Opinión

Autonomía de Fachada (3 de 3) / Tlacuilo

La Generación 1956 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM envía un abrazo póstumo a su queridísimo maestro y amigo Rodolfo Stavenhagen, defensor de las minorías sojuzgadas del mundo entero en su generosa y fructífera existencia.

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A las 12:00 horas del día de hoy le invitamos a participar en el coloquio “El pensamiento de Jesús Terán en la Revolución Mexicana” en el vestíbulo del Congreso del Estado, gracias a la hospitalidad de la LXII Legislatura.

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Esperamos que en los 19 días que faltan para que concluya el sexenio, se dé cumplimiento al compromiso contraído por el C. gobernador constitucional del estado en el sentido de honrar la memoria de Jesús Terán en el sesquicentenario de su muerte mediante la reinstalación de su busto en su lugar de origen, que es el Jardín del Estudiante.

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Para concluir el tema de la trilogía sobre autonomía universitaria, empezaremos por tratar de ofrecer una aproximación de lo que debe ser una universidad pública autónoma:

1.- Como la fracción IV del artículo 3 constitucional garantiza que “Toda la educación que imparta el Estado será gratuita”, el propio Estado debe cubrir el soporte financiero necesario con los impuestos que aportan los ciudadanos.

2.- Para que la autonomía que establece la fracción VII del artículo 3 constitucional sea real y no ficticia, la autoridad suprema de la Universidad debe ser el Consejo Universitario que, sin tutela alguna, esté integrado por igual número de estudiantes y profesores electos democráticamente por el voto libre y directo de sus representados. El Consejo es presidido por el rector, que solo ejerce el voto de calidad para destrabar empates y es el encargado de ejecutar sus resoluciones, de cuyos resultados debe informarle puntualmente.

3.- Las bases anteriores permiten a la Universidad verdaderamente autónoma a diseñar, aplicar, evaluar y controlar sus propios planes y programas académicos enfocados a la organización del saber por áreas de conocimiento, con plena libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de cátedra y de investigación, requisitos imprescindibles para impulsar la participación y la creatividad individual y en equipo.

4.- El fin que persigue la universidad con todo lo dicho consiste en formar seres humanos integrales, ciudadanos con conciencia crítica, así como profesionales, maestros e investigadores al servicio de la comunidad y que conserven, enriquezcan y difundan las mejores manifestaciones de la cultura, para bien de la Humanidad.

De estas cuatro características, la que se pervirtió al incrustar la antidemocrática Junta de Gobierno empresarial estadounidense en la Ley Orgánica de la UNAM de 1945 fue el punto 2, porque renunció al derecho de contar con un gobierno propio, libre y democrático, al incrustar un minúsculo grupo de individuos denominado Junta de Gobierno como autoridad máxima.

En Aguascalientes tocó al rector Pedro de Alba reorganizar el Instituto de Ciencias al concluir la revolución y fue seguramente quien lo incorporó a la Universidad Nacional de México hacia 1920; en 1942, el rector Rafael Macías Peña promovió la promulgación de la primera Ley Orgánica del Instituto, que en su Artículo Quinto establecía: “El Consejo Directivo será la Suprema Autoridad en el Instituto”, acorde con la Ley Orgánica de la UNAM de 1933 vigente hasta entonces y que, como ya vimos, fue la única que le otorgó plena autonomía.

En 1964 la autonomía del Instituto vuelve a ser un objeto decorativo, cuando la Ley Orgánica de nuestro Instituto se uniforma con la de la UNAM de 1945, con la inserción de la fatídica Junta de Gobierno como el órgano supremo con autoridad para designar, en sesión secreta, a todos los funcionarios después de “oír y considerar la opinión” de profesores y estudiantes institucionalizando así el fraude legalizado, que es para lo único que sirve.

De 1968 sólo dejó registrada la más brutal violación de la autonomía universitaria cuando el ejército invadió el territorio, supuestamente inviolable, de nuestra alma máter la UNAM.

En Aguascalientes, el prestigiado médico militar Álvaro de León Botello, penúltimo rector (1969-1971) había recibido el Instituto en una situación de desastre administrativo y financiero, de la cual lo rescató en tres años de honorable, disciplinado y eficaz desempeño que le permitieron poner orden en la administración y formalizar las primeras licenciaturas; además creó un fondo de reserva suficiente para emprender el reto de crear una Escuela de Medicina y avanzar en el proyecto de transformar el Instituto en Universidad, considerando tener segura su reelección por la simpatía y el respeto que le manifestaban estudiantes y profesores.

Se dice frecuentemente que la Universidad Autónoma de Aguascalientes es ejemplo de democracia. Pero quienes afirman esto desconocen -o simulan desconocer- que su primer rector fue producto de ese fraude legalizado por la Junta de Gobierno que “oyó” a la comunidad universitaria votar masivamente por la reelección del Dr. De León Botello, pero “resolvió” designar, secretamente y sin explicación alguna, como último rector del Instituto (1972-1974) al candidato que un poder externo le había recomendado, a pesar de contar con solo unos cuantos votos a su favor.

Para eso, precisamente para eso sirven las juntas de gobierno que aquellos que dicen sentirse orgullosos de llevar el título de universitarios, permiten y toleran.

El último rector del Instituto (de profesión contador) inauguró la Escuela de Medicina con una misa solemne en Catedral en 1972, a unos meses de haber tomado posesión.

Inmediatamente después se propuso aprovechar la Ley Orgánica -que también se había quedado en proyecto- para crear la futura Universidad. Pero he aquí que apareció un personaje siniestro: Rudolph P. Atcon -de quien como no se encuentran antecedentes de su origen probablemente haya sido uno de los muchos nazis alemanes que fueron protegidos por el gobierno de Estados Unidos al término de la segunda gran guerra- que llegó a posicionarse como asesor del Departamento de Estado y además obtuvo un cargo en la Unesco, mediante el cual se dedicó a desnaturalizar las universidades latinoamericanas desde 1958, empezando por la de Concepción, en Chile. En México le había resultado imposible penetrar hasta que consiguió, en 1973, que le permitieran dar un curso en Guadalajara, al que asistió el último rector de nuestro Instituto.

Deslumbrado, el rector decidió tirar a la basura el proyecto de Ley Orgánica que repentinamente consideró inútil por “tradicional”, para convertirse en el primero en establecer una “novísima” universidad departamental en México, que promovía como si fuera de su invención porque además a Atcon -al que solo logramos detectar en Aguascalientes mediante una pequeña nota periodística que reseñó una visita fugaz que hizo para supervisar su obra- no le convenía aparecer en público porque, como ocurrió, no faltaría quién denunciara su presencia.

Después de una intensa campaña demagógica externa para obtener el apoyo de todos los medios políticos, sociales, económicos y religiosos, el rector le entregó al gobernador, en junio de 1973, un proyecto de ley orgánica en el que ningún miembro de la comunidad universitaria participó porque no realizó la convocatoria de rigor para la instalación de un Consejo Constitutivo que lo sometiera a consideración de todos los estudiantes y profesores, y tampoco lo dio a conocer después de entregarlo al gobernador, hasta que un día antes del debate público organizado por el Congreso del Estado ante la negativa del rector de organizarlo en el Instituto, el presidente del citado Congreso lo obligó a entregar dos ejemplares a quienes los habíamos estado solicitado desde meses atrás.

Finalmente, después de aquél debate anémico por haberse organizado en vacaciones, la Ley Orgánica de la UAA fue promulgada con escasas correcciones, sin tocar el carácter departamental ni eliminar la Junta de Gobierno, el 24 de febrero de 1974, fecha que no se celebra en la UAA por no darle el crédito a los poderes Legislativo y Ejecutivo, en una actitud que revela la miseria humana de sus directivos.

¿Pero qué tiene que ver en todo esto la autonomía? Principalmente una, de alto calibre: el último rector del Instituto extendió la alfombra de nuestra autonomía para que la Universidad Autónoma de Aguascalientes naciera al servicio del gobierno de Estados Unidos, que necesitaba demostrar al resto del continente que México ya había aceptado el sistema departamental, pues ello le ayudaría a acelerar la destrucción del sistema universitario latinoamericano.

Mientras tanto, el rector de la novísima universidad departamental utilizaba su interpretación autocrática de la autonomía para expulsar a todo aquél que se atreviera a cuestionarlo, pues para él la libertad de expresión se reducía a las alabanzas que permitieran acrecentar el culto a su personalidad.

Además, la globalización neoliberal que se empezó a experimentar en Chile tras el asesinato del presidente Salvador Allende por el traidor Pinochet, recibió un fuerte respaldo al desatarse la privatización de la educación superior en México iniciada por la Autónoma de Aguascalientes, primera universidad pública que proyectó un criterio empresarial privado a sus estudiantes y empezó a cobrar altas colegiaturas a pesar de continuar siendo pública y subsidiada por el Estado; su ejemplo fue imitado rápidamente y en la actualidad la etapa de privatización del sector educativo está en pleno proceso de entrega al capital privado nacional y extranjero y no solo eso: una de sus peores consecuencias fue la degeneración de la enseñanza superior, que provocó la proliferación -sobre todo durante los dos sexenios panistas- de miles de “universidades patito” al abrirse la cloaca que autorizó cuantas solicitaron permiso para establecerse por medio de una simple escritura pública de carácter mercantil.

Concluyo mencionando el hecho, relevante, de que durante el tiempo que lleva de impuesta la globalización neoliberal en nuestro país a partir de 1982, los conflictos universitarios más importantes que se han suscitado desde fines del siglo XX, han sido por la reacción de los estudiantes que se han opuesto a los incrementos de las ya de por sí inconstitucionales colegiaturas, incrementos propuestos incluso por rectores de universidades públicas para propiciar su privatización progresiva.

En síntesis: el único y verdadero propósito de las juntas de gobierno universitarias consiste en evitar que ningún candidato a cualquier cargo de alto nivel llegue a ocuparlo aunque haya obtenido la mayoría de votos emitidos por el pueblo universitario, si es indeseable tanto para el poder político como para los poderes fácticos.

La Junta de Gobierno y su tiránico control solo dejará de existir cuando los estudiantes y profesores adquieran conciencia del papel fundamental que representan en la Universidad, con todo el poder que ello significa.

Cuando eso suceda, ninguna fuerza extraña volverá a intervenir en sus decisiones internas. Solo así será posible contar con los universitarios de alta calidad y ética que requiere nuestra soberanía nacional y nuestro propósito de ser útiles a la Humanidad.

“Por la unidad en la diversidad”

Aguascalientes, México, América Latina

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Netzahualcóyotl Aguilera R. E.

Netzahualcóyotl Aguilera R. E.

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