Opinión

Doscientos cinco años de historia constitucional mexicana

 

 

El domingo 5 de febrero de 2017 se cumplen cien años de la promulgación de la Constitución de Querétaro de 1917, que en realidad nos remiten a otra efeméride, pues pronto se cumplirán doscientos cinco años de historia constitucional mexicana, si contamos desde la jura de la Constitución de Cádiz en marzo 1812; asamblea soberana de inspiración liberal, a la cual Nueva España envió a 21 diputados.

Un poco después, un humilde cura mestizo, convertido en líder revolucionario y en “generalísimo” (al que el mismo Napoleón Bonaparte llegó alabar por sus dotes militares), don José María Morelos y Pavón, publicó el fundacional documento denominado Sentimientos de la Nación, ideario político adelantado a su tiempo y hoy más vigente que nunca, que es a todas luces precursor legítimo de todas las constituciones, empezando por la Constitución de Apatzingán de 1814, de la federal de 1824, y de la de 1857, que luego fue reformada y adicionada en 1917. Puede verse entonces como la nación mexicana muy tempranamente buscó ser un país regido por la razón y por las normas y no por la fuerza, la corrupción y el abuso de poder.

Doscientos cinco años después, en 2017, casi todos los mexicanos sabemos sin embargo que tenemos una Constitución que se cita y se venera en los acartonados discursos de políticos y empleados públicos o en actas y escritos de jueces y abogados, pero que apenas se cumple en la realidad cotidiana de casi 120 millones de mexicanos.

El efecto es, como han señalado diversos especialistas en la materia, claramente desastroso para un Estado de derecho quebrado y para el país de leyes que pretendemos tener algún día, donde vemos primar el interés privado sobre lo público y el derecho de unos pocos a costa del de muchos.

Es así que cien años después de Querétaro y doscientos cinco de Cádiz, poco se reconoce en nuestra Constitución de los principios sociales y revolucionarios que inspiraron su reforma y adición en 1917 y del pacto político y social surgido de todas las revoluciones mexicanas del XIX y del XX.

No es exagerado decir entonces que el citado centenario de la Constitución de 1917 no puede celebrarse si se atiende a la larga lista de parches y modificaciones que la han ido deformando hasta dejarla irreconocible (más de 700 cambios desde su promulgación). Sólo el artículo 73, por ejemplo, ha tenido más de 70 cambios, y el 123 más de 20; donde sólo 27 de los 136 artículos originales se mantienen intactos.

Sin embargo, la efeméride es oportuna para que los mexicanos hagamos conciencia de que podríamos tener un país de leyes, regidos por una norma fundamental de profundo carácter político y social en la que el interés de la mayoría coincida, que se haga valer todos los días y en todo el país contra la creciente arbitrariedad del poder.

Es claro, entonces, que el país requiere un nuevo pacto fundamental que lo haga viable a futuro. Si por diferentes razones nada claras, hubo necesidad de cambiar el régimen de propiedad y tenencia de la tierra, el político-electoral, el educativo, el energético, el administrativo, el fiscal, el hacendario, el financiero, el laboral y el de las telecomunicaciones; en realidad hablamos de cambios que se dirigen a consolidar un proyecto extraño al ideario social de 1917, y que en cualquier caso no dispone de un amplio consenso social, donde el total de la suma arroja un cambio mayor para el que los mexicanos no autorizamos ni a los partidos políticos ni a los sucesivos gobiernos por lo que la legitimidad de los cambios realizados, especialmente los pasados 50 años, es por lo menos dudosa.

Así, la política ha dado lugar a una profusa práctica legislativa que ejecuta cambios sin atender a los resultados y sus consecuencias. Queda después la vaga idea de que los Poderes de la Unión se integran por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; pero la creación o la multiplicación de la decena larga de órganos autónomos ahora existentes, como las 681 universidades públicas del país, dos 440 municipios, 32 entidades federativas, los órganos de fiscalización de 31 entidades federativas, el Banco de México, la CNDH, INE, Cofetel, Ifetel, Cofepris, o el Inegi, plantean una distribución de obligaciones, competencias, facultades y responsabilidades difusa, fragmentaria y no necesariamente integrada o articulada con los tres poderes que constituyen al Estado mexicano. La Constitución que tenemos en 2017 apunta a un claro renacimiento del centralismo, donde se entiende poco y mal que el límite de los cambios constitucionales haya quedado sujeto a la negociación entre partidos políticos en un sistema de reforma que se ideó y se quiso en 1917 rígido y complejo; indisponible, por tanto, a la voluntad de los gobiernos en funciones, pero que sin embargo ha sido trastocado sistemáticamente con más de 600 reformas. No es nada promisorio entonces que la norma fundamental de los mexicanos se erija sobre estructuras inciertas, hechas a pegotes y derivadas de cambios, canjes y trueques entre intereses de coyuntura, que resultan en un adefesio difícil de reglamentar y aplicar.

Luego, es claro que la Nación requiere con urgencia una nueva Constitución ordenada, moderna y funcional, que consagre con orden y concierto los derechos y libertades públicas, especialmente los de las minorías más marginadas; que ponga claros límites a la arbitrariedad del Estado y de los privados y que conserve lo mejor de su larga tradición histórica, deshaciéndose de los pegotes y ocurrencias, donde parece que todo cambia para que en realidad todo siga igual.

P.S. En estos tiempos trumpianos, siempre hay cosas de nuestra historia para recordar: “Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino; pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza”. Benito Juárez García, enero de 1865.

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Enrique F. Pasillas

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