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Representación política y desconfianza ciudadana

La representación es una figura jurídica conocida en el derecho civil desde los tiempos romanos por lo menos. Ya en aquel entonces se entendía a la representación como una ficción jurídica y se podía distinguir la representación legal de la voluntaria.

Es así como la representación política se gesta a partir de una figura del derecho civil, en una fórmula que, como muchas otras, va del derecho privado al público. Así entendemos que una persona puede actuar legal y válidamente en nombre de otra u otras. Nótese que quien otorga la representación puede y debe limitarla en duración y contenido; como también puede revocarla en el momento que así lo decida. En consonancia, lo mismo debiera aplicar para la representación política.

Luego, en la historia surgieron dentro de los reinos y monarquías los parlamentos, donde la pluralidad del reino quedaba reflejada en su composición, para tratar con el rey determinados asuntos que concernían a todos. Impuestos y defensa común, por ejemplo. Pero esta representación se daba con base a los estamentos medievales clásicos: eclesial, militar y nobleza, por ejemplo.

Después, con el ascenso de la burguesía, los monarcas aceptaron poco a poco que los parlamentos se integraran mediante elecciones. Valga recordar que en un principio estas elecciones eran restringidas, porque sólo podían postularse a ellas los varones libres que además fuesen propietarios o terratenientes. No eran elecciones abiertas a los varones sin patrimonio o a las mujeres, por ejemplo, y menos a los extranjeros, como todavía sucede hoy. Luego, La Revolución Francesa acompañó al pueblo como nuevo protagonista, reclamando su derecho a ser representado. Con el derrocamiento de las monarquías los pueblos se convierten así en soberanos y en mandantes. En esta etapa ya no se habla entonces del pueblo o los pueblos, sino por primera vez de la nación y del Estado, que convierten en ciudadanos a todos los súbditos en condiciones de igualdad formal ante la ley. Así lo recogía ya en 1812 el artículo 100 de la Constitución de Cádiz, primer antecedente directo de las constituciones mexicanas posteriores: la soberanía se hacía recaer en la nación y no más en el monarca. Su heredero directo es nuestro artículo 39 constitucional, cuya redacción no deja lugar a dudas: la soberanía reside en el pueblo, no en el Estado ni en el gobierno en turno.

En todas estas etapas históricas, la representación política se hacía siempre sin partidos políticos, que no existían. Los partidos aparecieron en los parlamentos luego, vinculados a las clases populares, cuyos representantes se hicieron llamar diputados. Interesa destacar aquí que en esos parlamentos originarios se daban verdaderas asambleas deliberativas que discutían, debatían y decidían muchos asuntos públicos. La ideología o doctrina de los grupos políticos apareció sólo después de la etapa inicial en la historia de los parlamentos.

Si bien en el absolutismo el representante permanente de los intereses de la nación era el monarca, que por eso era el soberano; luego, con la llegada de la ilustración y las revoluciones sociales la representación se transfiere en las monarquías acotadas (parlamentarias) y luego, en las repúblicas, a la nación y al pueblo, que pasa a tener la mayor parte de los posibles electores opuesto a otros estamentos.

Pero en todas esas etapas, como en la figura de la representación que proviene del derecho civil, la confianza fue un rasgo distintivo de la institución. Se confía en la persona o personas porque ellas representan siempre el interés común y general. Los partidos políticos crecieron y se consolidaron ya bien entrado el siglo XIX, donde se vuelven también intermediarios confiables entre la sociedad y el Estado. Eso creó unos sistemas de partidos más o menos estables y luego democracias más o menos asentadas. En contraste, en México los partidos políticos sólo fueron reconocidos y definidos por la Constitución hasta 1977.

Hoy en día, según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, en México el 83% de las personas entrevistadas no confía en los legisladores, o un 80% no confía en las instituciones del sistema judicial; y sólo un 27% de la población está satisfecha con la democracia, según el Latinobarómetro 2013.

En consonancia con estas cifras que hablan de profunda desconfianza, el desgaste y la pérdida de legitimidad de los partidos políticos en el ámbito internacional, pero en especial en México, tiene que ver principalmente con factores como la creciente desigualdad y polarización social, donde el poder económico queda siempre sobrerrepresentado frente a otros grupos sociales menos favorecidos.

También se debe la desconfianza a la creciente complejidad de la organización de los gobiernos, que deriva en corrupción de la burocracia y en general de la vida pública.

Por otra parte, tenemos un gradual aumento de la conciencia y participación ciudadana en la defensa de sus derechos individuales y colectivos, que quita el monopolio de la mediación con el estado a los partidos políticos.

También la creciente influencia, no necesariamente positiva como bien sabemos en México, de los medios masivos de comunicación, que ejercen una función de intermediación entre el estado y la ciudadanía antes reservada sólo a los partidos políticos y otras organizaciones sociales y que frecuentemente tienen su propia agenda política espuria, al margen de la función social y del interés público que se debe entender en unos medios que son concesiones otorgadas por el estado y no propiedades privadas.

Es así como la pérdida de confianza creciente en la política y en los políticos que reflejan estudios y encuestas tiende a ser atenuada formalmente con la creación de instrumentos de democracia semidirecta, como los plebiscitos, referéndums o las consultas e iniciativas ciudadanas; aunque en realidad la calidad de la representación política tiene mucho que ver con la ocupación social del espacio público al que alude Habermas; como también con la distribución más o menos justa del poder económico y político entre los grupos sociales que hacen diversa a la población de un estado. Esto tiene mucho que ver con la calidad de una democracia, y más aún: con la legitimidad del Estado.

Así también, en “la ampliación” (diría Sartori) y la consolidación de la democracia tiene que ver también el desarrollo de la sociedad civil y la creación de ciudadanía. Y eso son cosas que los partidos políticos actuales ni hacen ni harán, como hemos visto por muchas décadas.

Así que algunas alternativas para que la sociedad civil se vea legítimamente representada pueden ser, por ejemplo, las iniciativas ciudadanas, como la reciente 3de3 que ya está en el Senado, así como también la transformación de los movimientos sociales en partidos. Las candidaturas independientes también. Las alternativas de ampliación entrañan evidentes riesgos, porque a los independientes, por ejemplo, es fácil que los absorban y manipulen las burocracias partidistas. Los movimientos sociales pueden caer en la misma partidocracia a la que critican por su déficit democrático al incorporarse formalmente a la arena política, tan proclive a la corrupción.

Pero son riesgos que deben correrse ante la grave deriva autoritaria de una democracia “representativa” que cada vez representa menos al interés general.

@efpasillas


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Enrique F. Pasillas

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