Sociedad y Justicia

La política gubernamental de exterminio en la guerra contra las drogas

El 11 de diciembre de 2006 con apenas unos días en la presidencia de la República, la administración de Felipe Calderón Hinojosa anunció el Operativo Conjunto Michoacán, el inicio de la guerra del gobierno mexicano contra el narcotráfico, campaña sin estrategia articulada, sin políticas públicas definidas y, como señala Alejandro Madrazo Lajous, una política de exterminio.

En enero de 2017, durante el Seminario de Política de Drogas en América Latina, el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentó una base de datos que recoge más de 36 mil sucesos registrados durante esa guerra al narcotráfico declarada por Calderón Hinojosa, la base da cuenta de los enfrentamientos, agresiones y ejecuciones producto de la actuación sistemática de las Fuerzas Armadas para exterminar a presuntos delincuentes. Alejandro Madrazo, profesor-investigador de tiempo Completo en el CIDE Región Centro, encabeza el esfuerzo académico por difundir información que permita analizar el fenómeno de las substancias ilícitas, la política de las drogas y sus consecuencias.

En 2011, Alejandro Madrazo recibe de manera anónima una memoria USB con bases de datos detalladas con información suficientemente detallada como para probar la hipótesis de que los operativos conjuntos estaban relacionados con el aumento en tasa de homicidios. En el sitio http://www.politicadedrogas.org/ está disponible información que evidencia que durante la administración de Felipe Calderón se estableció una política de exterminio, en que los operativos del Ejército registraron altos índices de letalidad; análisis que el expresidente panista ya rechazó y ha tratado de desmentir cuestionando que las aseveraciones realizadas “podrían incurrir en algunos sesgos”, calificando de inverosímil el estudio porque indica que en el 84 por ciento de los casos, las fuerzas públicas iniciaron el fuego.

Alejandro Madrazo narra que la persona que le entregó la memoria USB le indicó que confiaba en que utilizaría responsablemente esa información; en un primer momento, el investigador del CIDE desechó la opción de filtrar la información y se eligió difundirla de una manera “lenta, pausada y cuidadosa”, aunque cuando ocurren eventos como Tlatlaya, Apatzingán y Ayotzinapa, entra en conflicto, se siente culpable, pues de haber revelado la información en el momento en que la recibió, esos datos que identifican un patrón de abusos, quizá, sólo quizá, el gobierno hubiera actuado de forma diferente, “entré en un conflicto, me sentí muy culpable, dije: carajo si esto lo hubiéramos sacado hace dos años igual y hubiera habido una reacción distinta de gobierno y se eviten este tipo de abusos. La decisión tenía sus razones y era que la información fuese confiable al momento de salir para ser utilizada y tuviera explicaciones sólidas en ese sentido fue un proceso de conflicto cuando salieron esos eventos, decía yo carajo, es demasiado tardado” señala quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I.

 

La historia de la USB

En 2011 cuando arrancamos el CIDE Región Centro -cuenta Alejandro Madrazo-, el entonces director Enrique Cabrera nos explicó la lógica de que pensáramos proyectos dentro de la sede más con base en temas que a disciplinas y provocar el trabajo multidisciplinario. El Programa de Derecho a la Salud, programa que yo coordino hoy en día pero que quedó rebasado por el Programa de Política de Drogas en muchos sentidos, había terminado de hacer un diagnóstico de la política de drogas de Felipe Calderón y nos dimos cuenta que en realidad no había una política de drogas, no había identificación de objetivos, no había una articulación de las intervenciones, ni mecanismos para evaluar el impacto de las intervenciones, sólo había una batería de improvisaciones y ocurrencias que estaban dando resultados muy delicados, no había una política de drogas.

Cuando yo escucho que lo que se está buscando propiciar en el CIDE Región Centro es el trabajo multidisciplinario y temático, yo veo que parte del problema de que no haya una política pública de drogas es en parte porque no hay en la academia un espacio que estudie la política de drogas de manera permanente. Propuse un Programa de Política de Drogas (PPD) interdisciplinario, les gustó la idea en las discusiones que tuvimos colectivamente y me encargaron incubar este proyecto, en 2011 lo empezamos a incubar como un proyecto del Programa de Derecho a la Salud, estábamos culminando esa incubación para lanzar el PPD, ya se conocía el proyecto como uno a punto de ser formalizado, cuando una persona con la que ya había trabajado en el activismo de regulación del tabaco, que me conocía por esas razones, y que sabe que yo estaba trabajando en política de drogas no nada más tabaco, me buscó para entregarme un USB,  lo único que me dijo es que la persona que le había entregado ese USB buscaba alguien con la voluntad de utilizar responsablemente esa información y la capacidad para hacerlo de forma responsable.

Yo tome la base de datos, el USB, no sabía qué diablos traía el USB justo yo estaba por irme a Estados Unidos a hacer una estancia en la universidad de Georgetown, habíamos contratado una de las primeras personas para incubar el PPD, a una investigadora del Banco Interamericano de Desarrollo  que vivía en Washington, entonces yo no le preste atención inmediata al USB, estaba naciendo mi hijo, con las carreras para salir a Washington, para cuando caigo en cuenta de lo que traía entre manos, ya estaba yo basado en Georgetown, me doy cuenta que son tres bases de datos distintas, sobre asesinatos y homicidios que tienen características que tienen que ver con la delincuencia organizada y lo otro eran agresiones, batallas, tiroteos más que nada.

Tuve dos reacciones, debía encontrar a quien supiera de filtración de información, yo no tenía experiencia en eso, mi reflejo fue apoyarme en el programa de periodismo del CIDE que estaba encabezado por Ricardo Raphael en aquel entonces. Esta era información filtrada y lo primero que pensé fue Snowden, periodismo, Wikileaks, tuve conversaciones con Ricardo, quien me dijo: lo que tienes que hacer es entender qué es y de dónde viene, tú no quieres usar información sesgada que le haga el favor a alguien, ahí no sabes para quién trabajas, hasta que no sepas qué tienes entre manos no lo puedes usar, hasta que no sepas qué tienes entre manos, no sabes qué tan útil es.

Hicimos varias cosas para poder utilizar la base. Ricardo preguntó con contactos si era verídica, yo hice lo propio, ambos sin una respuesta clara. Ya en México, Laura Atuesta se integró al equipo y revisó con base al muerto-metro, base donde el famoso grupo Candado vaciaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) la estadística; lo primero que se le ocurrió a Laura para cotejar la base fue si el número de muertos coincide con el número de muertos de Presidencia, ahí está la lista de diferencia que encontramos y prácticamente calcado, si lo contrastas, prácticamente está calcado. Sólo que nosotros teníamos un año más, porque el muerto-metro dejó de publicarse en 2010. Eso nos llevó a la conclusión de que estamos ante la base madre de la cual había salido el muerto-metro, con base en la cual hacían sus cálculos de muertos por presunta rivalidad delincuencial.

Narra Alejandro Madrazo que a partir de ese momento dejó de importar quién era la fuente, lo más importante era realizar una verificación más robusta, establecer si existía una relación de causalidad entre la política drogas de Calderón Hinojosa y la explosión de la tasa de homicidios en el país, pues la base madre tenía información suficientemente detallada para poner a prueba esas hipótesis. “Te voy a dar un ejemplo, si ves un agregado por mes de cuántos muertos hay en un municipio y ese mes, la tasa de homicidios si entra un operativo conjunto es más alta, hay dos posibilidades, o que creció la tasa de homicidios y por eso el gobierno mandó el operativo conjunto o al revés, se mandó el operativo conjunto y crecieron los homicidios, eso no lo daba el muerto-metro, esta base de datos sí lo da, fechas exactas de homicidios y los combates”.

Se tomó la decisión de no involucrar ni un peso de una fuente ajena al CIDE en el trabajo que se realizaría con la base, “A pesar de que teníamos a distintas fuentes de financiamiento por el PPD y Programa de Derecho a la Salud, no quería tocar ni un peso externo para tener total  autonomía”, y se presentó un proyecto ante los directivos del CIDE exponiendo las razones por las cuales era importante utilizar la base, confirmar o rechazar muchas de las hipótesis de la dinámica de la violencia a raíz de la declaración de la guerra contra las drogas.

Ya con fondos, en el CIDE Región Centro se relacionaron con otros centro del Conacyt, los Centros Geo e Infotec, para que entre Laura Atuesta y Óscar Sánchez de Centros Geo se diseñara un proyecto de verificación de base de datos con sistemas de cómputos sofisticados, buscar bases abiertas como reportajes de periódico, coincidencia de datos, además de contratar asistentes de investigación para realizar los procesos manuales de verificación.

“El proceso manual habrá durado cuatro meses con asistentes de investigación de tiempo completo trabajando. Ese fue el proceso de verificación, el resultado fue asombroso, lo que nos explicó la gente de Centros Geo, era un empalme considerable entre la nota y la base de datos 48% fueron verificados, del resto hay muchas razones que te explican porque no estaban en fuentes abiertas, los periódicos no cubren todos los combates por múltiples razones, intimidación, recursos humanos. Cuando tienes 48% de los hechos verificados de forma que se empalman con los hechos reportados que tienen, quiere decir que quien hizo la base tiene información real, que no la hizo fabricando” indica Alejandro Madrazo.

El problema posterior que enfrentaron fue cuál de esa información hacer pública, pues a pesar de las múltiples rondas de limpieza de la base, seguía conteniendo información que ponía en riesgo a personas, desde las placas de un coche, un número telefónico, hasta el nombre de un denunciante.

–¿La narrativa de los hechos violentos era homogénea? -se le pregunta a Alejandro Madrazo.

–Puedes notar diferentes tipo de redacción, no podemos saber quién declaró claramente, viene de distintas fuentes la captura de la descripción, no sabes quién levantó los párrafos, encuentras patrones, por ejemplo, que lo redactó un militar, el tipo militar es un lenguaje muy sistemático. Unas eran riqueza de información brutal, otra muy escasa, este rubro había sido vaciado por diferentes personas, diferentes fuentes, lo delicado era depurar la información que pudiera afectar personas específicas. Lo primero que identificamos fue contestar los agregados de muertos con los muertos reportados en Presidencia, el famoso muerto-metro, la coincidencia era milimétrica, hay pequeñas variaciones aquí y allá. Cuando estábamos en verificación y codificación, ya habíamos identificado una coincidencia cercana, el muerto-metro sabemos dónde viene, del famoso grupo Candado que vaciaba todos los viernes en el Cisen la estadística, esa base la bajaron en 2010, desde muy temprano nosotros sabíamos casi con certeza, que la base correspondía con la base que había tomado el muerto-metro, esa base madre lo que la presidencia público se basaba en el Cisen, se reunían los cuerpos policiales y se juntaba una vez a la semana bajo ciertos criterios decir esto está relacionado con marco, esto sí, esto no. ¿Para que se hizo? Para ir recopilando información sobre qué estaba pasando, si sabemos para qué hizo, ellos recababan información para saber qué estaba pasando en la guerra contra las drogas, el principal lente para decidir qué hacer en la guerra contra las drogas, eso ya lo sabíamos, entonces en este proceso teníamos por una parte la verificación, y pasamos a la codificación. Hicimos tres ejercicios de limpieza manual para la base manual, no podían salir nombres, era responsabilidad importante, lo discutido ampliamente y se acordó suprimir ese rubro, la versión pública CIDE PPD  no tiene ese rubro de observaciones, descripciones densas cualitativas, había más información delicada y útil, en lugar de suprimir la información delicada, había que extraer la información útil, codificarla para no ser identificable por personas y anexarla a bases de datos.

 

El silencio del gobierno

Una vez que la base de datos estuvo verificada y depurada, en marzo del 2016 se hace pública a través del Banco de Información para la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales (Biiacs), sin embargo, dicho por el propio Alejandro Madrazo, ese banco de bases de datos, parte del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, no era el sistema más accesible para sacarle provecho a la información, por lo que entre el CIDE y Centros Geo se diseñó una plataforma, una página que permitiera mayor accesibilidad a la información; el sitio http://www.politicadedrogas.org/ está disponible desde principios de año.

Explica Alejandro Madrazo que constantemente se está enriqueciendo la página: desde ahí se han elaborado artículos académicos y de análisis, identificamos 23 proyectos de investigación que se podían desprender desde el CIDE, pero de ahí podían salir cientos de trabajos, por ejemplo, a los investigadores que nos interesaba qué tan legal es el actuar de las fuerzas armadas realizamos una codificación manual, que la terminamos en octubre de 2016, en diciembre la analizamos, en enero presentamos los resultados, pero ese anexo aún no es público, no queremos publicarla sin documento metodológico. Es rica y valiosa la información, no es la realidad sino lo que el gobierno plasmó, por eso hay sesgos a favor de gobierno, quien utilice la base queremos que conozca los problemas metodológicos particulares de esta base. Cuando esté listo subiremos el anexo.

–¿A qué te refieres con sesgo a favor del gobierno?

–Quién captura la información es el gobierno, la información está registrada desde su propia óptica. Las observaciones la mayor parte de los casos, en las descripciones de los eventos, balaceras, es de cajón que incluya frase canónica repelimos la agresión; hay veces que tiene mucho sentido, como que en la comandancia tal aventaron un granadazo y repelimos la agresión, pero en otras ocasiones cuentan que llegan a un rancho privado y de la nada aparece la frase repelimos la agresión, qué agresión si están en una fiesta. No siempre es creíble la frase.  Ahí decidimos una cosa, o las descripciones o no describen con detalle quien abrió fuego o incluían la frase repelimos la agresión. Entonces, definimos que había que leer toda la descripción y contexto y si el evento detonador era una actividad estatal o si las autoridades estaban pasivas. Yo llego a ejecutar orden de aprehensión, el cuate saca una pistola, eso lo registramos actividad estatal, primero fue el actuar de estado de ir y ejecutar orden de aprehensión, no es lo mismo entrar a rancho privado en una fiesta con invasión de la propiedad privada o detenciones discriminatorias como parar a un sujeto en un auto por como se ve.

Valoramos si se están patrullando, presencia física como un retén, un operativo, llamada anónima. El 31% de los eventos detonaron por patrullaje, cuando son operativos tienen objetivo, cuando es patrullaje deciden por ejemplo que un coche es lujoso y lo detienen, cuando lo contrastas con órdenes de aprehensión o cateo, que son de 2%. Eso te dice que no es un proceso justificado en la investigación de un delito que lleva a un combate. Nos habla de una acción de gobierno sin ton ni son o una investigación específica, con que dijeran en la investigación, “llegamos al rancho tal derivado de investigación”, pero no es así, sólo el 3% son casos así, entre investigaciones y cumplimiento orden judicial, alcanza apenas el 5% contra 31% de patrullaje.

 

La actuación de las fuerzas públicas

El investigador del CIDE desglosa en porcentajes la actuación de las fuerzas públicas, enfrentamientos resultados de Operativos: 8%; hay otros identificados como ambulatorio indeterminado, andaban rondando por la vida, no sabes si es operativo o patrullaje, eso representa el 7%; fuera de instalaciones indeterminadas, están afuera pero no sabes si es reten fijo o patrullaje, 5%; por Persecución (no sabes cómo llegaron) el 3%; por Flagrancia: 3%; Erradicación de cultivos, que supuestamente es una de las política, no alcanza el 1%; Llamadas anónimas, 8%, se recibe una llamada anónima y ahí van, o son inocentes y a cualquier llamada responde, o no quieren explicar y lo reportan como llamada anónima, si un grupo quiere echarle el gobierno al rival, el gobierno le hace la chamba a los rivales. Eso contrasta con el porcentaje de llamada identificable, que apenas alcanza el 1%; Denuncias formales, 1%; Reporte de otra institución, igual: 1%; Orden judicial, el 2%; resultado de Inteligencia, el 2%, al igual que el rubro general Otros, que es también del 2%; pero resultado de Patrullaje es del 31%.

Con esta información el gobierno podría determinar la causalidad entre sus operativos y la tasa de homicidios, pero eligió callarlo, el gobierno no estaba sacando esa información que es relevante, al no hacer si quiera este análisis; si no lo hicieron, irresponsables; si lo hicieron, son unos cabrones -señala Alejandro Madrazo-. La existencia de esta base de datos es que el gobierno si no sabía lo que estaba sucediendo es que no quería saberlo. Hay una responsabilidad moral por parte de quienes diseñaron la política pública porque hay una ola de violencia como jamás habíamos visto en este país.

–Del momento en que recibiste la base al día de hoy, ¿te ha llegado más información?

–El USB que recibimos originalmente es el USB que tenemos

–¿Te has preguntado por qué la recibiste tú?

–Por supuesto, la persona que me contactó a mí, sé de cierto que no era funcionario público en ese momento y no era alguien que tuviera acceso a esa información, la recibió de una fuente distinta. Dado que sí parece fidedigna la información, lo que yo creo es que es gente de adentro que se da cuenta que esto es una catástrofe y se dan cuenta de la forma irresponsable que se construye la guerra contra las drogas. Hay mucha gente de adentro que se da cuenta de la catástrofe y lo mal que se ha articulado esta política pública, yo me imagino que ha de haber pensado la persona de USB es que se iba hacer algo ahorita en el equipo de transición (2012) para que el gobierno que entra lo corrija, ha de estar muy frustrado porque nos tardamos cuatro, años, pero yo no iba a soltar la información sin saber que íbamos a vulnerar a alguien en lo individual, sin saber que la información era buena. Si una de las críticas al gobierno es que toma una llamada anónima y echa bala, nosotros no íbamos a hacer el equivalente académico.

 

***

Alejandro Madrazo Lajous estudió la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), recibiéndose de éste último con mención honorífica. Posteriormente obtuvo la maestría y el doctorado, ambos en Derecho, por la Universidad de Yale, EU. Es Profesor-Investigador de Tiempo Completo en el CIDE Región Centro. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ha publicado en revistas especializadas en México y el extranjero sobre la enseñanza del derecho, la historia del pensamiento jurídico, la libertad de expresión, la justicia electoral, los derechos sexuales y reproductivos, el control del tabaco y la regulación de drogas.
Una versión de este trabajo fue publicada en Tercera Vía (http://terceravia.mx/) con el título: La base de datos que revela el fracaso de la guerra contra las drogas en México (http://terceravia.mx/2017/02/calderon-base-de-datos-usb-madrazo-narco/)

The Author

Edilberto Aldán

Edilberto Aldán

Director editorial de La Jornada Aguascalientes
@aldan

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