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Ilegalidad de las drogas legales / Análisis  de  lo  cotidiano

Los médicos que recetamos fármacos tranquilizantes, antidepresivos y algunos analgésicos tenemos grandes dificultades a la hora de prescribir. Con frecuencia las farmacias rechazan nuestras recetas por detalles triviales, tales como el que olvidamos escribir “vía oral” aún cuando especificamos que con tabletas, ligeras variaciones en la fecha, la cantidad de días que tomará el medicamento y muchas otras trivialidades. La defensa del farmacéutico es que la Secretaría de Salud es muy estricta con ellos y se exponen a multas y sanciones si no cumplen con la larga lista de requisitos que se les imponen en tales casos. Y hasta ahí suena bien, porque lo que todos deseamos es que la Secretaría sea un estricto vigilante del buen uso de los fármacos que actúan en el sistema nervioso. Sin embargo, queda sin explicar ¿Cómo hacen los choferes del transporte público para consumir grandes cantidades de anfetamínicos, si no tienen recetas? Es un secreto a voces que los conductores de autobuses y camiones de carga usan el clobenzorex (pericos) y muchos otros similares desde hace muchos años, presuntamente para no dormirse, tener mayor resistencia y dar un mejor rendimiento laboral. Esa sustancia es una anfetamina que originalmente se vendió como anorexígeno, o sea una medicina para quitar el hambre y ser usado por quienes desean bajar de peso. Vendidas al menudeo, las cápsulas generan una ganancia millonaria. Y son drogas legales, pero lo que no es legal es este tipo de comercialización. Los ansiolíticos o tranquilizantes conocidos popularmente como “pastillas para dormir” comenzaron a utilizarse en las instituciones de seguridad social como una manera de solucionar la neurosis, sin atender al paciente con terapia psicológica. Resultaba más fácil y rápido recetar una dotación de tabletas que perder el tiempo escuchando los conflictos personales y familiares del paciente. Esto hizo que muchos enfermos recibieran clonazepam, flunitrazepam, alprazolam y otras benzodiacepinas indiscriminadamente, lo cual los convirtió en farmacodependientes. Al grado de que la persona asegura que “no puede dormir, ni estar tranquilo” si no toma ese medicamento y tiene en ello varios años. Es fácil imaginar el daño severo a la salud mental del paciente y el daño económico a la institución. Pero no solamente con las drogas riesgosas, se presenta el conflicto. Fármacos tan aparentemente inocentes como las vitaminas son altamente nocivas para la salud personal y pública. Resulta que en estricto concepto médico, las vitaminas son innecesarias. Se requiera proporcionarle vitaminas a desnutridos severos, enfermedades carenciales o trastornos graves de la absorción intestinal. Lo cual representa un mínimo porcentaje de los pacientes. Sin embargo las instituciones y también algunos médicos en el servicio particular recetan grandes cantidades de vitaminas, solo porque el paciente se las pide. El enfermo lo hace porque estando mal informado, cree que las vitaminas dan fuerza y vigor. Cuando en realidad lo que necesita es tener una alimentación saludable. Por lo general el médico familiar no pierde tiempo en informarle a su paciente que la vitamina C no cura el resfriado, que la vitamina A no mejora la vista, que la vitamina D no fortalece los huesos y sobre todo que las vitaminas del complejo B no actúan en el cerebro. El resultado es un enorme gasto en vitamínicos que son innecesarios y por lo tanto es dinero público tirado a la basura.  Todo ello nos hace ver que lo que está haciendo falta es que el médico de las instituciones públicas tenga tiempo para conversar e informar a sus pacientes. Necesita escuchar largamente las angustias, sufrimientos y preocupaciones de su enfermo, para eso es un médico familiar. Y solamente en caso de ser estrictamente necesario recetar un medicamento, que sea el mejor y por un tiempo definido. Ya lo sabemos, cuando hablamos de esto con el médico institucional, lo primero que nos dice es que no tiene tiempo. La aplastante carga de consulta que tiene, no le da tiempo. Bueno, pues ahí está el reto. La salud pública amerita una cirugía mayor.

 

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Héctor Grijalva

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