Opinión

Violencia contra mujeres. ¡Juicio político! / Cocina Política

¿Qué respondería usted si le pide consejo, estimada lectora, apreciable lector, una persona que fue víctima de algún tipo de violencia física, laboral, económica o psicológica? ¿Qué le recomendaría? ¡Que presente de inmediato su denuncia! ¿Seguro, segura? Antes consideremos lo siguiente.

Según Patricia Olamendi, directora ejecutiva del Instituto de Formación en Justicia y Derechos Humanos, persiste la impunidad en México sobre delitos sexuales con la complicidad de las autoridades, por lo que sólo el 5% de casos es denunciado, ya que la impunidad ha traído como consecuencia que las víctimas desistan de presentar una querella o continuar con ésta hasta sus últimas consecuencias y agrega “en muchos casos las evidencias contra el inculpado llegan a ser desechadas, pese a la contundencia de las mismas”.

Juzgar sin perspectiva. Supongo que usted como yo, consideramos cualquier tipo de violencia contra niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres inaceptable y creemos que a toda costa debe erradicarse. Cualquier persona que sea auténticamente pensante y que aspire a una ciudadanía plena, con poder y capacidad de decisión sobre su entorno; no dejaría que a la mitad de sí misma se le tratara como un objeto que puede dominarse, doblegarse o humillarse mediante la violencia. Sin embargo, las cifras hablan por sí mismas: un 63% de las mexicanas afirmamos haber sufrido algún tipo de violencia durante el transcurso de nuestra vida.

Así que, en un país donde sólo el 37 por ciento permanecemos a salvo de la violencia en cualquiera de sus formas, la cultura machista permea en una proporción aproximada de tres a uno podríamos pensar. Esa proporción es la que genera una gran impunidad en la administración de justicia a las mujeres por todas y todos quienes están involucrados en el sistema judicial; tanto hombres como mujeres, entorpecen día con día la posibilidad de que una mujer violentada pueda obtener una reparación del daño o la aplicación de la justicia criminal.

Por todo lo anterior es que ¡por supuesto! el 95% de las mujeres deciden no presentar denuncias, quejas o querellas ante la violación de sus derechos. Eligen llorar en silencio su rabia, su dolor y decepción, antes que sufrir la burla o indiferencia de autoridades (hombres y mujeres) formadas en el autoritarismo y la misoginia. Antes que evidenciar las agresiones recibidas ante una sociedad en la que dos de tres personas, las señalarán y calificarán impíamente; antes que los medios de comunicación masiva -particularmente las llamadas redes sociales- las exhiban como el nuevo fenómeno de entretenimiento y las expongan a comentarios surgidos de mentes ociosas e ignorantes.

Las mujeres violentadas prefieren no exponerse a ser juzgadas ¡ya no digamos sin perspectiva de género! Sino a ser juzgadas sin perspectiva alguna.

El juicio político. A iniciativa del zacatecano diputado federal de MC, Jorge Álvarez Máynez, acompañado de los diputados Candelaria Ochoa, Verónica Delgadillo y Víctor Sánchez del mismo partido; fue presentada el jueves 30 de marzo del presente, una demanda de Juicio Político contra el juez federal Anuar González Hemadi, quien otorgó un amparo que libera y exculpa a Diego Cruz, sentenciado en primer instancia por pederastia en contra de una menor veracruzana.

El juez González Hemadi, ya de por sí se encontraba suspendido en sus funciones al frente del Juzgado Tercero de Distrito del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y de igual manera se inició un procedimiento de investigación administrativa, en relación con su actuación como juez de Distrito.

El juez federal Anuar González sólo hizo lo que en la vida diaria, en el ejercicio cotidiano vemos quienes acompañamos a mujeres víctimas de violencia en su peregrinar: ignorar a la víctima y favorecer mediante argumentos legaloides e interpretaciones a modo tesis y leyes para beneficiar al agresor: nada nuevo bajo el sol. Sólo que en esta ocasión, el juzgador no consideró que le observaba una sociedad indignada por la infame agresión sexual y posterior violación de la menor veracruzana; los medios de comunicación que extrañamente se uniformaron en contra de los agresores y las organizaciones como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Observaban también, Jorge Álvarez Máynez y sus compañeros diputados de MC.

La solicitud de Juicio Político en contra del juez Anuar González abre para víctimas y asesores una ventana de esperanza; una bocanada de aire fresco para quienes avanzamos contra corriente buscando justicia para las víctimas de violencia. Resulta que no es lo mismo separar a un funcionario de su competencia o, en todo caso cesarlo que ¡castigarlo! por su actuación sesgada.

Jorge Álvarez Máynez nos hizo a víctimas y sus asesores el inestimable favor de dejar ver por primera vez a los funcionarios, la posibilidad de que no sólo se les separe de su encargo, sino que además reciban un castigo por su mala actuación o su negligente omisión y eso, marca un parteaguas en la historia de la administración de justicia para las víctimas de violencia.

Café de olla y pastel de guayaba les espera en esta cocina a Álvarez Máynez y legisladores federales del MC, que ¡por fin! dejan ver a los integrantes del sistema de justicia, la posibilidad de ser, a su vez, juzgados.

Nos vemos en la próxima. Recuerde usted que en esta, su cocina, se come, se lee, se estudia y se conversa de todo; particularmente de política.

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Socorro Ramírez

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