Opinión

El Aguascalientes primitivo e inconstitucional de la conservación de la clase política / Piel curtida

 

La movilización de la sociedad civil organizada, la implementación de diversas políticas con perspectiva científica y social en diferentes partes del mundo han permitido que diferentes sectores minoritarios y personas en situaciones vulnerables hagan presencia en espacios que típicamente eran ocupados por la clase media y alta, como las universidades, la política y la economía formales, e incluso los aeropuertos, lo cual habla de una cierta mejora de su economía, así como de la ampliación de sus oportunidades de desarrollo; sin embargo, científicos sociales y asociaciones civiles identifican que dicha proxemia ha incomodado a tradicionalistas, vaticinando el retorno del conservadurismo en el Estado, como ya ocurrió en Estados Unidos y Brasil, aunque aún no se han mostrado detrimentos en los derechos reconocidos y programas públicos que fungen como mecanismos para mantener estos avances.

En nuestro país, mientras la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México evidencia que es posible un escenario de primer mundo en lo que respecta a Derechos Humanos y garantías individuales, incluyendo la eutanasia, en lo local se muestra el Aguascalientes primitivo e inconstitucional por la conservación de la clase política, pues aunque se busca presentar una iniciativa de ley sobre la trata de personas y se aprobó una reforma para reconocer el derecho de licencia por paternidad -aunque únicamente para los trabajadores del Estado-, en los temas controversiales como la interrupción legal del embarazo y el matrimonio igualitario, se anteponen argumentos que corresponderían a individuos de una sociedad rudimentaria que aún no ha descubierto el pensamiento científico y se ha quedado con el religioso y metafísico. Además, en otro orden de ideas, se incurre en omisiones que se traducen en acciones que son contrarias al Estado de derecho, pues a pesar de las diferentes resoluciones de organismos internacionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que vela por el respeto y la correcta interpretación de la Constitución, se recurre a conveniencia a la autonomía de los estados y a una supuesta preservación de la “unidad” entre la sociedad, sin saber, negando o aceptando cínicamente al interior que esto respalda y alienta violencias machista, homofóbica y económica; todo por -falsamente- asegurar la continuidad en la clase política al vislumbrar la cuantificación de votos, aceptando el poder de la Iglesia en un ficticio Estado laico y la participación formal de ciertos grupos en la política formal.

El Estado y sus poderes, el ejercicio político, no deberían sustentarse en la preservación de la familia partidista, sino en el reconocimiento de las problemáticas de la población, las necesidades particulares de sectores vulnerables, segregados, limitados, violentados y asesinados, en el bienestar común a partir de la diferencia, en buscar los mecanismos para promover la concordia, en vez de permitirle secuencia a la pobreza, al odio, la ignorancia y la muerte.

La presidente de la Comisión de la Familia en el Congreso del estado, Paloma Amézquita Carreón, anunció en días pasados que se está realizando una iniciativa para que la interrupción del embarazo sea castigada con penas más severas, sin embargo esto no representa un trabajo a favor de la familia, pues considera la protección de niñas y niños en situación de abandono, y sólo criminaliza a las mujeres que ejercerían el derecho sobre su propio cuerpo; pero además manifestó que el Partido Acción Nacional (PAN), al cual pertenece, siempre estará a favor de “la vida”, una frase que pertenece a grupos conservadores, fuertemente ligados e influidos por la Iglesia católica. A pesar de que consideró que para dicho análisis participarían diferentes sectores de la sociedad civil, ¿se antepondrá el dogma y lo religioso al pensamiento científico a la realidad de la desigualdad económica en torno al aborto? Además, ¿qué ocurriría con la Norma Oficial Mexicana 046?, ¿qué organizaciones serán las que tengan mayor incidencia?

Vale la pena recordar el reciente caso de una niña de tan sólo diez años de edad que sufrió violación sexual, sumándose a más de 28 mil mujeres menores a los quince años que han sido víctimas del mismo delito en casi siete años según GIRE, y a quien se le negó el derecho a interrumpir el embarazo en Tabasco, porque ningún ginecólogo quería practicarlo. Esto prolonga el periodo de gestación que puede derivar en un límite de tiempo para el cual ya no será posible practicar el aborto y evidencia que el acceder a este servicio de manera legal también es un tema económico, de clase social; el que legisladores, funcionarios de primer nivel y ejecutivos del Estado se posicionen como lo hizo Paloma Amezquita, sólo respalda los actos de omisión, la violencia obstétrica oculta tras una negación por cuestiones morales o religiosas. Las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo y se les debe ofrecer las condiciones necesarias para ello, por ejemplo: se ha identificado que el aborto no es practicado como un método anticonceptivo, incluso en países donde es totalmente legal; por lo que es indispensable reconocer y señalar cuando los argumentos que se exponen en el ejercicio del poder obedecen a lo retrógrada, la ignorancia y lo punitivo por dogmas, lo cual se contrapone a la ciencia, al derecho.

Paloma Amezquita necesita saber que su presencia en el Congreso del Estado, en la vida pública, se debe al movimiento feminista, a la perspectiva de Género, a mujeres -y algunos pocos hombres en los años más recientes- que han luchado contra diferentes violencias y la desigualdad, como la criminalización de la interrupción del embarazo. Para el feminismo, se puede no estar a favor del aborto y simplemente no se recurre a dicha práctica, pero reconoce que no puede decidirse sobre el cuerpo de las demás. Paloma debe emprender un proceso de alfabetización, documentación y educación correspondiente a un cargo que debería ser tan noble por participar en la institución que sería el contrapeso al abuso y la hegemonía. Si la sociedad no fuera dinámica, al reconocer sus omisiones, fallas y problemas sin resolver, no sería necesario un poder legislativo, la jurisprudencia.

El titular de la Comisión de Derechos Humanos, Guillermo Gutiérrez Ruíz Esparza, señaló que no es necesario tipificar el feminicidio como un delito autónomo, tema que no sería prioritario para la comisión, pues no deja de ser un homicidio: “Sea hombre o mujer sigue siendo un homicidio y en todo caso lo podremos agravar dependiendo de la realidad en la que estamos en Aguascalientes”. Además de que ya está señalado como agravante en el Código Penal estatal, la violencia machista está generalizada, atenta la vida de las mujeres y, a diferencia del aborto, sí requiere de penas severas para emitir mensajes para su combate y erradicación, pues incluso se llega a justificar este desdeñable acto con frases como “se le salió de las manos”; y sí es algo muy distinto a un homicidio, pues implica relaciones desiguales de poder, una aparente posición en la que se cree que se puede quitar la vida a una mujer con mayor brutalidad y de ser castigo, con una pena como la de cualquier otro asesinato. Ruiz Esparza hubiese comentado que se analizaría al igual que otros pendientes legislativos, en vez de manifestar una desafortunada declaración que además remató con: es “un punto de vista meramente personal”.

Este personaje parece olvidar que al entrar en la política y, posteriormente, al ostentar un cargo como parte de uno de los Poderes del estado, aunque sea en lo local, debe olvidar lo personal, pues es ante todo un funcionario sometido a deberes constitucionales, a un actuar que debe ser ejemplar. Si algo se le ha criticado a Donald Trump son sus comentarios viscerales, personales, que como candidato y ahora presidente electo, impactan en el colectivo planteando parámetros de lo aceptable, lo correcto e incorrecto. México tiembla ante los mensajes racistas en otro país, pero ¿qué pasa con la apología a la exclusión en la tierra propia?

Al cuestionarle a Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza sobre los matrimonios igualitarios, volvió a advertir su posición personal en contra, aclarando que no forma parte de la “comunidad homosexual”, y aunque señaló que existe una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que de exigirse por una instancia superior, la comisión haría lo correspondiente, sus palabras, como integrante de un Poder del Estado, sólo fortalecen a los grupos y personas que consideran que reconocer el derecho a las uniones civiles de todas las personas es incorrecto, por lo tanto, la disidencia de la heteronormatividad es mala, lo cual puede impulsar ideas homofóbicas que pueden repercutir en problemáticas como el bullying, el acoso, la violencia, crímenes de odio, el rechazo en los espacios laborales… Si bien, la intención era el preservar los votos del sector conservador, que tradicionalmente ha encontrado en el PAN su partido de representación, al obtener un puesto de este tipo, el actuar por la gobernanza debe dejar en segundo término la gesta electoral.

Nada es aislado, y quien llega a un cargo público debería ser prudente al reconocer las necesidades y problemas de la sociedad a la cual sirve, aún más si se ostenta el cargo de una comisión de Derechos Humanos, que debería enarbolar los más altos valores de la libertad de conciencia, a la personalidad y a la autonomía en favor del desarrollo pleno y las mejores oportunidades para el desenvolvimiento de los individuos.

No es azaroso que las naciones como mejores indicadores económicos, de desarrollo humano, científico, tecnológico y bienestar son las que también cuentan con los mecanismos más actuales para asegurar y hacer valer los derechos humanos, las garantías individuales, el principio de libertad de asociación, la autonomía sobre el propio cuerpo, así como el combate a los diferentes tipos de violencia; un conjunto de elementos que no pueden estar sometido a la votación cuantitativa, a la mayoría, a resquicios y vestigios del pensamiento primitivo, excluyente.

Es tiempo de impulsar la calidad y la honorabilidad que implicaría el servicio público que debe su actuar al bienestar colectivo, a asegurar el desarrollo de las personas en un ambiente armónico y de seguridad. La historia y el presente de México nos han demostrado el retraso social, cultural, económico y tecnológico de la dependencia, del estado punitivo y religioso; es momento de aceptar la realidad, el dolor y la muerte en las calles, y actuar por una mejor sociedad que requiere transformarse.

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Juan Luis Montoya Acevez

Juan Luis Montoya Acevez

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