Opinión

La crisis de la política / #PolíticaForDummies

 

 

Estamos frente a una crisis de la política, frente al lugar común y realidad sobre la crisis de representatividad y confianza que atraviesan las instituciones políticas, en México, en Latinoamérica y en la mayoría de los lugares del mundo.

Los tomadores decisiones, con su visión de Estado y su proyección al futuro, decidieron jugar en este momento de la historia un papel de estatura baja; la realidad es que los políticos no han tomado las decisiones correctas y la política vive una crisis, que para algunos pensadores y académicos nos puede regresar a la etapa del autoritarismo.

El gobierno tiene la función de ejecutar políticas públicas en beneficio de todos, consultando a los ciudadanos y eligiendo las mejores opciones. El gobierno tiene la responsabilidad de diseñar, ejecutar y evaluar la eficiencia de las políticas públicas; algunos teóricos y tendencias internacionales han incluido a la participación ciudadana en ese proceso de gobernar, lo cual es positivo. Los gobiernos tienen la responsabilidad de atender las necesidades de los ciudadanos, tienen que escucharlos, mediante mecanismos de participación ciudadana e involucrarlos; los gobiernos también tienen la obligación de construir mecanismos eficientes para comunicar todo el proceso de la política pública.

Eso hace el gobierno, algunos afirman que el gobierno no puede solo y necesita de los ciudadanos y es cierto; es un nuevo modelo de gobernar pero que debe establecer límites, atribuciones y procedimientos que hoy existen en pocas legislaciones locales y nacionales. Los tomadores de decisiones ante la crisis de las instituciones han rebasado esos excesos y la política ha entrado en una crisis; los ciudadanos inconformes buscan plantear su agenda desde lo emocional y los políticos hambrientos de popularidad, legitimidad y aumentar sus bonos electorales, ceden.

Eso y una crisis grave de la política es lo mismo.

Claro que los ciudadanos van a estar de acuerdo con reducir el financiamiento público a los partidos políticos, porque para la mayoría de los ciudadanos, la política es una actividad negativa y se relaciona con palabras clave como: corrupción, delincuencia, impunidad y otros sinónimos negativos; tomar decisiones desde ese descontento y proponer como legislador, gobernador o alcalde la reducción del financiamiento a los partidos políticos es popular, es lo que los periodistas y ciudadanos quieren escuchar.

Pero la discusión del financiamiento público a los partidos políticos gira alrededor de lo emocional; el argumento principal es: los ciudadanos no quieren que se gaste en partidos, ergo, no se gastará. Sin embargo el debate no se hace desde lo racional: ¿qué implica que los partidos chicos dejen de recibir financiamiento público? Implica la muerte de la pluralidad institucionalizada, implica que a final de cuentas no se invertirá dinero público en partidos políticos que son los promotores de la cultura democrática, de la educación cívica y la participación ciudadana.

Otras voces hablan de eliminar el presupuesto a las autoridades electorales cuando no haya elecciones, desde lo popular claro que es viable. Sin embargo estaríamos frente a la muerte de promover una cultura democrática, que ha costado vidas y décadas impregnar en los ciudadanos. En otras palabras, esa propuesta atenta contra el principio básico de la democracia: que los ciudadanos dejen de tener insumos para que en las elecciones puedan emitir su voto informado.

También implica la reducción de la pluralidad y la consolidación de un bi o tripartidismo fuerte, que promueve una especie de monopolio de participación ciudadana. Los recursos públicos que se gastan en partidos políticos e instituciones electorales son una inversión para construir una ciudadanía informada y promover la cultura democrática. Aunque lo popular sea lo contrario, lo mejor es invertirles a estos entes, pero el legislador y los tomadores de decisiones no entran al debate de fondo, a diseñar mecanismos para controlar el flujo de dinero ilícito, a crear mecanismos de fiscalización y observancia del correcto gasto de esos recursos; eso sería hacer política de altura, con datos, con evidencia, con información, con debates académicos y los legisladores no buscan ni quieren eso porque no es mediático o en el peor de los casos, no son capaces.

La política se ha convertido en el conjunto de acciones mediáticas y no en la discusión a profundidad de los verdaderos problemas de la ciudad; hay una crisis de la política y los tomadores de decisiones han decidido, en su mayoría, acrecentarla. Necesitamos una clase política de altura, una clase política que sepa conjugar y hacer equilibrio entre la eficiencia y no eficacia de la toma de decisiones que necesita la ciudad o el país, la política mediática y la participación ciudadana.

Es necesario que los políticos comuniquen y lo hagan bien, también es considerable que gobernando y comunicando bien, busquen incrementar sus bonos electorales, pero tienen que conjugar eso con la implementación de políticas públicas eficientes que resuelvan los problemas públicos y además, considerar la participación de todos los ciudadanos.

Hacer política sin implementar políticas que resuelvan problemas y solo atiendan el timing mediático, desconociendo las verdaderas consecuencias de esas decisiones es gobernar del lado de la posverdad; ese concepto que tienen a la política en crisis.


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Carlos Aguirre

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