Esfera Pública

Esfera Pública: Reformas y esperanzas

No basta reformar, hay que transformar

Gilberto Carlos Ornelas

En el pasado, en varias ocasiones y coyunturas surgieron de Palacio Nacional propuestas e iniciativas que produjeron movilización en la República y cambios sustanciales en la realidad nacional. El ejemplo más socorrido es el del régimen cardenista, que en la tercera década del siglo XX le dio rumbo progresista y contenido popular a una revolución entrampada en las facciones del poder. Sin embargo, las recientes experiencias, en la etapa correspondiente a una llamada transición democrática, ofrecen suficientes argumentos para afirmar que, efectivamente, la solución a la actual situación crítica del país no vendrá de ningún palacio, sino que deberá ser resultado de la acción ciudadana y la movilización social.

Nadie puede afirmar que se terminó el tiempo de los caudillos o que se canceló la posibilidad de gobernantes cesaristas o patriarcales. Pero aunque han surgido personajes mesiánicos y providenciales y algunos de ellos hasta fueron encumbrados y empoderados, en la vía de los hechos se demostró que un país tan complejo como el nuestro requiere mucho más que un liderazgo personal para recomponer el país y sus estructuras. Ahí quedó la experiencia del dicharachero Fox y, décadas atrás, del habilidoso Salinas y, aun antes, del polémico Echeverría; todos ellos, buscadores de la trascendencia política y la refundación nacional. Podemos asegurar que la solución a los males del país no vendrá de ningún palacio y tampoco vendrá de un personaje providencial.

Por otro lado, cada día que pasa aumenta la certeza de que las instituciones del Estado Mexicano han perdido la capacidad de renovarse y regenerarse para adecuarse a nuevas realidades globales y avanzar en el cumplimiento de las viejas promesas del pacto social que le da sustento a nuestra República. El Estado Mexicano desde sus actos fundacionales no pretendió tan solo garantizar los derechos individuales de las personas, sino que ya desde las proclamas de Hidalgo y Morelos, en la configuración del liberalismo mexicano y en el programa constitucional de 1917, se postuló el compromiso de pugnar por la igualdad y los derechos sociales. Así fue que se confeccionó el discurso constitucional y el pacto social mexicano, de manera tal que los regímenes de la revolución justificaron durante medio siglo el autoritarismo del partido de estado con los logros alcanzados en materia social.

No obstante, el ciclo de reformas de las últimas cuatro décadas (1976-2015) no ha logrado adecuar las instituciones del estado para hacerlas más fuertes y eficientes, ni ha producido mejores mecanismos de equidad y movilidad social. Como evidencia de ello, las cifras de INEGI, Coneval e incluso de la OCDE. Un dato revelador: el mayor poder adquisitivo del salario de los trabajadores mexicanos se ha registrado en 1938 y luego en 1976.* Por eso suenan tan vacías las promesas de nuevas reformas políticas y electorales, de renovación moral y lucha contra la corrupción, las revoluciones y reformas educativas, las de regulación-liberalización de los factores de la economía, las de modernización del campo y las relaciones laborales, las de seguridad pública y respeto a los derechos humanos, las de procuración, acceso a la justicia y eliminación de la impunidad. No es que el país y sus instituciones se encuentren en el inmovilismo, pues al testificar las últimas décadas hemos conocido cambios, crisis y turbulencias de todo tipo. Pero pudiéramos aventurar que lo que ocurre es que no se han hecho los cambios necesarios para que el país evolucione en sus realidades.

En los años setenta Echeverría y López Portillo entusiasmaron a la población con el discurso del nacionalismo revolucionario y los recursos petroleros, en los noventa, Carlos Salinas ilusionó al país con reformas neoliberales para entrar al primer mundo, por su parte, los panistas Fox y Calderón no supieron cumplir las promesas de transformación histórica y se montaron en las viejas estructuras. Ahora vemos otro gobierno surgido del priismo intentando restablecer el régimen de partido de estado y sostener el modelo a partir de un conjunto de reformas que no dan señales de revertir los grandes problemas nacionales: la creciente desigualdad social, la corrupción e impunidad galopante en todos los ámbitos de la vida pública, la profunda desconfianza hacia las instituciones políticas y la precariedad del Estado de Derecho, que provoca que “derechos humanos” y “seguridad pública” sean casi conceptos de la retórica de un discurso cínico.

La más reciente decepción, casi al nivel de tomadura de pelo por ingenuidad o venalidad, fue el llamado Pacto por México. Presentado por las fuerzas políticas de 2012 como el programa de reformas profundas que requería el país, acabó siendo un mecanismo de cooptación política para reforzar las estructuras dominantes, con el consecuente retroceso en derechos y conquistas sociales.

Por eso, cada día crece la convicción de que el país requiere mucho más que otra alternancia en el poder y otro proceso reformista. Se ve ya como urgente necesidad el transformar desde raíz las instituciones del Estado mexicano, desde su entramado constitucional para lograr lo que ni la Reforma Liberal ni la Revolución Mexicana pudieron hacer posible: un país de leyes donde los poderes y los poderosos sean sometidos a la norma legal y que ésta exprese fielmente el interés público.

Bienvenida la invitación a la acción ciudadana para transformar las instituciones del país, a terminar con la desigualdad, corrupción y la impunidad; bienvenido el movimiento por una nueva Constitución y un nuevo modelo para el Estado mexicano. Ante la experiencia como Nación, la historia ha evidenciado que esos cambios son productos de la movilización social, con liderazgos lúcidos e ideas claras.

Hay que darle la razón a John Ackerman cuando dice que “las luchas ciudadanas tendrían que orientarse hacia la transformación integral del sistema de dominación y control que mantiene a más de 50 millones de mexicanos en la miseria y a todos en un total estado de indefensión. No es suficiente cambiar de nombres a las mismas instituciones de siempre o modificar artículos legales que jamás se aplicarán”. Así que el primer paso no es otro, seguramente, que la exigencia total a quienes apoyemos y empoderamos para que, sin pretexto, lleven a cabo acciones transformadoras alejadas del oportunismo y del acomodamiento ante el poder.

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No vendrá de Palacio

Enrique F. Pasillas

Se ha vuelto común escuchar que el Estado mexicano y la Nación en su conjunto atraviesan por una de sus peores crisis social, política y económica. La muerte o desaparición de miles de personas en los años recientes son una verdadera marca de infamia y un buen indicador de la gravedad de la situación nacional, pero desde luego que no el único.

Cuenta, y mucho, la estulticia de la mayor parte de la clase política y empresarial de este país, aunque es claro que no es la única razón de una profunda crisis multifactorial. Este país puede albergar esperanzas de paz, igualdad ante la ley, desarrollo económico y justa distribución de la riqueza; reconocimiento de la pluralidad y de la diversidad, así como garantía y defensa de los derechos humanos; pero para su desgracia, padece crónicamente de la terrible, inexplicable y pasmosa incapacidad e insensibilidad de sus políticos y gobernantes. La colusión y complicidad entre autoridades y criminales; la corrupción y la impunidad campan a sus anchas y arrasan con todo. No hay institución que se les resista. Así, pareciera que la sociedad mexicana camina sola ante el desastre y la falta de confianza en casi todas las instituciones del país, porque a estas alturas muy pocas se salvan de esta desconfianza generalizada de la que han dado cuenta diversas encuestas y estudios de opinión. Y las que conservaban todavía algo, la van perdiendo a pasos agigantados. Allí está el grave caso del ejército como muestra. Pero quizá no estemos del todo solos, porque nos tenemos a nosotros, todos los que deseamos una patria justa e incluyente.

Así que es en la sociedad civil en donde recae la carga y la responsabilidad de encontrar soluciones y dar cauce a nuestra gran crisis social y humana. Es actuando colectivamente como podemos encontrar la solución a los grandes rezagos nacionales, como el hecho incontrovertible de que uno de cada dos mexicanos es pobre o muy pobre. A 105 años de iniciada la guerra civil que después se llamó Revolución, es tiempo de la memoria pero también de la acción. De la acción colectiva, de razones compartidas, del diálogo, de escucharnos y de aprender de los demás. Y de otros modos de hacer justicia.

La crisis actual o la violencia estructural que la Nación padece son un aspecto importante a considerar si queremos continuar con éxito nuestro largo y tortuoso camino a la democracia y a la consolidación de un estado social y constitucional de derecho. Tuvimos y tenemos gobiernos de todos los colores políticos y niveles de responsabilidad que contaron con amplias facultades legales y también metalegales para tomar decisiones de manera discrecional, torciendo la ley, pisoteando las normas y manipulando las instituciones que tendrían la función de obligarlos a ser transparentes y a rendir cuentas. Ahora la mayor parte de esas instituciones son endebles y poco efectivas, lo que permite a gobernantes y a poderes fácticos ser opacos en su actuación y no observar ni cuidar el cumplimiento de la ley, sobre todo porque no se gobierna pensando en el beneficio colectivo o en el bien común.

El caso de Iguala es especialmente desgarrador, pero ni de lejos el único o el más grave. Estos casos paradigmáticos se insertan en el contexto descrito. Lo ocurrido en ese municipio no puede volver a ocurrir y no podemos darnos el lujo social de la impunidad para sus responsables por acción y omisión graves e inexcusables. Porque digámoslo claramente: Aguas Blancas, Acteal, San Fernando, Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y muchos otros son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Mientras, el estado brilla por su ausencia ante su propia incapacidad de cumplir con sus principales cometidos: cuidar la vida, seguridad e integridad de su población. Si a esto sumamos unos actores políticos empeñados en desacreditarse mutuamente y en repartir culpas y explicaciones cínicas e insulsas, se aprecia mejor la crisis aguda que la sociedad mexicana padece.

Tal parece entonces que el futuro del país se encuentra inevitablemente en los ciudadanos, en una sociedad independiente, informada e inquisitiva que no tenga lazos con la descompuesta clase política o con los “políticos profesionales”, que todos los días dan sobradas muestras de su incapacidad frente a los problemas y tragedias nacionales.

Pero los vientos democráticos soplarán con fuerza tarde o temprano y vendrán desde abajo, de la gente común y corriente. Desde allí habrá de surgir un nuevo país, porque la democracia no vendrá de ningún palacio, sino más bien llegará desde los estratos sociales más humildes. Vendrá de la mayoría de la gente, que a pesar de la adversidad, mantiene su dignidad y un deseo incontestable de cambio y de progreso social. Ejemplos brillantes de mexicanos ejemplares hay en todas las actividades, ciencias y artes.

Lo otro: las fosas clandestinas, las desapariciones o las masacres no pueden ser aceptadas como “normales”. Ninguna democracia existe mientras prevalezca la desigualdad extrema, la pobreza, la discriminación, la violencia, los asesinatos o las desapariciones forzadas. La dignidad humana debe ponerse por fin y para siempre en el centro del interés público.

Para las izquierdas progresistas no basta con proponer y pugnar por tímidos y pequeños cambios al modelo. Hay que cambiar el modelo por completo, porque el vigente lleva décadas demostrando que sólo sirve al interés de unos pocos a costa de muchos. Mientras esto no suceda, la democracia no será más que una gastada palabra sin contenido en boca de la venalidad política, sin relación con nuestro modo real de vida.

@efpasillas


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La Jornada Aguascalientes

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