Esfera Pública

Esfera Pública: Derechos Humanos

Derechos humanos, obligación pendiente del Estado Mexicano

Por Fernando Aguilera Lesprón

Las violaciones a derechos humanos en México se ha incrementado desde que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa decidió declarar la guerra al narcotráfico y grupos de delincuentes organizados dedicados sobre todo al secuestro y la extorsión. Así, la fuerza que el Estado concedió tanto al ejército como a los cuerpos de seguridad civiles, junto con la falta de capacitación y capacidad y con el pretexto del combate al crimen que los excesos de violencia en las detenciones de presuntos criminales y posibles sospechosos fuera el común denominador.

El caso más visible y reciente que ha ocurrido en nuestro país ante la mirada internacional, es sin duda la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa; mismo en el que el Estado Mexicano no ha logrado mantener la versión oficial sobre el desenlace fatal que tuvieron los jóvenes, cayendo poco a poco la tesis de la “verdad histórica”, que ante la observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras conocerse que hubo manipulación de testigos claves, peritajes y documentos oficiales.

Sin embargo, la lucha de víctimas, sus familiares y organizaciones de derechos humanos en pro de la exigencia de justicia, verdad y reparación ante los crímenes cometidos por el Estado se remonta a casos sucedidos desde la década de los sesenta, décadas marcadas por la hegemonía de un partido de Estado, caracterizado por el autoritarismo y la opacidad, donde la disidencia política fue criminalizada y perseguida.

Tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de campesinos, estudiantes y luchadores sociales; considerados enemigos del Estado y peligrosos para la seguridad nacional son el inicio de las continuas violaciones de los derechos humanos.

La separación del Partido Revolucionario Institucional de la Presidencia de la República, como en otras cosas, hizo florecer la idea de que los agraviados cometidos por el viejo régimen hacia el pueblo podrían ser castigados, sin embargo, no sucedió a pesar del discurso del mesías de la alternancia política Vicente Fox Quezada y la creación de la Fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado adscrita a la Procuraduría General de la República cuyo titular era entonces el general en activo Rafael Macedo de la Concha.

Durante el sexenio de Felipe Calderón tampoco se emprendieron acciones tendientes a erradicar las violaciones de derechos humanos.

Con el retorno del PRI a la Presidencia de la República regresa también las singularidades de su forma de gobernar: el autoritarismo, la represión, la opacidad y el desprecio a las causas sociales.

Hay que decir que la vigilancia y presión internacional, los adelantos en materia de transparencia y rendición de cuentas y la gradual universalización de la información a través de las nuevas tecnologías permiten al ciudadano dar cuenta del proceder de la privilegiada clase política, la pregunta es: ¿Cuándo se dará el siguiente paso para acortar los excesos de nuestros políticos y exigirles el trabajo a favor del pueblo?

Ante la postergación de acciones gubernamentales para procurar los derechos humanos, sancionar su violación y alentar su reparación; debe insistirse en la necesidad de que el gobierno está obligado a tratar los casos ya sucedidos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

@aguileralespron

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Violación a los derechos humanos y responsabilidades del Estado

Por Enrique F. Pasillas

 

Artículo 1, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: prevenir, investigar, sancionar y reparar como deberes del Estado frente a las violaciones de derechos humanos. La realidad es que a la luz de los graves sucesos que acontecen casi todos los días en México de ya un tiempo a la fecha; de los cuales se presume claramente violaciones graves a los derechos humanos de numerosas personas, lo mismo en Ciudad Juárez que en Iguala, Michoacán, Sonora o Estado de México y según organizaciones internacionales como la ONU u ONG como Amnistía Internacional, parece haber consenso entre ciertos juristas dentro y fuera del país para apoyar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la jurisdicción nacional en el caso de las reparaciones por violación de los derechos humanos.

¿Sería forzosa la intervención de la Corte Interamericana? ¿Su ejercicio continuará siendo subsidiario? ¿Los derechos y acciones de carácter interno serán suficientemente protectores, específicos y adecuados para el mismo propósito? Esto porque la reforma constitucional de 2011 al artículo 1 antepuso la protección y predominio de los derechos humanos sobre la actuación estatal y dispuso la obligación del estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Dicha disposición obliga al estado a reparar cualquier actuación ilícita. La responsabilidad, en este sentido, podríamos decir que es la obligación de amparar, proteger y reparar los derechos y libertades vulnerados por una autoridad. Es internacional porque su origen, relevancia y propósito no entraña sólo la obligación frente al afectado, sino también frente a la comunidad internacional. Para exceptuar así la que podría ser una competencia de la Corte Interamericana, tendríamos que hablar de una jurisdicción efectiva a lo interno, que no restrinjan el alcance del orden jurídico convencional, y que el litigio no tenga como objetivo determinar violaciones, especialmente graves o masivas, de interés y relevancia internacional.

Bajo esta óptica, hoy más que nunca resulta indispensable tornar efectiva nuestra legislación y jurisdicción respecto de las consecuencias jurídicas de la responsabilidad por violaciones de derechos humanos, así como orientar su alcance en términos de la protección internacional para conservar el carácter supletorio de la jurisdicción interamericana. En este mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), retomando la interpretación de la Corte Interamericana en relación con el artículo 25 de la Convención Americana, ha dispuesto que: “no basta con la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo; es decir, capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada; en otras palabras, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, pues éste debe ser idóneo para impugnar la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida”.

Para ese propósito debemos partir de que la reparación y el desagravio son la principal consecuencia de la responsabilidad por violación de derechos humanos, que de acuerdo con la interpretación de la Corte Interamericana, se aplica bajo el principio de la plena restitución que comprende las medidas que conlleven al restablecimiento de la situación anterior, la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización económica.

Estos efectos de salvaguarda, restitución y compensación se encuentran comprendidos en nuestro derecho interno, sustantiva y adjetivamente, a través del juicio de amparo y de la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que una vez establecida dicha equivalencia, debemos enfocar nuestra atención en la responsabilidad patrimonial del Estado en México, toda vez que la ley reglamentaria del juicio de amparo reformada en abril de 2013, reconoce a los derechos humanos como objeto expreso de la protección del juicio de amparo. Esta institución se logró gracias a la inclusión del segundo párrafo del artículo 113 constitucional; la cual después sería trasladada íntegramente al último párrafo del artículo 109 por virtud del nuevo sistema nacional anticorrupción adoptado. Es un principio, pero desde luego no es suficiente.

@efpasillas


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La Jornada Aguascalientes

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1 Comment

  1. 23/09/2015 at 00:27 — Responder

    pues si…hay muchas violaciones a los Derechos Humanos pero hay que abocarse a las violaciones dentro del ámbito legislativo en Aguascalientes se violan los Derechos Humanos dentro de los juicios civiles y no pueden entrar a defender los Derechos Humanos eso está muy mal, deben apoyar los Derechos Humanos, si nno se pueden meter de lleno deben poner en práctica las famosas recomendaciones

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