Opinión

Esfera Pública: Corrupción

Corrupción e impunidad

Noé García Gómez

 

El pasado 9 de diciembre fue el Día Internacional contra la Corrupción, la ONU lo estableció con la finalidad de crear conciencia contra esta lacra… que socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, “pervertir el imperio de la ley crear atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los ‘gastos iniciales’ requeridos por la corrupción”. Pero la corrupción es hermana de otro  fenómeno, la impunidad.

La corrupción y la impunidad en nuestro país son un problema grave y fuerte; pero algo peor es que parece que es algo que muchos se están acostumbrando a convivir y hacer parte del día a día.

El concepto de corrupción es amplio, la RAE lo especifica: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Esta práctica incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.

En el caso de la impunidad la definición es concreta. La RAE la define en tres palabras “falta de castigo”; por lo regular la impunidad se da por negligencia, por complicidad directa o por mecanismos erróneos en la impartición de justicia.

Pero ¿hay una fórmula ideal para combatir la corrupción? Jorge L. Daly dice que “Expertos que a fondo la estudian resumen el problema en una fórmula sencilla: la corrupción (C) es igual al cargo que detenta un funcionario público (X), más el uso y abuso de las oportunidades que se derivan del cargo para provecho propio (Y), menos la ausencia de vigilancia de sus funciones por parte de autoridades que fiscalizan y de los medios que investigan e informan (Z). Entonces C=X+Y-Z”. que podemos traducir de la siguiente manera: “quítele al funcionario público la facultad del ejercicio arbitrario de su poder y fortalezca el poder de los que tienen el deber de fiscalizar y de informar, y finalmente nunca viole el mandamiento de tolerancia-cero frente a la impunidad”.

El problema, claro está, es que en países como México la fórmula no resuelve nada ya que el problema está tan arraigado que la mayoría de la población se ve implicada de una u otra manera, directa o indirectamente.

Hay que destacar, que para que la corrupción se dé, el corrupto y el corruptor son conscientes que hay las condiciones idóneas y con altas probabilidades de salir impune. La impunidad es un caldo de cultivo para la corrupción.

La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. Lo preocupante es que en México va acompañada de un alto índice de impunidad, lo que provoca un círculo vicioso y deleznable. En diferentes contextos, la corrupción perjudica a las instituciones, inhibe el desarrollo económico y social además de contribuir para una inestabilidad política y ensucia la imagen al exterior de un país. La corrupción destruye las bases de las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, socavando el imperio de la ley y deslegitimando la burocracia.

Tal es su magnitud que se estima, moderadamente, que en la actualidad el diez por ciento del producto interno bruto (PIB) es lo que ocasiona de daño directo al pueblo de México. De ahí que se diga que es el impuesto más costoso que pagamos los mexicanos. El más reciente informe de Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 106 de 177 naciones, lo que lo coloca como uno de los países más corruptos para el organismo

El Índice Nacional del Buen Gobierno 2010 (INBG) estima que dar una mordida cuesta en promedio 165 pesos a cada hogar de México; mientras que tres años atrás la cifra fue de 138 pesos. Además estima que en un año se dan aproximadamente 32 mil millones de pesos para, a través de la corrupción, facilitar o acelerar trámites y servicios públicos. Según las estimaciones presentadas en este índice los mexicanos destinaron por familia 14 por ciento de sus ingresos en sobornos con el fin de acelerar trámites o librar sanciones.

En cuanto a la impunidad, de acuerdo con un estudio presentado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, el 98.5 por ciento de los delitos cometidos en México queda impune. El análisis también señala que del total de delitos sólo se denuncia un 22 por ciento y de esa cifra únicamente se investiga el 15 por ciento, pero para desgracia de los mexicanos y del país nada más el cuatro por ciento de dichas investigaciones concluye; por si esto no fuera alarmante, sólo se sujeta a proceso penal a un 1.75 por ciento de los delincuentes.

Gran parte del desprestigio ganado por la clase política es por estos dos fenómenos, difícilmente se salva algún partido y pocos políticos, la realidad es que parte del ciudadano también se está quedando sin calidad moral para exigir al político, pues de una u otra medida se enclava en la dinámica. Pero lo que hay que reflexionar es qué ejemplo le estamos dando a las nuevas generaciones, en las que están nuestros hijos, hoy más que nunca se requiere de ciudadanos de temple, con calidad moral y ética para poder formar con el ejemplo a nuestros jóvenes y en un corto plazo se puedan generar cambios culturales que al menos señalen y segreguen a los agentes corruptos y corruptores.

Termino con una convocatoria de transparencia internacional: “Hemos tenido suficiente de los políticos corruptos y empresarios que abusan de su poder para disfrutar de un estilo de vida de lujo financiados con dinero público robado. Y estamos seguros de que ya tienes suficiente. Es hora de que enfrenten a las consecuencias reales de sus crímenes. ¡Al unir fuerzas juntos, podemos hacer que eso suceda!”.


@noeg2

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La corrupción somos todos

Jesús Medina Olivares

Lo que él no sabía es que las naciones nunca se apartan de los abismos, porque todavía se aferraba a sus ilusiones y seguía creyendo que una nación corrompida podía volver a ser pía y virtuosa sólo con que “el pueblo lo quisiera”. (…) La corrupción es irreversible cuando ha llegado a pudrir el alma de una nación.

Taylor Caldwell

Dos elementos esenciales, que todo análisis debe contener, el argumento principal y la lógica de la argumentación, son expuestos con toda claridad por Noé García, para darle significado y consistencia a su colaboración para Esfera Pública de esta semana.

Como abono a este análisis considero pertinente abordar el tema del fenómeno de la corrupción a partir de una premisa central. La corrupción es un fenómeno social cuya práctica no está solamente reservada a lo público, se ha convertido, peligrosamente, en un hábito generalizado en nuestro país.

En efecto, en materia de corrupción nadie puede clamar pureza. Este fenómeno, tan endémico como inmutable, está en todos lados y se manifiesta en todas las actividades públicas y privadas, eso lo sabemos. Por tanto, es una realidad tan cierta como el tamaño de una catedral, que cuestionarla resulta inútil.

La corrupción está tan enraizada en nuestra cultura que su mano invisible mueve la palanca de todas las esferas de nuestro sistema. Ésta tiene diferentes formas y disfraces, desde las más simples hasta las más sofisticadas cuyas consecuencias, funestas, gravitan no sólo en la economía nacional, afectan los más profundos cimientos del Estado mexicano.

El término “corrupción” comúnmente ha sido utilizado para referirse a actividades ilícitas o deshonestas dentro de organizaciones públicas estatales.

Según el diccionario de la Real Academia Española, corrupción es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente las públicas, en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

La corrupción institucional (pública) ha sido sistemática y, en gran medida, se ha convertido en un hábito administrativo generalizado y consentido, como refiere en una parte de la novela La silla del águila, de Carlos Fuentes, “No hay gobierno que funcione sin el aceite de la corrupción”.

Han sido muchos los casos en que se ha evidenciado la existencia de prácticas irregulares o claramente corruptas (descarada) por quienes se supone deberían ser los primeros en predicar con el ejemplo, donde se conjugan la corrupción y el conflicto de intereses.

La esposa del presidente y el secretario de Hacienda adquieren mansiones de una empresa privilegiada por el Estado. Cómo explicar que legisladores federales lucren con la gestión de recursos federales a municipios, por medio de los consabidos “moches”.

Sería excepción a la regla que exgobernadores no estuvieran involucrados en asuntos de corrupción.

Lo más indignante es que estos actos no tienen consecuencias legales. Pareciera ser que existe un pacto de impunidad, no escrito, pero consentido, desde las altas esferas del poder que lastima y lacera a nuestro país.

En el mejor de los casos, cuando son descubiertos y se dignan a dar una explicación, utilizan las falacias y la manipulación esperando que todo quede en un escándalo mediático que muy pronto pase al olvido. Este es el peor negocio para la justicia de un país.

Lo anterior me recuerda la anécdota de un brillante tribuno cuando lo increparon en el Congreso, quienes habían sido acusados de corruptos y le exigieron pruebas, el tribuno respondió, no sin ironía, ante la ausencia de pruebas documentales, “los acuso de corruptos, no de pendejos”.

Otra es la corrupción altamente sofisticada que se caracteriza por no dejar huellas o por dejar las menos posibles. En ella se puede incluir a la denominada corrupción de “cuello blanco”.

Me refiero a la élite social, al alto mundo económico y medianos empresarios, que abusan de su posición dominante para favorecer sus intereses privados en la expedición de normas, información privilegiada, asignación de obras o contratos de servicios, fraudes financieros, blanqueo de dinero, acaparadores de suplementos básicos, etc.

Es tan fuerte la presencia de la corrupción en nuestro país, como una especie de cáncer metastásico, que se ha diseminado en todos los espacios y direcciones de la sociedad misma, que es precisamente lo que da cobijo.

Ni la alternancia política ni los esfuerzos en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas han logrado reducir los niveles de corrupción, incluso se observa un incremento del problema.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado anualmente por la prestigiada organización Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 105 de 176 países, con una calificación de 3.0. Dicha calificación es la peor en diez años.

El problema de la corrupción es tan grave y plantea amenazas tan serias que no se debe hacer apología de ella o ser tratada como simple anécdota.

Tengo la convicción que para combatir eficazmente la corrupción, además de adoptar decisiones más contundentes como cero tolerancia a la corrupción, al conflicto de intereses y a la impunidad, es necesario cortar de raíz la subcultura ancestral de estos elementos perniciosos tan arraigados en nuestro país.

La corrupción es por encima de todo un fenómeno social, y no se va a resolver por decreto. Por tanto, precisa de medidas de carácter estructural que atiendan de fondo las causas que las propician o las toleran.

Sobre todo, se requiere de un salto decidido de la misma sociedad. Tiene que haber un sacudimiento, un rearme ético para derrumbar las viejas estructuras sobre las que se ha construido nuestra moral pública.

Partiendo de la premisa de que el Estado y la sociedad están íntimamente relacionados. Que tienen una interdependencia y efectos recíprocos y que éste no es diferente de los individuos que lo componen. Tiene que haber un rediseño del Estado donde existan limitaciones institucionales y la misma sociedad civil sea el contrapeso y no cómplice.

Tiene que haber un proceso consciente entre sociedad y Estado para hacer un esfuerzo conjunto para finalizar con una anomalía histórica que hace de nuestro país uno de los más corruptos.

En suma, la corrupción más que un asunto de carácter legal, refleja una falta de compromiso democrático, ético y cívico.

Por tanto, como refería el lema de campaña de un expresidente de la República de infausta memoria, por el año de 1976. “La solución somos todos”. Que dicho sea de paso, frase que la vox populi cambió a manera de mofa por “la corrupción somos todos” ante la grave crisis económica y la ostentosa corrupción que plagó su gobierno.

Por ahora aquí le dejo, lo demás a la deliberación democrática.

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La Jornada Aguascalientes

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