Por: Ricardo A. Martínez Espinosa*
El capital de un político frente a una elección está en su capacidad para ser reconocido por sus posibles electores. Las oportunidades para que pueda aumentar este capital son realmente pocas, y en la medida que la comunicación entre representantes-representados tenga que pasar cada vez más por medios masivos, éstas no sólo se vuelven pocas sino muy caras.
El dilema de los políticos que necesitan ser reconocidos para sobrevivir en la próxima elección los lleva a pensar en una salida que está haciendo mucho daño a los presupuestos públicos, y que en ocasiones podríamos presumir que raya en la ilegalidad.
Los legisladores en México han sido duros contra quienes puedan estar utilizando fondos públicos para promocionarse a sí mismos. Especialmente durante el sexenio de Vicente Fox la propia Suprema Corte se pronunció para obligar a las dependencias a aclarar que los mensajes del gobierno eran públicos y que no buscaban la promoción de ningún funcionario público. Sin embargo, más allá de eso, las oficinas de procuración de justicia poco han hecho para sancionar a nuestros políticos.
Entiendo el problema en el que los hemos metido. Si yo fuera político, probablemente también buscaría cualquier estrategia para aparecer en los medios y así aumentar mis probabilidades para ser reconocido por el electorado. El problema, nuevamente, es que estas estrategias pasen por los fondos públicos que podrían ser utilizados para resolver problemas reales de las comunidades que gobiernan, más allá de sus ambiciones personales.
Pongo un ejemplo en la mesa. Cada vez que vemos la inauguración de un programa de gobierno, nuestros políticos gastan cientos de miles de pesos para instalar los letreros que van detrás del pódium. Los llamados banners con elegantes tipografías y colores no pueden faltar, incluso cuando se trata de programas que buscan atenuar la pobreza o que intentan repartir algunas mochilas o útiles escolares para niños de escasos recursos. No hablo de situaciones hipotéticas, sino de ejemplos que he visto en el último año.
Termina un funcionario municipal sus funciones y tiene legítimas aspiraciones para ser el próximo gobernador. Por ley, todos los funcionarios tienen derecho a presentar un informe anual donde expongan sus logros y retos por venir. Todo bien hasta ahí pero ¿qué pasa cuando este informe viene aparejado con anuncios por las calles en espectaculares que cuestan entre veinte a treinta mil pesos mensuales, y que explícitamente exponen su cara con mensajes “electoralmente rentables”? ¿Es parte del informe saber lo que ya sabemos, o lo que no queremos saber?
La vanidad parece ser uno de los pecados más comunes en estos personajes. Esto es algo que tampoco podemos combatir de manera realista, pero al menos deberíamos poder controlar cuando se trata de nuestros impuestos ¿Han visto últimamente los anuncios que nos recetan diputados y senadores? Más allá de lo banal de los anuncios, estos personajes de verdad parecen estarse creyendo eso de que les debemos la vida y el poder ver el sol cada mañana. Quisiera que alguien me tache de exagerado después de analizar el contenido de los mensajes que mandan a sus departamentos de publicidad.
De alguna manera el debate pasa entre las ventajas de prohibir cualquier mensaje de políticos que se pague con nuestros impuestos (salvo cuando se trata de emergencias de sanitarias o de protección civil), a rescatar lo importante que podría resultar mantener las áreas de comunicación social como medidas de rendición de cuentas. Sé que no es una decisión fácil.
Sean informes de labores, recordatorios de lo bien que hacen las cosas desde sus ámbitos de poder, letreros de fondo en los podiums, o simplemente unos segundos al aire en cualquier noticiero de la localidad, nuestros políticos están jugando su juego ¿Qué estamos haciendo como sociedad para contener esta extroversión mal encauzada?
Legítimas sus aspiraciones políticas, pero también legítimo nuestro deseo para que nuestros impuestos sean mejor gastados que reproduciendo sus caras en nuestras calles.
*Coordinador de la Licenciatura en Gobierno y Finanzas Públicas del CIDE Región Centro
