Opinión

Ley Fayad: la ley de conservación de la especie política / Piel curtida

El refrán dice que “ahogado el niño, tapan el pozo”, aunque si fuera por el senador del PRI, Omar Fayad Meneses, preferiría atar al niño y privarlo de su libertad. Durante la semana anterior, dicho funcionario presentó la propuesta para la creación de la Ley federal para prevenir y sancionar los delitos informáticos, que hizo arder internet e indignó a organizaciones de la sociedad civil en México y el extranjero, ciudadanos y ciudadanas ante un osado texto que evidencia la intención de censurar la libertad de expresión en favor de la protección arbitraria a la opacidad de la clase política; lo cual, frente a la falta de legitimidad y el escenario adverso para el Ejecutivo federal, es entendible pero también cínico. Más que una ley para evitar que se divulguen los secretos y actos de corrupción del poder político es necesario impulsar el reconocimiento y protección de los Derechos Humanos, así como una educación mediática desde el nivel escolar básico para hacer frente a los delitos, violencia y problemáticas que se potencializan -pues ya existen- con las nuevas plataformas digitales e internet, pero también para informar sobre los beneficios y oportunidades para una ciudadanía más consciente, corresponsable y con mayor participación política, que seguramente es la gran preocupación para quienes hacen de la administración del Estado el tesoro de Alí Babá.

 

Las crecientes tecnologías de comunicación, en especial los medios sociales, llegaron a América Latina de manera sorpresiva y apabullante sin la oportunidad, o mejor dicho, sin el interés de las instituciones por preparar a su población para ello, y en el caso de México es algo absurdo la propuesta de la llamada Ley Fayad, pues los únicos elementos de prevención parecen ser amenazas a la sociedad civil organizada, al pensamiento crítico y la labor periodística, mientras que es inexistente la consideración de problemáticas sociales relacionadas con las nuevas tecnologías. Si bien el documento presentado argumenta las acciones implementadas por diferentes naciones como Canadá y Reino Unido, no se consideró que en dichas regiones también se cuenta con educación y alfabetización mediática (media literacy) como materias oficiales y obligatorias en las escuelas de nivel básico y medio superior, en las que no únicamente se enseña a encender el iPad y buscar información en Google, sino que también prepara a niñas, niños y adolescentes para ser conscientes de su visibilidad, de los riesgos de exposición e interconectividad, además de la oportunidad de tener su propia “empresa mediática” para hacer valer sus derechos, evidenciar abusos y delitos, así como expresar su identidad. En contraparte, la iniciativa de Omar Fayad sólo se enfoca a los escenarios adversos y urgentes para la clase de mayor poder económico y político.

Si bien son importantes y necesarios los mecanismos para atender fraudes financieros por internet (phishing), la intimidación, la usurpación de identidad, la porno violencia -por venganza o bullying– y el hostigamiento sexual, en especial cuando los menores de edad son las víctimas; no se identifica ningún elemento que abone a la formación de personas que sean conscientes de los datos privados que deben proteger, identificar señales de alerta ante un falsificador de identidad o un agresor sexual; lo cual es incomprensible considerando que la ley lleva “prevención” en su título.

Por otra parte, la Ley Fayad advierte desde los primeros párrafos que las “actividades como el comercio electrónico, el periodismo digital, la publicidad y las opiniones, mensajes o elementos vertidos en redes sociales pueden derivar en menoscabos del patrimonio, la reputación, el honor o la actividad profesional de alguien”, que es a todas luces la pesadilla de todo político ante las nuevas prácticas comunicativas que pueden evidenciar actos de corrupción, malversación, violación de derechos humanos y otros. Considerando las problemáticas para “la reputación” y “el honor”, que por sí mismo son términos ampliamente ambiguos, lo urgente e indispensable es la promoción y protección de los Derechos Humanos; esto daría como resultado una sociedad más incluyente y de respeto que pueda ser consciente de los límites a la imagen e integridad de las y los demás, así como del derecho a denunciar actos nocivos, violentos o delictivos; estos dilemas no sólo se presentan en las nuevas tecnologías, sino que también en los medios de comunicación tradicional, pues todavía no se respeta en su totalidad las leyes de protección a víctimas o contra discriminación, por mencionar algunos ejemplos.

Sin embargo, es clara la intención de la Ley Fayad que presenta mayor atención a elementos contra la revelación de secretos, conservaciones privadas y el “terrorismo informático”, que sería una oportunidad para iniciar juicios contra periodistas que descubren información sobre actos de corrupción. Por ejemplo, sería un recurso de acción legal contra plataformas como Wikileaks que buscan filtrar documentos de interés público sobre la actuación de empresas, instituciones y del Estado, lo cual ha impulsado la denuncia y la atención a diferentes problemáticas y violaciones a Derechos Humanos. Por otra parte, también se indica un apartado contra ciberespionaje, pero sin sentido social, pues sólo busca “castigar” la intromisión de personas contra el Estado, “la nación”, por lo que el espionaje arbitrario de funcionarios públicos contra las y los ciudadanos queda sin consideración, o al menos no se reconoce como ciberespionaje.

Es así que se presentó y divulgó la aventurada, tal vez cínica, Ley federal para prevenir y sancionar los delitos informáticos de Omar Fayad Meneses, quien ante las constantes opiniones y críticas que, según su ley, podrían atentar a su “honor” y “reputación”, ofreció por Twitter, el mismo espacio que desea adelgazar: “corregir, quemar, quitar, aumentar o comenzar una nueva versión” de la Ley Fayad con base en las opiniones de la sociedad civil.

Sin embargo, dichas declaraciones no muestran una plena consciencia de su osadía, sino una actuación laxa y banalizada de su función, ya que también publicó en Twitter: “empezaré de cero, escuchando a la sociedad civil, las víctimas, la IP y las autoridades”; “La #LeyFayad es como un BORRADOR, una primera versión q se construyó con algunas experiencias. La siguientes versiones las haremos juntos”. Las leyes, la gobernabilidad, en todo momento deben iniciar desde la ciudadanía, desde los actores que la conforman, pues el sustento del Estado de Derecho, del propio Estado, es el pacto social de sus integrantes para buscar protección mutua y bienestar común, sus mensajes muestran que en la política procedimental esto ni se considera; por otra parte, ¿cómo es posible que una propuesta de ley sea sólo un borrador?, debe ser un documento que surja desde las necesidades de la población, sustentado, argumentado y en busca de la armonía y la justicia, que si bien, debe ser discutido y analizado, no puede ser considerado un “ensayo”, un “pues a ver qué tal sale”.

La Ley Fayad es un intento que busca la preservación de la clase política pese a todo, y si su argumento parte de la idea de proteger la integridad de las y los demás, debería focalizarse a la formación de una población que se informe, promueva y proteja sus Derechos Humanos, para así reconocer al otro a través de sí en una sociedad de concordia y corresponsabilidad. Si bien los apartados sobre phishing, intimidación, usurpación de identidad, porno violencia y hostigamiento sexual son rescatables, no es posible concebir una nueva ley que sólo atienda lo que otras ya deberían responder; por lo que es sustancial una ley de carácter social, que busque, como se presumió, la prevención; lo cual es posible a través de una formación mediática integral, holística y contemporánea en cada uno de los niveles de educación.

 

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Juan Luis Montoya Acevez

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