Opinión

Sobre el papel del Gobierno para facilitar el derecho fundamental a la alimentación / Convergencias y diferencias

En días pasados, la Secretaría de Hacienda hizo del conocimiento público la intención de gravar próximamente con el 16 por ciento del IVA a alimentos rápidos; lo cual parece una primera estación, antes de llegar a la generalización en la aplicación de ese impuesto a todos los alimentos y medicinas que consumen los mexicanos.

Afectar con un impuesto así es incumplir el compromiso del PRI-Gobierno de no incrementar los impuestos en 2015. Pero esto ya no debe sorprender a nadie; no es la primera vez ni será la última en que se olviden de la palabra empeñada.

Incrementar el costo en alimentos es ir en sentido contrario de un derecho fundamental especificado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice en el artículo cuarto que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.

Antes de lesionar la economía de millones, sería sensato reconsiderar la decisión y dar marcha atrás a la Reforma Fiscal aprobada por el PRI, el Partido Verde y el PRD, toda vez que, haciendo un rápido examen de su impacto y desempeño en la economía nacional, estamos claros que no ha dado los resultados positivos esperados, aunque ya tuvo tiempo suficiente para configurarse y se le proporcionaron los instrumentos legales necesarios para mostrar sus supuestos beneficios.

Por otra parte, aunque en este primer ejercicio el enfoque de las autoridades hacendarias está centrado en ese tipo de alimentos, no deja de preocupar que sea sólo el primer escalón de una intencionada generalización del gravamen a la totalidad de los alimentos que consume el pueblo mexicano. Y más allá, que esto sea el preámbulo de la aplicación del IVA incluso a medicamentos necesarios para la protección de la salud, lo cual sería un duro golpe a la ya mermada economía familiar.

El mero argumento macroeconómico estatal no es ni puede ser el único en estas consideraciones económicas. El bien común, en este caso el relativo a la alimentación y la protección de la salud de la sociedad mexicana, debe ser el referente y faro orientador de las propuestas e iniciativas de las políticas públicas nacionales con una alta y clara responsabilidad del Estado mexicano, a través del Gobierno Federal y sus instituciones hacendarias y fiscales.

En conclusión: la Reforma Fiscal no puede ser utilizada contra la economía familiar y el bienestar de los mexicanos, ni minar la legítima y necesaria economía de esos miles y miles de microempresarios dedicados a la elaboración y producción de alimentos rápidos de consumo generalizado en nuestro país. Hay más opciones, señores de Hacienda.



*Coordinador del GPPAN, senador de la República por Aguascalientes. Sus bases formativas son la Contaduría Pública y el Derecho, desde donde ha ejercido apasionadamente el servicio público, la política y la representación social como férreo militante de Acción Nacional.

Twitter: @FHerreraAvila  y Facebook: Fernando Herrera A

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Fernando Herrera

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