Opinión

Ahogados en un vaso de agua / Tlacuilo

No ha habido en la historia posrevolucionaria de México un proceso de entrega presidencial más temeroso, autoritario y desaseado que el de Vicente Fox a Felipe Calderón el 1 de Diciembre del 2006.[1]

En su angustia por justificar su cuestionado “triunfo electoral”, Calderón encontró como pretexto para desviar la atención de la ciudadanía el de la inseguridad, que colocó como prioridad en su primer discurso como presidente de la República, instruyendo ahí mismo a su gabinete de seguridad nacional para que antes de 90 días le presentase un programa que permitiese acabar con la violencia que su antecesor provocó al expandir el radio de acción del narcotráfico de la periferia al centro del país.

Obviamente eso no ocurrió, pues a diez años de su “ingenuo” propósito, seguimos constatado que lo único que provocó al incorporar de lleno a las fuerzas armadas en tareas policíacas que no son de su competencia, ha sido la misma violencia pero multiplicada y ampliada a todo el territorio nacional, costosísima en vidas, tranquilidad, recursos y productividad, que sin final a la vista ha encerrado a México en un callejón sin salida similar al de “la violencia en Colombia”, fenómeno sociopolítico que apenas empieza a ser resuelto después de siete décadas.

¿Qué fue lo que en realidad ocurrió? Veamos:

Aunque no lo mencionó en parte alguna de su campaña, es inevitable concluir que Calderón tenía previsto empezar a trabajar (sin esperar los 90 días por él mismo estipulados para recibir propuestas) en reactivar desde su primer día de ejercicio presidencial el fallido operativo México Seguro de Vicente Fox, pues urgía cumplir la tarea que les dejó a los panistas la Universidad de Harvard en relación con la ilegal militarización del país.

En sus primeros diez días de gobierno, Calderón utilizó como pretexto hechos publicados en la primera semana con base en boletines de prensa oficiales y rutinarios (decomisos de droga,[2] desmantelamiento de laboratorios clandestinos) más la petición de ayuda que el gobernador de Michoacán Cuauhtémoc Cárdenas había hecho al Gobierno Federal,[3] para convocar una reunión urgente del gabinete de seguridad nacional (Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad Pública y Procuraduría) que se creó de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional promulgada en 2005 con base en una iniciativa que el régimen de Fox calcó del modelo militar impuesto por el gobierno estadounidense en naciones latinoamericanas.[4]

(Aquí Felipe Calderón imitó la guerra que George Walker Bush inventó en Iraq para justificar su también cuestionada elección, pero éste sí lo hizo con base en la Ley de Seguridad Nacional de su país, cuyo antecedente remoto es el Acta de Seguridad Nacional firmada por Harry S. Truman en 1947, en la que se estableció el esquema militar que dominó el panorama belicista estadounidense de la guerra fría para mantener su supremacía militar y económica).

La reunión se llevó a cabo el 11 de Diciembre del 2006 y los periódicos nos informaron el día 12 que Michoacán había sido ocupado por cerca de 7 mil efectivos militares y policiales en un operativo con toda clase de equipo y armamento, más aparatoso y atemorizante que efectivo.

Ese mismo día nos enteramos de que la campaña se llamó, oficialmente, Operación conjunta Michoacán, “sin precisar la duración de las maniobras”,[5] Pero en sus intervenciones televisivas, Calderón expresaba que había declarado la guerra a las drogas(?) (dentro de la lógica establecida por Nixon en 1971 con su war on drugs aunque no sé si era consciente de ello, pues aparentaba que la idea era suya); después la mencionaba como “guerra contra el narcotráfico” y otras expresiones parecidas, pero nunca se preocupó por buscar el significado del término “guerra” en el diccionario y mucho menos revisar sus facultades y obligaciones constitucionales, entre las que no está la de declarar la guerra sin previa ley emitida por el Congreso de la Unión (Art. 89 Fr. VIII); pero se entiende: uno es el lenguaje oficial y otro el mediático destinado a desorientar a la ciudadanía, que era lo que le interesaba.

Eso lo entendimos claramente ese mismo día, cuando “De acuerdo con la información obtenida, parte de la lógica del plan de acción es que, al tener el control de las policías locales de… las entidades donde actualmente operan los cárteles del narcotráfico existentes en el país, los grupos delictivos emigren a otros estados, con el propósito de buscar nuevos campos de acción e impunidad.” ¡Esta desvergüenza sí que la lograron y a la perfección, pues expandieron el narcotráfico a todo el país! Pero lo que no tiene congruencia alguna es que la intención final consistía en “…cercar a los grupos delincuenciales, con el propósito de limitar su poderío y dejarlos sin margen de maniobra.”[6] ¿Cómo se cerca a nadie si primero se le dispersa?

Al día siguiente (13), envié a la revista Proceso una carta que fue publicada en el número 1574 del 31 de Diciembre del 2006 con el siguiente texto, titulado: Calderón y el narco:

“Señor Director: Entre la infinidad de órdenes ociosas pero espectaculares que de acuerdo con su modo gerencial de entender lo “ejecutivo” del poder dio Vicente Fox durante su sexenio -que no gobierno-, una de las primeras -en Tijuana si mal no recuerdo- fue la de suprimir el narcotráfico en el perentorio término de seis meses en esa localidad. Los resultados están a la vista no solo en Tijuana, sino en todo el país.

“Hoy por hoy, Felipe Calderón se ha metido en el mismo callejón sin salida en su estado natal, sin tomar en cuenta ya no las lecciones de la historia, que sería mucho pedir, sino por lo menos la experiencia en la cabeza ajena de su antecesor.

“No se necesita ser adivino para saber que en breve tendremos a la vista los mismos contraproducentes resultados, porque no se puede resolver el todo atacando solo una de sus partes, ni es por el costoso y fracasado camino de la fuerza bruta donde se encontrará la solución del problema. Atentamente.”

Cabe aclarar que hubo quienes manifestaran su fundado desacuerdo con aquella extravagante guerra, como es el caso del especialista en derecho constitucional Miguel Ángel Eraña Sánchez, cuyas diáfanas declaraciones aparecieron publicadas el mismo día que envié mi carta:

“…el anuncio de un operativo en Michoacán debe ser revisado, pues en materia de seguridad pública el Ejecutivo federal ‘no es autoridad máxima, ya que se trata de una facultad concurrente, es decir, en la que deben participar todos los gobernadores y presidentes municipales’.

“Sólo una resolución de consenso del Consejo Nacional de Seguridad Pública… podría justificar este tipo de operativos, e incluso así se debería aplicar el artículo 29 constitucional para declarar suspensión de garantías, pues el Ejército Mexicano ‘no tiene como función cumplir tareas de seguridad pública’.

“Que las acciones no se acuerden ‘por una posible solicitud de un gobernador, que ni siquiera consta en un documento abierto a la opinión pública’.

“…la Constitución establece los mecanismos para declarar un estado de excepción… ‘que necesariamente deben pasar por la aprobación del Congreso de la Unión’.

“… sin declaratoria de emergencia y sin la aplicación del artículo 29 constitucional para declarar suspensión de garantías individuales… no se puede disponer de forma arbitraria del traslado de tropas’.

“…‘en los municipios la máxima autoridad es el alcalde y a él competen las acciones para garantizar la seguridad de sus conciudadanos’.

“… la tarea de la consejería jurídica de la Presidencia de la República, encabezada por el ex procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, ‘salió reprobada en la aplicación de este operativo, pues durante su periodo al frente de la PGR sólo dio fe pública de las condiciones de inseguridad y violencia en el país, sin aplicar acciones efectivas para combatirlo’.”[7]

Y yo agrego: cabe aclarar que el artículo 29 constitucional dispone con toda claridad que al establecerse el estado de excepción “…deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona.” Pero esta disposición no se ha respetado.

En ese entonces mis conocimientos sobre este asunto se reducían a las noticias que leía en los periódicos y revistas. Pero al involucrarme con la opinión vertida en aquella carta, sentí la necesidad de estudiarlo con detenimiento, lo que dio como resultado una serie de artículos sobre el tema de las drogas que fue publicada los viernes de costumbre en la columna Tlacuilo por este nuestro diario durante el año 2009; y otra sobre el tema del narcotráfico en 2012, en las que pretendí centrar la atención en ideas centrales que nos permitieran comprender, en ambas vertientes, las causas del problema que a mi juicio es el mayor por el que atraviesa el país, para estar en posibilidades de ofrecer soluciones claras y sencillas de entender.

Por lo que se refiere a las drogas, allí han estado muchos millones de años antes de que nuestra especie apareciera y allí van a seguir después de que desaparezcamos. Los seres humanos las utilizamos todos los días (para bien o para mal y no me refiero solo a las psicotrópicas); sin ellas nuestra existencia sería precaria y pretender destruirlas es, por lo menos, insensato. Pero además, su uso no está prohibido en la Constitución.

En lo que toca al narcotráfico y su historia vimos que surge como negocio imperial -inmoral y sanguinario- y sigue siéndolo hasta la fecha, encabezado sucesivamente por los imperios español, británico, estadounidense y el del neoliberalismo global actual, si consideramos que en esta época la mayoría de las naciones están dominadas por el “capitalismo salvaje”.

En el caso de México, el único propósito de la narcoguerra consiste en impedir -aparentemente- que las drogas lleguen a Estados Unidos -poniendo nosotros los muertos- pero lo que se persigue en realidad es que llegue lo más cara posible para que la utilidad bancaria sea mayor. La única solución posible consiste en desarticular el negocio.

Como el espacio disponible es limitado, concluiré planteando, solamente, las siguientes preguntas:

¿Por qué las drogas más mortíferas que son el cigarrillo y el alcohol están permitidas y hasta los niños tienen acceso a ellas, mientras las menos mortíferas se persiguen, esas sí, a muerte?

¿Por qué Enrique Peña Nieto -perteneciente a un partido supuestamente opositor de los panistas- se hundió en el lodazal de la perniciosa narcoguerra en lugar de suprimirla apegándose a la Constitución?

¿Por qué, a pesar de que el Secretario de la Defensa Nacional reconoce que el ejército debe regresar a sus cuarteles porque no tiene facultades constitucionales para combatir a la delincuencia, con lo cual está de acuerdo la ONU,[8] Peña Nieto insiste en exigir al Congreso que efectúe una contrarreforma constitucional más, quizá para forzar al ejército a considerar a los narcotraficantes como si fueran soldados de un país que nos hubiera declarado la guerra para eliminarlos sin ser sometidos a la justicia? ¿Tiene acaso tendencias monárquicas o dictatoriales?

¿Y por qué en lugar de dilapidar cada vez más recursos en una guerra perdida no se han utilizado con la misma vehemencia durante estos fatídicos diez años en educar eficientemente a la población contra el flagelo de las drogas psicotrópicas y en organizar la policía profesional que México necesita para prevenir el delito en lugar de esperar a que se manifieste para perseguirlo?

Y finalmente, ¿tiene el pueblo mexicano una opinión al respecto o es un asunto que no le interesa?

“Por la unidad en la diversidad”

Aguascalientes, México, América Latina

[email protected]

 

[1] Ominoso desfiguro. La Jornada, México, 01-12-2006.

[2] El gobierno se declara en guerra contra el hampa; inicia acciones en Michoacán. La Jornada, México, 12-12-2006

[3] La movilización, a solicitud del gobernador. La Jornada, México, 12-12-2016.

[4] Comblin (Joseph). Le Pouvoir militaire en Amérique latine. L’idéologie de la Sécurité nationale. Archives de sciences sociales des religions. Année 1979 Volume 47 Numéro 2 p.242

[5] Ver referencia 2

[6] “Próximos operativos, en Sinaloa, Guerrero, NL y Tamaulipas” La Jornada, México, 12-12-2006

[7] Los operativos en Michoacán serían anticonstitucionales, afirma jurista. La Jornada, México, 13-12-2006

[8] Aboga la ONU por fijar plazo a militares en tareas de seguridad. La Jornada, México, 25-11-2016


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Netzahualcóyotl Aguilera R. E.

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