Esfera Pública

Esfera Pública: La educación pública

¿Qué educación superior queremos?

Noé García Gómez

 

La meta principal de la educación es crear hombres

que sean capaces de hacer cosas nuevas no simplemente

de repetir lo que otras generaciones han hecho;

que sean creativos, inventores y descubridores.

La segunda meta es la de formar mentes que sean críticas,

que puedan verificar  y no aceptar todo lo que se les ofrece.

Jean Piaget

 

Coincido con el maestro Jesús Medina en muchos de los aspectos mencionados, la educación es un derecho y un bien que se tiene que garantizar al individuo. Un ser humano no sólo crece intelectual y espiritualmente cuando tiene la oportunidad de avanzar académicamente, sino también en el ámbito económico, ya que los individuos con mayores niveles educativos tienen mejores medios para reducir sus carencias. Pero aquí surge una pregunta ¿qué tipo educación superior se necesita?

Como ejemplo, Aguascalientes cuenta con 13 instituciones públicas de educación superior (UAA y UAA-SUR, UTA, UPN, UPA, UTNA-Rincón, UTNA-Calvillo, ITA, IT-Llano, IT-Pabellón, Universidad de las Artes, UT-Retoño) más las cinco escuelas normales (ENA, ENS, ENEF-Rincón, Crena, ENR-Cañada Honda), todas ellas públicas (al día de hoy existen también 26 privadas). Pero que, por razones geográficas o de oferta educativa, pareciera que siguen siendo insuficientes para satisfacer las necesidades de nuestros jóvenes (aunque he sido testigo de universidades públicas que reducen grupos por la falta de jóvenes interesados en ingresar en esa institución), el caso es que culturalmente en Aguascalientes la mayoría de los que quieren estudiar una carrera universitaria su deseo es estar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que oferta alrededor de cuatro mil 500 espacios cada año (dentro de la UAA se da el mismo fenómeno, carreras que ofertan 30 espacios y las solicitudes no son más de diez), generando una desproporción en la oferta-demanda, universidades públicas que requieren estudiantes y otras que requieren plazas educativas.

Una realidad que vive la educación superior es la falta de una necesaria formación humanista en sus cargas académicas, nueve de las instituciones antes mencionadas son académicamente formadoras en un 100% de carreras técnicas e ingenierías, tan necesarias para el desarrollo de la sociedad pero que en esa vorágine económica minimiza la formación humanista y ética del estudiante, Patiño Domínguez dice que “la tradición educativa humanista en la universidad está fincada en la convicción de la dignidad inalienable de la persona humana, el desarrollo de la reflexión crítica, la creatividad, la curiosidad, la preocupación por las problemáticas éticas y la visión de conjunto por encima del saber especializado y fragmentado”, lo que el humanismo pretende en el universitario es que adquiera una visión más completa de sí mismo y de su mundo, para que se proyecte en él. Claro que requerimos más técnicos e ingenieros y más especializados pero también que sean mejores seres humanos, que sus futuras decisiones estén cargadas de una gran dosis reflexiones éticas y humanistas para el bien de la sociedad.

Lo anterior también nos ha llevado a que las instituciones de educación superior han pasado de ser campus de reflexión y generación de nuevo conocimiento, a “escuelotas” de reciclaje del pensamiento, ¿Cuántas instituciones de educación superior están generando investigación y conocimiento y en que porcentaje? La educación tradicional es la simple transmisión y notificación de un conocimiento, cuando tendrían que ser templos de la pluralidad de pensamiento, debate, crítica, reflexión y curiosidad que genere una riqueza intelectual invaluable.

Son claras las tendencias que indican que ingresamos en la “era del conocimiento” y tenemos que estar preparados como país para enfrentar esta realidad. Las cifras de la generación de artículos científicos y patentes generadas en nuestras universidades es pobre a comparación a otros países. Uno de los productos de mayor valía (como el petróleo o el oro) es el conocimiento y su producción debe estar en las universidades. Hoy no es así, actualmente México sólo destina el 0. 4% del PIB a la educación científica. Un estudio de Reyes Ruiz y Suriñachi Caralt arrojó que del total de las publicaciones en las revistas del Institute for Scientific Information (ISI) de los investigadores mexicanos ha sido poco significativo, ya que no llega al uno por ciento del total de artículos publicados; por otra parte un informe del Conacyt dice que en México se solicita una patente por cada 200 mil habitantes, mientras que en Estados Unidos se registra una patente por cada dos mil habitantes y en Corea del Sur una por cada 800 habitantes; el informe agrega que sólo el 10% de esas patentes son registradas por mexicanos, el 90% restante son de empresas o individuos extranjeros. En estos tiempos, país que no invierte en la ciencia y generación de conocimiento, está destinado al retraso.

Por último, otro gran problema es que las universidad se están convirtiendo en fábricas de desempleados y subempleados, datos del INEGI nos dicen que seis de cada diez universitarios está desempleado en México, de esos que tienen empleo sólo el 40% trabaja en lo que estudió; datos de Manpower indican que “de diez vacantes, cuatro no son cubiertas porque a los aspirantes les falta experiencia y habilidades específicas o están sobrecalificados para el puesto, la empresa no contratará a alguien con maestría cuando el perfil es de bachillerato técnico; ese desequilibrio lo aprovechan las empresas para contratar personal más calificado, ofreciéndoles un menor salario o al menos calificado sobrecargarlo de responsabilidades”. Ésa es la cruda realidad, un título universitario no es garantía de trabajo, de desempeñarte en tu profesión o de un empleo dignamente remunerado.

La pregunta es ¿Queremos una educación superior con mayor cobertura pero deshumanizada, irreflexiva, acrítica y desviada de la realidad? Tiene que ser una exigencia al gobierno el de cubrir las necesidades de demanda en la educación superior, que ningún joven que tenga el deseo de estudiar se quede sin la oportunidad, pero un gobierno preocupado sólo por la cantidad y no por la calidad y el tipo de educación es igual a querer combatir la desnutrición sólo matando el hambre con productos chatarras.

El Estado mexicano tiene que replantearse el paradigma educativo profesional, donde no sea generador de desempleados, subempleados y obreros conformistas, sino uno que forme ciudadanos preparados pero comprometidos y sensibles con la sociedad y con oportunidad de desarrollo, sólo así comenzaremos a ver cambios pequeños y paulatinos pero trascendentales en nuestro país.

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Universidades públicas de calidad e inclusivas, el gran desafío de México

Jesús Medina Olivares

La concentración del poder intelectual sólo en las clases favorecidas y dar ocupaciones de mínima exigencia intelectual a los sectores vulnerables, por falta de oportunidades, es reforzar la reproducción cultural de la desigualdad social.

Pierre Bourdieu

La incapacidad de absorción de las instituciones públicas de educación superior a la alta demanda de espacios para los jóvenes estudiantes que desean realizar una carrera universitaria es cada vez más grave por sus repercusiones sociales y económicas.

El número de estudiantes rechazados nos habla de la magnitud de la demanda de universidades y de la falta de una política de Estado efectiva que brinde oportunidades de estudios universitarios a sus jóvenes.

Las universidades públicas rechazan cada año a miles y miles de estudiantes mediante un proceso de selección del que se cuestiona la objetividad y efectividad en cuanto a la selección de quienes, en teoría, ostentan una mayor capacidad para el estudio, así como la certeza de que quienes son rechazados lo sean por falta de aptitudes.

Prueba de ello es que este proceso no puede evitar que una gran cantidad de estudiantes que pasan el filtro causen baja por insuficiencia académica.

En consecuencia la exclusión no tiene que ver con el nivel académico de los afectados, sino a la falta de espacios en las diversas carreras impartidas.

La realidad se mide con los siguientes datos: En la Universidad Nacional Autónoma de México, en el presente ciclo presentaron examen de ingreso 138 mil 253 y de ellos sólo se aceptó a once mil 490 (8.9%), es decir más del 90 por ciento quedó fuera.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes enfrenta el mismo dilema, actualmente puede recibir a un total de cuatro mil 660 estudiantes de un prerregistro superior a las once mil solicitudes en licenciatura, esto significa que se cubre menos del 60% de la demanda.

Para quienes cuentan con el privilegio de tener capacidad económica, la opción es una universidad particular, pero para la gran mayoría el panorama es mucho más complejo.

Un drama social es cada vez más latente, miles de jóvenes, que pese a su alto potencial, terminan, en el mejor de los casos, ocupándose en lo primero que les resulte. Otros pasarán a formar parte de las estadísticas (14 millones) de jóvenes de entre 18 y 24 años de edad que no estudian ni trabajan y, en el peor de los casos, quienes no encuentran oportunidades para salir adelante, conlleva desocupación e insatisfacción de sus necesidades primarias, generando pobreza y aumentando los índices de delincuencia.

Esta malversación del enorme potencial que produce nuestra sociedad incide en el desaprovechamiento del bono demográfico, es decir, el fenómeno que se da dentro del proceso de transición demográfica en que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente y, por lo tanto, el potencial productivo de la economía es mayor.

Estudiar una carrera en una universidad privada en México no es barato: además del tiempo y del esfuerzo de quien estudia, se debe efectuar un importante desembolso económico, prohibitivo para la gran mayoría de las familias mexicanas.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el costo promedio por carrera en una universidad privada va de 125 mil a 930 mil pesos. En una universidad de costo medio el importe se ubica por arriba de los 500 mil pesos.

Aquí el problema, contrario a las universidades públicas, las privadas siguen con sillas sin llenar. La cuestión no es la falta de cupo, sino la precariedad de ingresos y el entorno familiar de los jóvenes. Para muchos, endeudarse no es opción, porque en muchas ocasiones aun terminando una carrera siguen siendo excluidos, ahora del mercado laboral.

Si los jóvenes tuvieran asegurado el acceso a la educación como uno de los derechos consagrados en la Constitución y como una de las prioridades del Estado, no tendríamos los múltiples problemas que hoy se intentan combatir.

Todos tenemos derecho a estudiar. La educación es un derecho universal que no se le puede negar a nadie y el Estado mexicano debe ser garante de ello.

Nuestros jóvenes no son vagos ni tampoco mediocres, son el presente y el futuro de nuestra nación y no es justo que se les que se les niegue su futuro, tampoco que la posibilidad de diferenciarse social y culturalmente dependa de su capacidad económica.

El gobierno tiene la obligación de invertir más en educación superior como un medio para favorecer el progreso económico, científico y cultural de la sociedad.

Después de Estonia, México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que tiene el gasto más bajo por alumno en educación superior.

Con base en las cifras de este organismo, nuestro país invierte en promedio siete mil 889 dólares anuales por cada estudiante de universidad, lo que equivale a menos de la tercera parte de los que destina Estados Unidos, cuyo gasto por alumno es de 26 mil 61 dólares anuales.

Brasil es el país con mayor gasto por alumno en educación superior, diez mil 905 dólares anuales. Chile invierte ocho mil 333 dólares por estudiante.

Para poner las cosas en contexto, Brasil tiene una matrícula de cinco millones de alumnos en licenciatura y posgrado, Chile tiene un millón de educandos. México tiene una matrícula de 2.3 millones.

La última gran universidad creada fue en el año 72-73, la UAM, desde entonces no ha habido una universidad federal creada por el Estado mexicano.

El gobierno no puede ni debe seguir aplazando la creación de más universidades públicas del nivel de la Universidad Nacional o del Politécnico.

Son varias las explicaciones que confirman que la diferencia de ingreso entre trabajadores capacitados y no capacitados es causa de la desigualdad. Lo que a su vez se relaciona con el desigual acceso a la educación en el país.

No podría estar más de acuerdo con lo expresado por Piketty: “La persistente y pronunciada desigualdad latinoamericana no se explica necesariamente porque los retornos del capital sean mayores al crecimiento del producto nacional, sino principalmente por la diferencia de ingreso entre trabajadores capacitados y no capacitados. La principal fuerza para reducir la desigualdad es la difusión de competencias laborales y de conocimiento a través de la educación”.

En este contexto, si se quiere en verdad impulsar una política sistemática de crecimiento de base amplia, el Estado mexicano debe poner el acento en reducir la desigualdad en el acceso en la educación superior.

Sin posibilidades de igualar las oportunidades de movilidad social, que propicia la educación, se perpetúa y acentúa la desigualdad en el tiempo a través de las generaciones.

Si en verdad se desean resolver los grandes problemas del país; la desigualdad, corrupción y la impunidad, la solución está en el ámbito educativo. Se invierte en policías y en cárceles, pero no en universidades.

Se tienen que destinar mayores recursos en educación superior para su impulso y desarrollo. Necesitamos universidades públicas de calidad e inclusivas. De esta manera no sólo una élite tendrá las competencias adecuadas y estaríamos en mejores condiciones de construir una sociedad más igualitaria.

 


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La Jornada Aguascalientes

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