Esfera Pública

Esfera Pública: GIEI y Ayotzinapa

Los motivos de la barbarie

Gilberto Carlos Ornelas

Muchos hemos afirmado que la magnitud histórica de los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, solo se pueden comparar con los hechos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Sin embargo, el reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Internacionales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (GIEI) nos lleva a reflexionar que si 1968 se explicó como política de represión sangrienta del régimen autoritario, en la Noche de Iguala, el análisis es más complejo pues intervinieron grupos del crimen organizado, policías municipales, estatales y federales, autoridades de todos los órdenes de gobierno y elementos del Ejército Mexicano, y a estas alturas aún no quedan claros los motivos para esa violencia extrema contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que culminó con la muerte confirmada de 6 personas, más de 30 heridos por armas de fuego y la desaparición de 43 jóvenes.

La afirmación que dice que “fue el estado” el responsable de esos terribles acontecimientos, como verdad general no alcanza a precisar las razones y motivaciones que expliquen el ataque a los estudiantes, el asesinato de varios de ellos y finalmente la desaparición premeditada y eficiente del grupo capturado por los policías-sicarios y tal vez militares.

El reciente informe del GIEI afirma que las actividades de los normalistas estuvieron monitoreadas desde la tarde, cuando empezaron su operativo de toma y movilización en autobuses de pasajeros. Tal informe echó por tierra la afirmación de que los mandos militares y federales no estuvieron informados oportunamente de los acontecimientos.

La hipótesis de que las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Abarca y su esposa decidieron reprimir con fuerza criminal a los estudiantes, puede tener sentido hasta que los caciques ordenaron disparar a matar y hasta desollar con sadismo a un muchacho a modo de escarmiento y advertencia. Pero la continuación del operativo criminal ya no tiene mucha explicación lógica: si están dejando mensajes de escarmiento, ¿para qué perseguir y desaparecer físicamente a los estudiantes capturados, sabiendo que generaría más complicaciones en el entorno general?

En esa línea, lo que alarmó más a la opinión pública fue la precipitación de la PGR para concluir una “verdad histórica” plagada de sospechas como cuando se machacan medias verdades y mentiras completas. La PGR aseguró que el alcalde Abarca y el cártel Guerreros Unidos llevaron a cabo el operativo criminal eficiente y macabro en represalia por intentar sabotear el evento de la ambiciosa presidenta del DIF municipal; una pareja de caciques pedestres megalómanos articulados con una organización criminal regional. La autoridad estatal y federal solo había incurrido en omisión e ineficiencia porque no estuvieron al tanto de los hechos. El 27º Batallón de Infantería, instalado en Iguala, solo había actuado como apoyo colateral, no estuvieron enterados, no fueron llamados, ni disponían de fuerza porque la mayoría de la tropa estaba franca esa noche, según dijeron.

A la pregunta ¿Qué motivos hubo para que desataran semejante violencia criminal contra los muchachos de Ayotzinapa? se agregó otra: ¿Por qué el gobierno mexicano, de manera imprudente, se precipitó a sacar conclusiones que difícilmente podría probar?

El informe del GIEI al señalar la existencia de un quinto autobús Estrella Roja, que fue tomado y abandonado de inmediato por los estudiantes, abre otra posible explicación: las acciones de los estudiantes interfirieron en las operaciones de una red criminal de grandes proporciones provocando que los aparatos de fuerza regionales desataran una ofensiva que impactó a toda la zona. El propio GIEI afirma que el C4 (Centro de Comando, Comunicación y Control) de Guerrero estuvo recibiendo reporte de cada movimiento e incidente, lo cual sólo se interrumpió cuando la Sedena intervino las comunicaciones; las Procuradurías y las policías, así como el Cisen estuvieron al tanto de los hechos de esa noche.

Es mentira lo que ha afirmado el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en el sentido de que el gobierno mexicano no había insistido en la existencia del quinto autobús para no “criminalizar” a los estudiantes. Al contrario, desde los días posteriores a los hechos, las fuentes gubernamentales propagaron la perversa especie de que los estudiantes operaban con redes criminales.

Resaltar la existencia del famoso autobús Estrella Roja ha llevado a suponer que la red de tráfico de heroína desde Guerrero hacia los EEUU no es solo asunto de caciques de pueblo, sino de conexiones privilegiadas en todos los niveles, muy lejos del alcance de normalistas rurales encuadrados en la protesta social.

El gobierno mexicano está obligado a aclarar el papel de cada dependencia y corporación en esa terrible noche; precisar el alcance de los motivos megalómanos y delirantes del matrimonio Abarca, empoderados por el cobijo del pragmatismo irresponsable y peregrino de dirigentes perredistas, y si los muchachos de Ayotzinapa interfirieron con una influyente y poderosa red de narcotráfico, se debe esclarecer hasta donde abarcan sus tentáculos.

Por lo pronto, la afirmación de que “Fue el Estado” no está equivocada: las instituciones encargadas constitucionalmente para velar por la legalidad y la seguridad de las personas, actuaron en complicidad con organizaciones criminales en contra de la integridad de un grupo hasta el asesinato de varios de ellos y la desaparición de los 43. Quedó evidenciada hasta la saciedad la precariedad de nuestro estado de derecho.

A estas alturas, mal hacen aquellos que suponen que ocultando las debilidades de las instituciones del estado mexicano, se puede avanzar en la legalidad, la seguridad pública y el acceso a la justicia. Es necesario que la sociedad mexicana conozca la verdad sin adjetivos de los hechos de la Noche de Iguala. La transición mexicana avanzó exigiendo la verdad y castigo por la Masacre de Tlatelolco, incluso el Ejército Mexicano con sus formas crípticas, buscó precisar su papel en aquella crisis de 1968. Hoy nos queda la convicción de que para poder alcanzar algún día el estado social de derecho, es imperativo que se esclarezca el papel de cada institución del Estado mexicano en la Noche de Iguala para se actúe en consecuencia y sean castigados los responsables por acción y omisión.

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La omisión en Iguala

Noé García Gómez

Los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, que produjo la terrible desaparición y muerte de estudiantes, pasó de ser un crimen perpetrado por autoridades municipales coludidas con el crimen organizado a un crimen de Estado. Al día de hoy, ni las investigaciones independientes de la PGR o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han encontrado evidencia de la participación directa del ejército o las fuerzas federales.

Gilberto Carlos aborda con puntualidad los hechos y diversas hipótesis de lo ocurrido, pero quiero aprovechar este espacio para abordarlo desde otra línea, la de la omisión del Gobierno Federal.

Lo que está saliendo a la luz y se está probando es que tanto personal de Gobernación como del ejército estaba enterado de los hechos desde el inicio de las balaceras. Riva Palacio describe puntualmente y cronológicamente “La noche del 26 de septiembre, Javier Alatorre informó en el noticiario Hechos de TV Azteca que el equipo de futbol de Los Avispones de Chilpancingo había sido atacado en Iguala. Pasadas las 10 de la noche, el gobernador Ángel Heladio Aguirre llamó por teléfono al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, para alertarlo sobre lo sucedido en Iguala, y que normalistas de Ayotzinapa habían sido objetivo de ataques. El gobernador le habló también al comandante a la 35ª Zona Militar, con sede en Chilpancingo, el general Alejandro Saavedra, quien le respondió que no tenía información, pero que investigaría.”

Del reporte de la CIDH se puede desprender que en la madrugada, personal del Gobierno de Guerrero, encabezados por el secretario de Seguridad Pública y Lázaro Mason (quien Abarca lo consideraba su jefe político), fueron a desarmar a la policía municipal, pidieron el apoyo al encargado del Batallón 27 de infantería y a la policía federal los cuales se negaron. Pero el ejército no solo tenía información vía telefónica; el mismo reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agrega que elementos de inteligencia militar iban reportando lo que hacían los estudiantes; además que patrullas federales, escoltaron buena parte de su recorrido.

Lo que está quedando claro es que no solo las autoridades municipales y estatales tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo, sino que instancias federales monitorearon los sucesos y decidieron no intervenir, ¿la razón? No la sabemos, pero sería importante que el presidente se los responda a los padres de los normalistas hoy que está planeando una reunión con ellos.

Con esta información queda la duda si se pudo evitar dicha tragedia. Es cierto que el informe no culpa ni al ejército ni a las fuerzas federales de ser participes, pero lo que sí desnuda a su inacción ante algo que tenían conocimiento, y desde mi punto de vista eso los llena de parte de responsabilidad por omisión.

El ejército y las fuerzas federales tienen la responsabilidad de defender al ciudadano y salvaguardar a la población, sobre todo el ejército me consta que es garante esta máxima y ellos respetan la línea de mando, y si no actuaron lo más probable es que un mando superior les ordenaron aguardar su intervención ¿Quién dio esa orden? Es otra pregunta que se tiene que responder.

¿A dónde hemos llegado cuando ni la vida de estudiantes sacude a funcionarios para que actúen a favor de protegerlos? La omisión, la ausencia y la debilidad es algo que se está relacionando al actual Gobierno Federal, este es el caso perfecto que nos ejemplifica cómo este gobierno deja crecer los problemas, tal vez por miedo a la politización o minimizar sus efectos, aunque estén en riesgo jóvenes estudiantes.


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La Jornada Aguascalientes

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