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lunes, diciembre 22, 2025

El derecho de beber / Ciudadanía económica

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Entre las muchas controversias que ha generado la propuesta de “Reforma Hacendaria”, indudablemente en la que más recursos se ha invertido, es en la relativa al impuesto sobre bebidas azucaradas. La industria refresquera ha generado una campaña de anuncios y publicidad que, por su intensidad, distrae y dificulta al grueso de la población formarse una opinión objetiva.

México es el mayor consumidor de refrescos en el mundo, con un consumo superior a los 163 litros por persona al año. Supera ya en 40% a los Estados Unidos en el consumo de refrescos por persona y nuestra población infantil ya rebasa en sobrepeso y obesidad a la estadounidense.

El problema de salud debido al incremento del consumo de refrescos en México es un fenómeno originado por múltiples causas. Pero, innegablemente, una desafortunada sucesión omisiones y negligencias ante intereses económicos, mezclada con la falta de una política pública de protección del escaso recurso hídrico en nuestro país, es lo que nos ha negado el derecho fundamental al agua de calidad, arrojándonos a los brazos de la “chispa de la vida”.

Al faltar inversión durante décadas, la disponibilidad de agua potable por habitante ha disminuido. De 18,035 m3 por persona durante el año 1950, ha pasado a 4,100 m3 en la actualidad, con una proyección a 3,783 m3 por habitante en 2030, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO). En ninguna ciudad del país, con razón o sin ella, se considera que puede beber directamente el agua del grifo. La política educativa ha sido omisa en la suficiente difusión de la cultura de la salud referente al cuidado del agua y su consumo responsable, además de haber consentido la insistente omnipresencia de publicidad de refrescos en el panorama urbano, los medios masivos, fiestas populares y eventos públicos.

La firma de investigación Kantar Worldpanel realizó una investigación en 8,500 hogares de la República para determinar cuánto y cómo gastan los consumidores nacionales.

  1. Un hogar mexicano promedio compra 310 litros de refresco en un año, lo que representa un gasto de $2,216, o sea, el 55% de todo lo que gasta en bebidas (agua, jugos, leche, etc.)
  2. Por año se compran 310 litros de refrescos en cada hogar, representando, en pesos, el 11% de lo que gasta un hogar mexicano en productos de consumo masivo.
  3. Los hogares de niveles socioeconómicos medios y los que tienen presencia de adolescentes o mayores de edad son los que consumen más refresco.
  4. De los refrescos que se compran cada año, 81% son de sabor cola y 2% es “light”.
  5. Nueve de cada diez litros se compra en tiendas de barrio (tienditas).
  6. En promedio se acude a la tiendita, en 126 ocasiones al año para comprar refresco, por cada visita se compran 2.5 litros.
  7. 99.8 % de los hogares compra, por lo menos, un refresco al año.

De acuerdo con la propuesta de reforma, cada litro de refresco pagaría un peso de impuesto por litro, lo cual significa que un hogar promedio gastaría $102 más al año en la compra de refresco; 4.6% más de gasto en ese producto.

Se reconoce que son múltiples las causas del  incremento generalizado del sobrepeso y la obesidad, pero existe evidencia de que el consumo de bebidas edulcoradas como los refrescos, aumenta el riesgo de obesidad, diabetes tipo dos y otras enfermedades crónicas. El gobierno defiende su postura argumentando que con el impuesto se puede revertir esta tendencia, mientras las refresqueras, particularmente las de marcas internacionales, aseguran que un alza en los impuestos sólo traería daños a la economía nacional.

Argumenta la industria refresquera que los negocios más afectados serán las tienditas. Ayudados por esta industria, los integrantes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) se ha manifestado en contra de la propuesta del Ejecutivo. La caída en ventas de refrescos, afirman, pondría al borde de la quiebra a la mayoría de los 750,000 puntos de venta que operan en el país, toda vez que los refrescos representan 30% de sus ventas directas e impulsa 70% de las indirectas. En su opinión, el impuesto a los refrescos no es la solución para combatir la obesidad en México, y por el contario, “condena a más de cinco millones de mexicanos al desempleo, porque las tienditas son la última frontera entre el comercio legal e ilegal”. En su opinión, el impuesto a los refrescos no es la solución para combatir la obesidad en México.

Un estudio de investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Tecnológico Autónomo de México contradice todo lo anterior (http://www.congisp2013.org/programa/presentaciones/Presentacion%20impuestos_CONGISP_7Marzo2013.pdf). Se recomienda un impuesto al refresco como una medida para reducir el consumo de estas bebidas, afirmando que un aumento de 5% en el precio de los refrescos inducido por un impuesto podría reducir en 6% su consumo. Sus estimaciones muestran que con el aumento de precios de refrescos no se incrementaría el consumo de jugos o aguas preparadas con azúcar, pero sí aumentaría el consumo de agua y leche, que también venden las tienditas.

Haciendo un lado los intereses de ambas partes, los consumidores deben saber que no bastaría la implementación del impuesto al refresco para combatir la epidemia de obesidad. Es necesario impulsar, desde la sociedad civil, como lo hace ya http://alianzasalud.org.mx/, medidas como: informar en el envase o etiqueta sobre los contenidos de los refrescos, aplicar el impuesto a bebidas edulcoradas (con otras sustancias) y no sólo a las azucaradas; regular la publicidad, especialmente la dirigida a niños; promover la cultura de la salud en las escuelas y asegurar el abasto y acceso al agua potable para todos. La omisión de políticas públicas relativas al agua, su potabilización y distribución, que garantice el derecho libre y generalizado a beber agua, no podrá compensarse con sólo un impuesto.

 

@jlgutierrez

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