Opinión

Las decisiones tributarias del Congreso

A  partir de la iniciativa presidencial que propuso al Congreso de la Unión la aprobación de modificaciones al sistema fiscal federal se ha desatado una ola de comentarios a lo largo y ancho de la nación sobre las decisiones que debe tomar el Poder Legislativo con el fin de definir las contribuciones que habrán de recaudarse en el año 2010. 

 

Sin embargo, dicha catarata de opiniones generalmente proviene de personas que antes que emitir opiniones serias y con conocimiento de causa acerca de la política fiscal y del contenido de las leyes tributarias, sólo tratan de utilizar el tema para posicionarse públicamente (entre ellos algunos políticos ineptos y líderes empresariales ignorantes) y para llevar agua a su molino pretendiendo quedar bien con tirios y troyanos (con ambos bandos –gobierno y oposición-) y algunos lo hacen para quedar bien con tirios o con troyanos (según sea de su interés quedar bien con unos o con otros). 

La elaboración de leyes tributarias y el establecimiento de contribuciones, así como su cobro, recaudación y fiscalización es y ha sido siempre el lado “rasposo” del estado. Muchos políticos le tienen terror al tema y lo eluden lo más que pueden, porque en este país en que mucho falta la conciencia cívica y los tributos no alcanzan sus fines por la ineficiencia de muchos gobiernos y gobernantes y también por la corrupción imperante en diversos niveles y ámbitos públicos, cualquier establecimiento de nuevas contribuciones o de aumento a las existentes genera impopularidad para los que toman las decisiones. Eso no les conviene; cuidan su imagen antes que sacrificarla o sin siquiera exponerla al mínimo desgaste en aras del interés nacional. 

Otros discuten los planes tributarios por mera actitud contestataria; sin saber sobre qué ni por qué, sólo se oponen, como lo dice el estribillo coloquial cuando alguien llega a donde un grupo de personas platican o departen: “no sé de qué hablan, pero me opongo”. Así es la actitud de estos otros. 

El estado requiere recursos financieros para aplicarlos al gasto público con el fin de satisfacer las necesidades colectivas. Esto es de rigor en toda comunidad civilizada, en la que los gobernados deber aportar –contribuir- para el sostenimiento del gobierno y para la ejecución de los actos y actividades que implica la función gubernativa. 

La propuesta fiscal del presidente ha sido dura. El establecimiento de un nuevo impuesto del 2% al consumo generalizado de bienes y servicios, incluyendo alimentos y medicinas- que ya no fue aprobado –fue declarado “muerto” el lunes en la tarde- y al menos hasta las noticias de ahora, será sustituido por el aumento del IVA del 15 al 16%. También como parte de la propuesta se incluyó el fortalecimiento de las facultades de fiscalización, destacando entre estas medidas propuestas el embargo precautorio de las cuentas bancarias de los contribuyentes. También se pretende el incremento del Impuesto sobre la Renta incrementando la tasa máxima de 28 al 30% (renta es sinónimo de utilidad, ganancia o rendimiento y tiene por objeto principal la percepción de ingresos derivados del trabajo, de la inversión de capital o de la combinación de ambos). 

Ante la propuesta presidencial el Congreso tiene la palabra definitiva para decidir sobre los ingresos de la nación para el año fiscal 2010. 

Los tiempos actuales han sido difíciles para el mundo por la crisis económica y para nuestro país han sido más que difíciles no sólo por la crisis mundial sino que la situación se ha agravado este año por otros factores como la baja de los precios del petróleo, la influenza y otros males. 

Las necesidades públicas son muchas y muy grandes y por ello el Estado está necesitado de amplia disponibilidad de recursos para atender las necesidades colectivas. 

Sin embargo y a pesar de la magnitud de las necesidades públicas que justificarían una gran pretensión recaudatoria, el estado no puede perder de vista la situación económica de los gobernados y atender a su capacidad contributiva, considerando en primer término que los gobernados deben satisfacer ante todo sus necesidades primarias y luego y sólo luego contribuir al gasto público. 

Debe haber sensibilidad social en los gobernantes al momento de legislar en cuanto al establecimiento de contribuciones y sobre todo considerar que somos un país pobre, un país en vías de desarrollo y por ello los tributos deben ser apropiados, proporcionados para las características de las condiciones económicas nacionales. No se puede pretender establecer contribuciones de país rico en un país pobre. 

Como dijimos arriba, al parecer el impuesto del dos por ciento –que se hizo famoso sin siquiera haber sido aprobado- no verá la luz pública y será sustituido por un punto adicional en la tasa general del IVA. Esta es una buena alternativa porque aunque sea la misma gata pero revolcada, no afectará a los alimentos y medicinas. Gravar estos artículos de primerísima necesidad hubiera sido criminal para las clases más necesitadas. Por ello y ante ello el presidente ha girados sus instrucciones a sus negociadores financieros, instruyéndolos en la sensibilidad social, para que lleguen a acuerdos con el Congreso y se consense una reforma fiscal para 2010 accesible a la situación económica del país. Ya veremos como a fin de cuentas reaccionan los políticos del Poder Legislativo. 

Nos vemos la semana que entra, si dios nos da vida y otros no nos la han quitado. 

 

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guillermacias

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