la deuda pública es: a. Es un acto legal;  b. Que es muy normal que los gobiernos soliciten recursos extraordinarios para concretar sus planes de gobierno,  y  c. Que existen mecanismos de control y supervisión por parte del Poder Legislativo para verificar el buen uso de los recursos y exigir a los gobiernos del estado y municipios que rindan cuentas claras.

Además de la contraloría social que la ciudadanía hace cotidianamente de los avances y calidad de la obra pública de esas instancias de gobierno, la ciudadanía ya sabe  que, con el valor de su voto, puede llamar a cuentas, no nada más a los partidos políticos, sino también a los gobiernos emanados de esos partidos, el día de las elecciones.

Lo curioso, es que algunos representantes populares,  quisieron jugar a ser Dios y el Diablo a la vez,  votaron a favor de que haya deuda pública, pero no estuvieron de  acuerdo con los montos de la misma, postura que  me parece inconsistente,  ya que la deuda pública es tal, independientemente de los montos. O será que ellos están pensando en convencer a la ciudadanía de que,  sí  aprueban deuda pública para que se realicen obras sociales, pero lo hago de tal manera que no sea tanta la carga que le imponga el ciudadano, de tal manera que no me castiguen al momento de emitir su voto el próximo año.

La política es de convicciones y de carácter. Los políticos deben correr el riesgo del desgaste que implica tener recursos para generar obras, y responsabilizarse de sus actos,  no quedarse a medias como lo quisieron hacer, quienes votaron en lo general la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, pero se negaron a aprobar el monto de la deuda pública del estado, argumentando un sí al endeudamiento, pero un no, al monto de la misma.  Entonces en qué quedamos, en un sí, pero siempre no, sólo Dios y el Diablo saben de ésto.

La segunda noticia, es la vehemencia con la que el diputado Fernando Palomino defendió el dictamen de que no se reeligiera  una Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ya que, según algunas opiniones, estaba defendiendo lo indefendible. Pero más allá de concepciones ideológicas, simpatías y amistades, me llamó la atención la idea de continuar una reforma integral al Poder Judicial Federal,  iniciada en 1994  por el entonces presidente de la República Ernesto Zedillo,  el 5 de diciembre de 1994, en la que promueve

La transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un Tribunal Constitucional. Efectivamente se buscaban nuevas estructuras organizacionales y la renovación total de sus integrantes, mediante un nuevo sistema de designación de ministros, a realizarse en un plazo de 20 años,  a efecto de no alterar la estabilidad de la nueva Suprema Corte.

Expresa el diputado Palomino que “para entonces, los servidores públicos del Poder Judicial Federal vieron alguna posibilidad de lograr su aspiración de remoción y ascenso, ya que antes la inamovibilidad de por vida de los ministros, era una lápida que las sepultaba, motivando más bien conformismo y corrupción de los mismos”. Y que a nivel local,  se modificó la Constitución local para suprimir la inamovilidad de los magistrados,  en 1995 y 2003, (en la primera la duración era de 10 años y en la segunda de 15), a efecto de dar lugar a la renovación periódica de los miembros del Supremo Tribunal.

Pero lo que más me llamó la atención, es la reflexión que hace respecto a quienes esperan mucho de la carrera judicial, como son los servidores públicos del poder judicial, cuando se pregunta: “¿Quién está viendo o hablando por todos aquellos secretarios, jueces, magistrados que también tienen derecho a una oportunidad de ascenso? ¿Con que motivación seguirán trabajando todos esas personas que integran el poder judicial, si para lograr, al menos, entrar a un concurso para ascender, está esperando que alguno de los superiores fallezca, porque es la única posibilidad de lograrlo?”. Y se contesta: “Si nosotros votamos a favor de que se reelija la Magistrada, estamos clausurando la posibilidad de una movilidad sana que fortalezca a la institución y a la carrera judicial de todos esos funcionario públicos…aprobar la reelección, sería un retroceso considerable en el desarrollo del poder del Estado, volveríamos a hacer de la justicia un botín de caciques a los que sólo la muerte los podría vencer, y en todo caso, iríamos contra uno  de los principios que más estabilidad le ha dado al sistema político mexicano como es la no reelección de los poderes”.

La idea fundamental es ver si esta decisión viene a ser de verdad un paso fuerte en la consolidación de esa reforma integral iniciada en 1994.  A los mexicanos nos cuesta mucho entender que nos falta consolidar un proyecto de nación, la cual se hace poco a poco, con visión de futuro y continuidad en el sentido de las transformaciones que den sustentabilidad a las instituciones. Espero que este sea un antecedente significativo para la consolidación del Poder Judicial en el Estado, y no un retroceso en su institucionalidad.

Y tercera, es que logramos un primer  lugar nacional                                                                                                        en la comisión de secuestros, proporcionalmente hablando, según nota aparecida en el periódico Reforma. Proporcional o no, esperamos que ahora con la entrada en vigor de la ley del sistema nacional de seguridad nacional, haya coordinación efectiva en todos los niveles de gobierno, y al menos, los recursos bajen automáticamente a los estados, porque en la entidad, está demostrado que no sabemos obtener esos recursos federales con efectividad, pues el año pasado, era el mes de septiembre y no se habían ejercido los que le correspondían al estado en esa materia.  No podemos ser Dioses, sin ser algo de diablillos para ejercitar la habilidad de la oportunidad en esta materia. Parece inconcebible, pero lo es. n


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MIGUELNAJERA

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