Opinión

Sustentabilidad y derechos fundamentales

 

Es más o menos conocido que en México el Derecho Fundamental al medio ambiente sano está recogido desde hace algunos años en el catálogo de Los Derechos Humanos reconocidos a las personas en los primeros artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes llamada “dogmática” por la teoría constitucional. Concretamente en el artículo 4. Relacionado con el concepto de “medio ambiente sano” se suele definir a lo “sustentable” en materia ambiental como aquello que involucra de manera virtuosa a la sociedad, a la economía y al medio ambiente. Así, coloquialmente se podría definir la sustentabilidad como la capacidad de lograr progreso económico explotando los recursos naturales de una manera sostenible, es decir, sin comprometer su viabilidad futura, aunque hay corrientes ambientalistas que cuestionan con fuerza y notorias razones la idea misma del llamado “desarrollo sustentable” por sus evidentes nexos como cobertura del capitalismo extractivista a nivel global.

 

Como quiera que sea, el artículo 25 Constitucional, define/menciona a dicha sustentabilidad al hablar del desarrollo nacional: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución…”.

 

Como en otros muchos casos, las normas constitucionales que ordenan al estado mexicano procurar un “desarrollo integral y sustentable”, parecen letra muerta ante la realidad cotidiana y el estado de cosas imperante en materia ambiental; pero eso no quita su obligatoriedad formal y su -al menos teórica y posible-  exigibilidad para todas las instituciones públicas y privadas del país.

Esto porque según información disponible, el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental le costaron a México en los recientes años más o menos el ocho por ciento de su PIB según diversas fuentes, entre ellas las OSC Green Peace o Itermon-Oxfam. De modo que se podría hablar sin ningún género de duda de una grave crisis ambiental en México, que sumada a la evidente crisis política, económica e institucional, pone al país en casi todos los indicadores disponibles en materia ambiental, al final de la lista  de los 36 países de la OCDE. Por ejemplo, en el tema de los recursos hídricos, aproximadamente 100 de los 653 acuíferos en el país están sobreexplotados y 75 por ciento de las 718 cuencas hidrográficas están contaminadas según Green Peace. Otro dato singular pero muy ilustrativo: México está a la cabeza en el consumo de agua embotellada y de refrescos en todo el mundo, lo que deja ver el gran negocio de la privatización de un bien público que también es un derecho fundamental, en este caso el agua potable, derecho recogido también por el citado artículo 4 Constitucional, pues la venta y comercialización masivas del agua embotellada es un hecho común en todo el país, lo mismo que el grave daño a la salud pública por el alto consumo de refrescos embotellados, negocio siempre en manos de conocidas multinacionales del sector.

 

En otra información de contraste, se calcula que México perdió durante los pasados 40-60 años un 35 por ciento de su cobertura de bosques y selvas. dos mil 557 especies animales o vegetales están en alguna categoría de riesgo (peligro de extinción, amenazadas, sujetas a protección especial). Por su parte, el aumento de la contaminación provocada por los vehículos automotores, derivado del consiguiente aumento del parque vehicular, así como la falta de actualización y estandarización de las normas que establecen los máximos permisibles de contaminantes para vehículos nuevos o usados vendidos en México; lo mismo que el alto contenido de azufre en todos los combustibles fósiles, por lo demás evitable con un poco de voluntad de Pemex y Hacienda que hasta ahora brilla por su ausencia; son responsables de la mala calidad del aire en México y de la recurrente crisis en la calidad del aire de los últimos meses en la capital del país, que se asocia con la pérdida de 14 mil vidas al año de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Así que en los hechos los mexicanos sufrimos los efectos de unos combustibles de pésima calidad a precios mayores que los disponibles para los consumidores de otros países que ni siquiera producen petróleo.

Además, México es, dada su situación geográfica entre el norte y el sur, muy vulnerable al cambio climático, lo que pone en riesgo más o menos un 15 por ciento de su territorio, un 65 por ciento de la población y aproximadamente el 70 por ciento de su PIB. En este grave contexto del que nadie se puede abstraer, puesto que ricos y pobres, privados, políticos o ciudadanía en general, respiramos el mismo aire y bebemos de las mismas fuentes de agua, es un imperativo general y urgente hacer políticas públicas transversales, compromisos institucionales y modificaciones en los patrones generales de consumo energético y de su ahorro que empujen a la acción ciudadana colectiva.

Resulta prioritario entonces informar el debate público y la agenda nacional sobre temas tan importantes como las políticas energéticas, los nuevos y muy cuestionados métodos de explotación de hidrocarburos (fracking), la regulación y supervisión estricta a los privados en la explotación de todo tipo recursos naturales, la asunción de los principios de precaución, prevención y reparación del daño ambiental como política de estado, y en esa medida, la prohibición de siembra de transgénicos, la implantación de políticas de seguridad hídrica, prohibición de sobrexplotación de acuíferos, y el saneamiento de cuencas hídricas, entre muchos otros temas cruciales en la agenda ambiental.

En el caso de Aguascalientes, toca ahora a un gobierno de diferente signo político asumir sin la acostumbrada demagogia, la obligación constitucional de procurar un medio ambiente sano para la población desde la esfera de sus competencias y facultades, tomando todas las medidas a su alcance para que así ocurra en el futuro mediato e inmediato. Y esto pasa por la inversión creciente de recursos públicos, lo mismo que por su aplicación efectiva y eficiente. Por lo demás, es claro que contar con un medio ambiente sano es estratégico para Aguascalientes por obvias razones, pues es posible conseguir “otro desarrollo” que se enfoque más a la máxima sustentabilidad posible asumiendo plenamente competencias legales y buscando armonizar las prioridades sociales, económicas y ambientales; con una política pública que promueva como sus grandes ejes la seguridad social, la alimentaria, la hídrica y la energética; donde la búsqueda de un desarrollo sustentable tiene que ser transversal a toda la administración pública estatal y municipal y a todos los negocios privados en territorio del estado. Así, es preciso construir una agenda ambiental sustentable para Aguascalientes, ante la carencia actual de instituciones solventes en materia ambiental y los crecientes retos que encaran una ciudad-estado y un territorio estatal cuyos problemas sociales y ambientales crecen exponencialmente de la mano de un “desarrollo” económico inserto en el sistema mercantil-extractivista que tiende a privatizar los bienes naturales (agua, aire, suelo y subsuelo) y a socializar el daño ambiental sin asumir sus costos directos e indirectos para la salud de la población, la sustentabilidad ambiental y el interés general.
@efpasillas


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Enrique F. Pasillas

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