Esfera Pública

Esfera Pública: Impunidad y Justicia Cotidiana

Contra la Impunidad, Ciudadanía Exigente

Gilberto Carlos Ornelas

 

La impunidad, entendida como la incapacidad del Estado y sus instituciones para sancionar los delitos contra la integridad, el patrimonio y la normatividad que protege a las personas y a la sociedad, al igual que otros grandes problemas como la corrupción, la injusta distribución de la riqueza entre otros, son fenómenos que no son nuevos. Sin embargo, el desarrollo de la sociedad mexicana ha llegado a un momento en el cual esas “viejas realidades” deben ser resueltas. De lo contrario, las instituciones del Estado mexicano estarán demostrando su inviabilidad para permanecer como el entramado jurídico y constitucional del país.

En algún texto, Aguilar Camín afirma con mucha razón que persiste la costumbre tan arraigada en la sociedad mexicana de “negociar” la ley y su cumplimiento, desde la norma constitucional hasta los reglamentos más sencillos. En su último artículo, Fernando Aguilera nos recordó que hace poco un analista en televisión afirmó que en México la ley sólo es para las tres “p” y, además, están los resultados de los estudios que nos describen, ya con lujo de precisión, el tamaño y alcance de la impunidad.

Además, la vemos a diario y desde hace mucho: el calvario para que la autoridad aplique la ley, para lograr levantar una denuncia en el Ministerio Público, para que el funcionario descubierto en algún acto ilegal sea castigado, para que un abuso de poder sea corregido, para que se impida desde un acto de reventa hasta una detención ilegal con la casi segura sesión de tortura.

Escribe el jurista Salazar Ugarte en uno de sus trabajos, que la falta de cumplimiento de la ley no quiere decir que no exista el Estado de Derecho, sino que lo que sucede es que apenas “los mexicanos hemos logrado implantar un mínimo aceptable de respeto a la normatividad” y, efectivamente, bien pudiéramos compartir esa conclusión: hasta ahí ha llegado el desarrollo legal y político del país. Como escribía O. Paz en El Laberinto de la Soledad: los mexicanos llegamos a una situación en la cual “nos movemos con naturalidad en la mentira e ilegalidad”.

El problema radica en que, si durante 200 años de vida nacional, la sociedad mexicana apenas ha podido construir un entramado legal y político indispensable para cierta estabilidad, ha venido relegando indefinidamente el derecho a la justicia y una cultura integral de la legalidad y eso significa que el país enfrenta serias consecuencias por ello: desde las mermas económicas que bien ha descrito nuestro amigo Enrique Pasillas Pineda, hasta la situación de descomposición social que bien nos explicaron Jesús Medina y Fernando Aguilera y que se refleja en la enorme cifra de delitos y afectación al derecho de las personas con esas cifras macabras de homicidios impunes, trata de personas o desaparición física, ahora ya señalada como desaparición forzada.

Pero hay nuevos factores que obligan a reflexionar y a actuar en el problema de la impunidad, uno de ellos es que los sistemas políticos occidentales, al menos los más avanzados elevan la exigencia a sus países socios, si no para la observancia de respeto a los derechos humanos, al menos sí para que se disminuya el riesgo de conflictividad social en los países donde mantienen intereses. Por otra parte, en nuestro país, la hiperbolización de la práctica de usos y costumbres altamente nocivos de parte de los gobiernos, aun cuando han alternado colores y siglas partidistas, han propiciado hechos que como nunca han lastimado la confianza y el acuerdo del gobierno con la sociedad mexicana. Tales hechos van desde magnicidios que nunca serán resueltos creíblemente, mega-atentados contra las finanzas públicas como el Fobaproa, robos novelescos como el Pemex-gate, que incluyó el uso de una “combi” totalmente llena con miles de millones, el surgimiento de fortunas inexplicables, la relación perversa entre crimen organizado y poder político y financiero hasta los emblemáticos casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán y la macabra y ofensiva cifra de 24 mil personas que han desaparecido por la fuerza sin que el Estado mexicano pueda explicarlo decentemente.

Sin embargo, el nuevo elemento que podrá lograr romper la inercia cínica en la reproducción del ciclo de la impunidad será sin duda la voluntad ciudadana, cuyo despertar ha sido lento, a veces casi imperceptible, pero que se viene haciendo notoria y cada vez más determinante. Son los ciudadanos, que saben que la burocracia de los gobiernos no va a cambiar de la noche a la mañana y que no va a renacer honesta y eficiente, son los ciudadanos, que saben que hay que castigar a los funcionarios que ejercen el poder para favorecer intereses propios y de grupos. Son los ciudadanos que día con día aprenden que deben ser más exigentes con sus gobiernos y con todas sus autoridades.

Si bien es cierto que el combate a la corrupción, se dice que se debe hacer como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo, en el caso de la impunidad, tal parece que debemos empezar de abajo hacia arriba, pues bien sabemos que la autoridad básicamente actúa inercialmente o extraordinariamente cuando se enfrenta a la presión social o política. Hay tres grandes y sencillas herramientas que desde el papel de ciudadanos podemos usar para combatir la impunidad a todos los niveles: 1) A estas alturas, la capacidad de indignación es una virtud cívica que hay que mantener, perderla sería caer en el cinismo cómplice de la arbitrariedad. No toleremos ningún abuso y ninguna agresión contra nuestra persona, familia, patrimonio o derecho, ni de parte de un delincuente, ni de parte de una autoridad. 2) Hay que denunciar y exigir castigo contra los delincuentes y quienes los protegen con acción y omisión. Esta es una labor mucha veces ingrata, tan solo hay que decir que las agencias del MP y las Contralorías muchas veces son quienes más trabas ponen a la denuncia y casi piden que el ofendido o el quejoso haga la investigación y presente al responsable y a veces aún así evaden su obligación de procurar justicia. Hay que exigir y denunciar, e incluso movilizar opinión pública; ya no sólo existe la protesta callejera, las redes sociales son un aliado valioso en la denuncia. 3) Que nuestro voto sirva para castigar a quienes han protegido corrupción e impunidad y que sólo se otorgue a favor de quien se comprometa a fortalecer la cultura de la legalidad y a rendir cuentas puntualmente, y si nadie nos convence, de todas formas votar, aunque sea una protesta contra todos, pero nunca dejar nuestra decisión en manos de otros.

Hay que romper el círculo vicioso de: delito-autoridades pasivas y cómplices-impunidad. El punto de rompimiento está en la ciudadanos que debemos ser cada día más exigentes. No podemos quedarnos en la contemplación resignada o inconforme. México no puede ni debe ser un país de cínicos, si las actuales instituciones del país no son capaces de garantizar los derechos de la población, no hay que esperar que renuncien quienes las encabezan, ya vimos que no lo hacen porque defienden intereses y no tienen vergüenza; hay que cambiarlas.

Twitter: @gilbertocarloso

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La impunidad es un tema de justicia cotidiana

Enrique F. Pasillas Pineda

 

En la teoría política clásica, de esa que ya no sirve más para explicarnos las realidades que nos toca vivir, se suponía que una de las funciones elementales del estado era y sería procurar justicia, seguridad y paz pública a sus ciudadanos. De allí su fuente de indudable legitimidad como institución fundamental de los siglos XIX y XX.

Sin embargo, lo de hoy se parece más a la ley de la selva, del ya tristemente célebre “si no pueden, renuncien”, de Alejandro Martí, precedido por el secuestro y asesinato impune de su hijo Fernando en 2008 (nadie renunció sin embargo: ni presidentes, ni gobernadores, ni legisladores, ni políticos, ni policías, ni generales) o el sonado caso del hijo del poeta Sicilia, precursor del movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, o el de los hermanos Lebarón en Chihuahua, el del hijo de la señora Miranda en el D.F., los 49 niños de la guardería ABC en Hermosillo o las muertas de Juárez, y tantos otros -para desgracia de la sociedad mexicana.

Así que reconociendo el grave problema de una impunidad que roza el 98% de los casos según diversas fuentes, se firman pactos, se hacen declaraciones, se impostan tonos, pero la procuración de justicia, la seguridad y la paz pública, si es que alguna vez las tuvimos, ya no suceden más en la mayor parte de los casos de nuestra agobiante realidad inmediata. Apatzingán, Tlatlaya, San Fernando o Ayotzinapa son sólo fotos fijas de una descomposición sin precedentes en la vida pública del país de habla española más grande e importante del mundo. Pero siendo la más grave de las impunidades la realidad de esos miles de mexicanos que no están ni vivos ni muertos porque fueron sometidos a un crimen de lesa humanidad llamado “desaparición forzada”; no es la única. Empresarios, políticos, negociantes, e instituciones privadas y públicas completan el círculo vicioso de descomposición, también llamado por los especialistas “pacto de impunidad”.

Por su parte, el INEGI estima en 1.27% del PIB el costo de la inseguridad y del delito. El CEESP -que integra al cálculo lo que se invierte en “adquirir” la seguridad que el Estado falla en proveer– indica que el costo de la inseguridad es de 15% del PIB. Por eso hay un consenso entre los ciudadanos en que no podemos seguir así, pero sin embargo la historia reciente nos refuta y nos dice que vamos de mal en peor, hasta llegar a los incidentes casi diarios en Tamaulipas o los sucesos de Jalisco, Colima y Guanajuato del 1 de mayo pasado, con un saldo todavía indeterminado de muertos y heridos y un helicóptero militar derribado por un enemigo no del todo claro.

Es cierto es que no podemos seguir así, descubriendo nuevas formas de cooptación, nuevos métodos de intimidación y crónicas de espanto y de cinismo un día sí y otro también, donde parece que no llegamos nunca al final ni al fondo de la grave crisis social.

Parece sensato decir entonces que la vía para construir un Estado de derecho del que no gozamos hoy y que jamás tuvimos del todo en el pasado no es la de los nuevos pactos ni los foros de sesudos y gatopardianos análisis que nada nuevo descubren; sino la firme destrucción del pacto de impunidad que de forma transversal toca todo y a todos. Otros países lo han logrado en pocas generaciones, así que más vale ponernos ya a la tarea, pues no es exagerado decir que de ello depende la viabilidad económica, política y social de la República y de la nación.

Todos sabemos que en el país donde la ley casi no se aplica y donde las instituciones que deberían velar por su cumplimiento, éstas están infiltradas por todo tipo de organizaciones criminales. Y dado que existe una certeza casi absoluta de que no pasa nada, a juzgar por la enorme “cifra negra” de delitos sin denunciar más los que aun denunciados quedan impunes; la norma se trivializa, la convivencia se complica y el espacio de lo público se achica.

En ese contexto, cabe muy bien preguntarse para qué va a servir ese gran “diagnóstico nacional” que el Gobierno Federal y concretamente el titular del Ejecutivo Federal encargó a cierto grupo de estudiosos y que se denominó “La Justicia Cotidiana”.

De los foros, estudios y análisis emprendidos y cuyos resultados fueron dados a conocer recientemente, las conclusiones a las que se llega no parecen originales ni novedosas: existen grandes obstáculos para el acceso a la justicia, los procesos relacionados con el acceso a la justicia son largos y costosos; la función jurisdiccional se percibe lejana e incomprensible y esto incrementa la desigualdad social. Así que tal parece que los resultados de este esfuerzo diagnóstico coinciden en buena medida con otros, como el de la ONG internacional que concibió el World Justice Project.

Tampoco en lo que se refiere a las propuestas generales el informe es original. Algunas de ellas son claramente obligaciones constitucionales (como promover una cultura de derechos humanos); otras ya se encuentran establecidas en leyes (impulsar los mecanismos alternativos de solución de conflictos); y sobre varias ya hay diversas aunque dudosas iniciativas en las cámaras (vg: garantizar un ejercicio responsable de la abogacía). Otras no son propiamente propuestas, como “crear instancias de diálogo”sino que parecen solo recomendaciones de lo que debería ser una práctica constante en todas las instituciones de justicia en cualquier sistema mínimamente democrático.

¿Hay algo entre lo expuesto que no supiéramos ya? Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué y cómo se hará? ¿Cuándo y quiénes?

@efpasillas

 

 


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La Jornada Aguascalientes

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