Opinión

Reforma laboral, reforma estructural

 

En las pasadas décadas, el estado mexicano y sus instituciones se han vuelto cada vez más inoperantes por muchas razones. Una causa mayor reside en la corrupción, tanto pública como privada, que se complementan y se hacen posibles de manera recíproca. Otra, muy relacionada con la anterior, es la violación cotidiana por todo tipo de actores sociales de la Constitución Política y del orden jurídico vigente, que aun con todas sus muchas y serias limitaciones, siempre será mejor que la anarquía generalizada.

Así, durante años y sexenios había necesidad de reformas urgentes, aunque menos lucrativas que otras llamadas “estructurales”, como la petrolera, por ejemplo.

Lo cierto es que las relaciones de los trabajadores con las empresas, tanto individuales como colectivas, así como la resolución de controversias laborales, afectan de manera importante y cotidiana a millones de mexicanos que son empleadores o trabajadores.

Así, la iniciativa de reforma a la Constitución y a Ley Federal del Trabajo aprobada recientemente en el Senado, significará, de llegar a aplicarse, un serio avance en materia de impartición de justicia laboral que también puede constituir una mejor protección que la conocida hasta ahora, de los derechos a la contratación colectiva, a la huelga y a la libertad sindical, pues aunque algunas instituciones, empresas y gobiernos presumen y venden una engañosa paz social basada en “cero” conflictos laborales y huelgas; los derechos a la libre sindicación y a la huelga son, que a nadie sorprenda, Derechos Constitucionales vigentes de los trabajadores. También Derechos Humanos Fundamentales en términos de todos los Tratados Internacionales suscritos por el estado mexicano.

Así, la reforma pasará a la esfera del poder Judicial, ya sea federal o local, la responsabilidad de los juicios laborales; se entiende que para intentar agilizar el trámite y resolución de los conflictos, además de que impulsará cambios encaminados a transparentar la contratación laboral y la representación sindical.

Esos cambios incluyen romper con un esquema simulador y nada transparente utilizado lo mismo para dirimir conflictos laborales que para decidir el futuro del presupuesto en organismos públicos como el Infonavit o el IMSS: el supuesto “tripartismo”. Ello implica la muy afortunada desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, y una nueva redacción de la Ley Federal del Trabajo aplicable a los nuevos juzgados laborales, que en otros lares se llaman más apropiadamente “de lo social”, buscando resaltar la importancia del trabajo y de los trabajadores; donde no solo se trata de reducir la duración de los juicios, sino también de introducir el debido proceso, así como la autonomía y la independencia del juzgador; además del respeto al espíritu protector de los trabajadores de la Constitución vigente.

Queda claro que pasar a manos del Poder Judicial los procesos contenciosos en materia laboral no será cosa fácil ni menor. Los cambios previstos contemplan también la creación de un organismo descentralizado de carácter federal, que tendrá las facultades de registrar a los sindicatos y los contratos colectivos de todo el país, suprimiendo el poder que tenían el ejecutivo federal y los ejecutivos locales para ejercer control y presión política en la materia.

Para el anecdotario quedan los repetidos intentos de algunos sectores retardatarios dentro de la iniciativa privada y el sector patronal, primero para colar su propio proyecto de reforma y luego para cambiar el sentido de la iniciativa enviada y la reforma aprobada, con unos intereses bien identificados y representados por señores como el senador Lozano Alarcón (recordado por su protagonismo en diferentes tramas corruptas, tal es el caso de los 205 millones de dólares -en efectivo- incautados al chino-mexicano famoso por su tristemente célebre explicación: “copelas o cuello”. Este mismo señor Lozano fue “recolector” oficial de los dineros de la sucia campaña del entonces candidato Calderón a la presidencia, para después ser designado titular de la secretaría del trabajo por su contlapache, quien ya de salida lo hizo también senador.

Pero pese a la codicia de ese ínfimo porcentaje de ricos monopolios y oligopolios que juntos acumulan la mayor parte del ingreso nacional, los trabajadores tienen derecho a la protección constitucional y legal contra un neoliberalismo que acapara todo lo que puede, aun a costa de la salud y el bienestar de los trabajadores. De allí que el gran deterioro del poder de compra de los salarios (se entiende en economía que un bajo poder de compra de los trabajadores deprime el crecimiento económico y retarda el desarrollo de un país. En el caso de México, los especialistas lo cifran en 40 años de deterioro, lapso durante el cual el salario mínimo perdió más del 70 por ciento de su poder de compra, según la Cepal) o la violación cotidiana de las normas protectoras del trabajo y de los trabajadores, así como la polarización económica (México está entre los 5 países de Iberoamérica que padecen una mayor desigualdad y polarización del ingreso), son un grave peligro para la paz pública. No se piense entonces que la iniciativa de reforma es producto de la gran visión o la filantropía de gobierno y empresariado, sino del miedo, pues la insana idea de que México puede competir en el mundo gracias a sus bajísimos salarios (situados ya en 2016 entre los más bajos no solo de América, sino del mundo), es simplemente insostenible, porque la explotación irracional de la mano de obra y de los recursos naturales se basan, sobre todo, en la negación del catálogo entero de Derechos Sociales propios de un estado democrático, social y de Derecho. Esto se traduce en un claro desprestigio internacional para el régimen, que desde luego redunda en el bajísimo crecimiento de la economía.

También hay zonas oscuras de la reforma que deben explicarse o corregirse, dado el caso. Por ejemplo: ¿Cómo y quiénes elegirán, y en qué bases y fundamento, a los funcionarios y empleados de los nuevos tribunales laborales? ¿por qué entrará en vigor hasta dentro de dos años?,¿Qué pasará con el régimen laboral de los miles de empleados públicos y con los tribunales laborales burocráticos, que siguen hasta hoy el mismo esquema “tripartito” de las Juntas de Conciliación y Arbitraje? Debe destacarse también que hay cosas regresivas que se mantienen del pasado, como la inopinada “toma de nota”, que violenta el Convenio 87 de la OIT sobre libertad de asociación sindical.

Entonces, la reforma puede funcionar para corregir vicios e inercias muy perniciosos desde hace décadas, siempre que se amplíe, corrija y aplique a la brevedad posible. Pero requiere una clara voluntad política, traducida en medios suficientes, transparencia y una amplia participación social que la legitime y naturalice.

@efpasillas

The Author

Enrique F. Pasillas

Enrique F. Pasillas

1 Comment

  1. José Chavira Carrasco
    06/11/2016 at 22:18 — Responder

    Totalmente de acuerdo.

¡Participa!