Esfera Pública

Esfera Pública: Libertad de Expresión

Libertad de expresión, ingrediente esencial de la democracia

Fernando Aguilera Lespron

 

La libertad de expresión se ha definido como aquel derecho de toda persona que consiste en la facultad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, sin temor a ser limitado de alguna manera, y valiéndose de cualquier medio.

Es sabido que el derecho a la información, es decir la libertad para informar y recibir información veraz e imparcial, se ha entendido como “aquel derecho fundamental que tiene toda persona a ser informada y a informarse de la verdad, para juzgar por sí misma sobre la realidad con conocimiento suficiente”, y se encuentra íntimamente ligado con la libertad de expresión. Sin embargo, se ha considerado que esta última es una figura más amplia que la del derecho a la información, pues abarca diversas especies y se encuentra limitada en menor medida, ya que lo que una persona exprese no debe estar sujeto a criterios de veracidad e imparcialidad.

En ese sentido, la libertad de expresión se ha erigido como la garantía que permite a toda persona manifestar en forma libre sus opiniones, pensamientos e ideas sin que importe qué tan importuna, errada o inmoral pueda resultar la expresión de sus ideas; de ahí que la censura sólo es legítima cuando se ejerce sobre formas de expresión que impidan el ejercicio de los derechos de terceros.

La libertad de expresión encuentra su fundamento en la autonomía de la persona y en la necesidad de ésta de comunicación con otras como elemento pilar de la convivencia. Este derecho es eje central para el desarrollo del individuo y en consecuencia, de la sociedad; “su alcance y sentido únicamente son explicables si se tienen como resultado de la condición racional del hombre y, por ende, anteceden a cualquier declaración positiva que los reconozca”.

La libertad de expresión es un derecho fundamental de cualquier persona, sin distingo alguno. No es un derecho político, aunque sí es una condición necesaria para el eficaz ejercicio de los derechos políticos.

A pesar de la relevancia de este derecho, no es posible que su práctica se haga de forma absoluta ni puede desconocer valores esenciales e irrenunciables dentro de una democracia. Sin embargo, las limitaciones que se le impongan deben ser necesarias para garantizar también otros derechos.

No es posible hablar de democracia en lugares donde la libertad de expresión no esté garantizada. El libre ejercicio de la libertad de expresión se constituye como una herramienta de control social sobre el funcionamiento de la sociedad misma.

La libertad de expresar ideas y pensamientos es el instrumento jurídico por excelencia del que echan mano los estados democráticos y liberales con el propósito de alcanzar una verdadera participación política en términos de civilidad.

El ejercicio del derecho a la libertad de expresión propicia la formación de “espacios para el conocimiento y debate de las actuaciones de las autoridades, contribuye a la conformación de la voluntad política y genera un legítimo espacio de control ciudadano”. De ahí que su garantía y respeto sean vitales para la consolidación de verdaderas democracias; además contribuye activamente en el desarrollo de la libertad y la autonomía de las personas, así como en el desarrollo del conocimiento y la cultura, indispensables para la existencia de una democracia participativa y plural.

La libertad de expresión tiene una dimensión tanto social como individual: constituye un elemento decisivo para crear condiciones democráticas en la sociedad y la realización misma de la democracia. Por otra parte, en la medida en que tanto información e ideas son elementos necesarios para la definición, y realización social de los distintos proyectos de vida individuales, resulta claro que constituye un ingrediente esencial para el respeto de la dignidad humana.

@aguileralespron

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La Libertad de expresión es de quien la trabaja

Enrique F. Pasillas

 

Dice bien Carlos Payán, porque no es suficiente que la libertad de expresión sea un derecho humano consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y que todas las constituciones de los estados “democráticos” del mundo la recojan también. El problema es que en los tiempos que corren, y sobre todo en ciertas realidades convulsas, dichas libertades más parecen una utopía irrealizable que una realidad tangible.

Para nadie es un secreto que en el México de hoy las libertades de expresión, de información y de prensa, que se entienden amparadas constitucionalmente como derechos fundamentales, están seriamente amenazada por la evidente concentración en la propiedad de los medios de comunicación y por la agresiones y la violencia que sufren los periodistas y comunicadores en todo el país.

Sólo en 2014 se registraron y documentaron por la relatoría especial de la CIDH para la Libertad de Expresión 25 casos de asesinatos de periodistas en México, la mayoría de ellos todavía impunes. De ahí que todos los análisis serios coincidan en señalar como la causa principal de esta amenaza para las libertades fundamentales de los mexicanos la evidente vuelta al pasado, con un Estado autoritario e incapaz de garantizar los derechos ciudadanos. Es así como en la pasada década los logros alcanzados en la materia han venido sufriendo un acotamiento y regresión paulatina pero sostenida, que tiende a eliminar y minimizar el debate y la discusión informada en todas las esferas de la vida pública.

Invoca bien a Zapata Carlos Payán Velver, director fundador de La Jornada, porque algo sabe de periodismo y de las libertades necesarias para su ejercicio. Será por eso que acaba de recibir el Premio Iberoamericano de Periodismo otorgado por la Casa de América en Barcelona, al tiempo que nos cuenta cuáles son las amenazas más serias para la libertad de expresión en México:

La presión que ejerce el poder gubernamental desde sus diferentes instancias, la presión de la Iglesia católica y sus jerarquías y esferas de influencia cuando los medios se atreven a tocar temas que no les gustan, como las leyes de interrupción voluntaria del embarazo, la paternidad de las parejas del mismo sexo o los desmanes de Maciel y su legión de depravados. Luego está el serio problema de los empresarios de los medios de comunicación masiva, que confunden la libertad empresarial con la libertad de expresión, donde para ellos sólo es tal libertad de expresión la que defiende sus intereses económicos y no el periodismo libre hecho por periodistas.

Por eso explica con razón Payán que los medios de información están cooptados y copados. Véase si no los casos del Excélsior de Scherer en 1976, el caso de Gutiérrez Vivó con su incómodo Monitor en la década de los ochenta, el de Lydia Cacho con sus denuncias de políticos y empresarios pederastas, o los más recientes casos de Ferriz de Con o Carmen Aristegui en la radio.

Entre la amenazas más serias a la libertad de expresión podemos contar al crimen organizado, el uso del derecho penal para reprimir la libertad de expresión y, desde luego, la concentración de los intereses mediáticos en oligopolios.

En este sentido está claro que la peor censura posible es la eliminación física del adversario, en este caso, del periodista o comunicador, y mucho peor cuando se le tortura y/o desaparece, como se ha vuelto nefasta práctica habitual.

Por eso no es casual que ante la banalización de los contenidos, de la información y de los medios hayan irrumpido con tanta fuerza los medios alternativos, especialmente los basados en internet; señaladamente las redes sociales, que cumplen con esa función social de la que los medios tradicionales han abjurado por conveniencia. Es así que parece sensato empujar desde todo espacio disponible, unas políticas de estado que transparenten el manejo de los medios de información, especialmente de los concesionados, que tiendan a sujetarlos siempre y en todo caso al interés público y al imperio de la ley, entre otras medidas tan necesarias como postergadas por los gobiernos de “la alternancia”.

@efpasillas

 

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La Jornada Aguascalientes

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