Opinión

La mano del pueblo para hacer justicia: el Estado / Disenso

El asunto se conoce: hace unos años, un grupo de jóvenes abusaron de una menor de edad en Veracruz. En aquel momento el tema circuló en redes con esa indignación momentánea que siempre termina por ser borrada por alguna otra oleada, sea de equiparable importancia o no. La molestia con el caso de Los Porkys -como se conoce al grupo de subnormales- tuvo su momento. Revivió el tema esta semana a raíz de una resolución de amparo a favor de Diego Cruz, por parte del juez Anuar González Hemadi. El tópico tuvo muchas aristas que me gustaría repasar.

Efecto público. Un fenómeno interesante es que algunas y algunos de nosotros nos pusimos a leer un documento legal, cosa que se hace poco. Creo que es fundamental un nivel de involucramiento que nos dé perspectivas informadas para emitir opiniones. Este interés es, por donde se vea, digno de celebración. Discutí con media docena de personas, con bastante tiempo de por medio, algunos de ellos, mis mejores amigos, sobre el tema. Señalamos puntos que habíamos leído y advertido por separado, consultamos expertos, aquilatamos diversas opiniones. También hubo una fuerte presión mediática debido a la infame resolución que derivó en la suspensión del juez y parece ser en una investigación del Consejo de la Judicatura. Coincido con Edilberto Aldán sobre el valor que tiene la presión de las redes sociales. Entiendo que esto puede ser un arma de doble filo, pero las veces que se utiliza de manera adecuada y reditúa en acciones valiosas, hay que aplaudir.

Resolución. Por donde se vea, cuestionable por dos puntos clave: una perniciosa interpretación que hace el juez sobre una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte y un obsceno razonamiento sobre el concepto de “indefensión”. Utilizar una tesis que tiene como fin distinguir un roce incidental de un abuso sexual y equiparar ese roce con la introducción de los dedos en una vagina -sorteando la ropa interior- y luego decir que no se puede acreditar un estado mental de lascivia es uno de los malabares “argumentales” (es un decir) más ridículos que uno podría toparse (y miren que estudié la filosofía medieval). Por otra parte, mientras al juez le falta “evidencia” de la lascivia, encuentra, como tal cosa, evidencia de “posibilidad de defensa” en el hecho de que la menor agredida se cambió de asiento, rodeada por una panda de imbéciles mayores de edad que la molestaban sexualmente. Evidentemente el juez armó su argumentación a partir de la conclusión (sí, como los medievales) y retorció los caminos hasta llegar a ese bodrio ofensivo. Es importante que se investigue el hecho a profundidad, pues sin dudas, en un país con tal costumbre de corrupción resulta por lo menos digno de sospecha.

Procedimiento. Una cosa que podríamos sacar en limpio es la discusión sobre los procedimientos: ¿estuvo o no probado el abuso de manera adecuada? ¿se eligió un tipo penal correcto al procesarlos por pederastia agravada? ¿se conjuntó la evidencia de manera adecuada? ¿por qué aquella declaración de los agresores no se usó en las pruebas? ¿cómo afectan las tesis anteriores a una resolución judicial? ¿qué principios internacionales deben observarse? Son todas preguntas que muchas y muchos probablemente nunca antes nos hicimos y que es importante aprovechar para formularnos, tratar de responder con la recopilación de información, discutir y más.

Venganza vs. Justicia. Una vez más se suscitó la discusión sobre la “justicia ciudadana” (un eufemismo para linchamiento): la indignación urgió a la bravata de reclamar justicia de “la mano del pueblo”. La mano de la justicia del pueblo son las instituciones y es por ello que las revisemos, exijamos y corrijamos. Cuando “El Estado” se disculpa, no es porque se haya chingado, sino porque justo funciona como debe de hacerlo. La suspensión y la investigación sobre el juez dan cuenta del camino correcto que deben seguir nuestras instituciones. Dos premisas me bastan para asegurar esto (más allá del principio de justicia aristotélico); hace unos años di noticia en este diario de la mujer que quemó un gatito. Investigaron su dirección y ¡lo juro!, hubo amenazas de muerte para ella. ¿Cuál es el criterio que podríamos tener si tomáramos las decisiones multitudinariamente y a la sazón de la indignación? Si quemar un gatito (lo cual es atroz) merece muerte, ¿qué pena dictaría la justicia del pueblo -en este sentido- para el juez? ¿para los abusadores? Leí no pocos comentarios sugiriendo que las hijas del juez fueran castigadas con un abuso similar al que perpetró Cruz, para “ver qué sentía”; seguimos confundiendo justicia con venganza. Segundo: imaginemos, para estos fines que, de hecho, por razones válidas teóricamente, el juez tuviese por conclusión legal dar el amparo, debido a que es la ley la que está mal. ¿Tendríamos la calma y el tiempo para investigar, ponderar y discernir como pueblo qué castigo merece, o quién es en realidad el merecedor de dicho castigo? No lo creo. Nuestra tarea no es ésa, sino vigilar a quienes tienen los conocimientos, el tiempo y la obligación de hacerlo de manera correcta.

La defensa de Carbonell. No puedo ignorar la molestia que me causó el vídeo. Me parece que hay un afán de aleccionamiento y de superioridad intelectual y moral. Carbonell, si bien atina en reclamar a los medios y especialistas que se pronunciaron contra el juez sin haber leído la sentencia, se equivoca en su afán de distanciarse de “la masa”, defendiendo lo indefendible, usando un tono regañón y soslayando lo más importante del agravio del juez: su procedimiento en la construcción del argumento. Carbonell dice “yo hubiera concluido lo mismo”, pero el juez escogió un camino desafortunado. Y es que ése, ¡es todo el punto! Así como es sano que una acusación se invalide ante un procedimiento incorrecto, es obligación moral que una resolución siga el mismo camino. Imaginemos que un juez dictamina como inocente a alguien que, de hecho, es inocente, pero lo hace porque dice “practica la misma religión que yo, y por ello sé que es inocente”. A todos nos parecería gravísimo que ésa fuera la argumentación. Este es un caso en donde el procedimiento argumental invalida la conclusión, a pesar de que, por otro procedimiento -que yo no lo creo en este particular- pudiera ser correcta. Las formas y los procedimientos importan. Otras dos cosas gravísimas en la apología de Carbonell es que nos regañe presumiendo “información privilegiada” y por otro lado que hable con énfasis de “los 22 segundos” que tardó en cambiarse de asiento la víctima, como sugiriendo que ese poco tiempo no da oportunidad a un abuso. Hay que ser imbécil para no tener en cuenta a lo que suena eso. Para más sobre este tema hay que leer el excelso (como de costumbre) texto de Estefanía Vela: Caso “porkys”: explicación y análisis de la (indignante) sentencia. Imperdible.

No podemos seguir dando concesiones sobre el abuso sexual. No importan sus formas, debemos rechazarlo contundentemente. Hay una pendiente resbaladiza en no castigarlo a rajatabla en todas sus expresiones. Merecemos un mejor país. Las mujeres merecen un mejor país. Debemos esforzarnos por aprender, por ser didácticos, por entender las razones, por seguir las vías legales para que todo esto pueda suceder. En medio de todo esto hemos dejado de hablar de la víctima. Hemos imaginado nuevas víctimas por el deseo de venganza y lo que requerimos es centrarnos en las existentes por el afán de justicia.
/Aguascalientesplural

The Author

Alejandro Vázquez Zuñiga

Alejandro Vázquez Zuñiga

No Comment

¡Participa!