Opinión

El magistrado Ponce y los diez mandamientos / Cocina política

 

Los diez mandamientos, iniciativa preferente del ilustrísimo y divino ejecutivo, a Moisés, legislador unitario del constituyente mundial, proveyeron a la rebelde humanidad de diez reglas simples, generales y abstractas; una de esas normas originarias fue: no matarás.

En días pasados, el actual Congreso de Aguascalientes enfrentó una ligera ola de opiniones a favor y en contra de la autonomía del feminicidio. Nada nuevo bajo el sol: cuando de autonomía de lo femenino se trata surge inevitable una andanada de opositores; afortunadamente la discusión tomaba buen rumbo y venía la necesaria aprobación ¡pero! surgió una voz que vino a convertir la simple ola en verdadero tsunami de opiniones y, por ser una voz de suma importancia, las mujeres vimos con amarga sorpresa el sesgo en contra que tomó el debate.

Vaya usted, querida lectora, estimado lector, por un gran vaso con esa rica agua de coco maduro que venden en Galeana, esquina con Venustiano Carranza, para que se siente en esa playa donde los diputados del PAN y Encuentro Social debieron sentir una marejada de opiniones encima, que reclamaba volver al mandamiento original de “no matarás” porque ¡total! Si ya existe esa norma, para que entrar en detalles ¡Hágame usted el favor!

Una y una. En el 2012, en Aguascalientes fuimos testigo dos feminicidios cometidos en agravio de un par de infortunadas jovencitas.

La primera joven asesinada, fue víctima de la venganza y celos de su antiguo novio. Con la confianza como medio, llevó a su víctima al lugar donde le daría muerte. Llamó luego a su cómplice para que le ayudara a romper su cadáver para poder meterla en el tambo que luego abandonaron en un campo abierto, de esta manera las mujeres de Aguas sabríamos lo que podría pasarnos por osar terminar con un dominador (características todas estas del feminicidio). Luego vino el pacto entre dos dominadores agresores: yo te ayudé a matar una mujer, tú me ayudas a matar otra mujer. Lea otra vez esta última oración, estimado lector, el pacto dejó claro: no otro ser humano, sino específica y particularmente mujer. Fue un pacto para eliminar mu je res. Así ocurrió y con los mismos medios: relación de confianza y brutalidad nacida de estado emocional, así como el objeto de castigar-controlar a un género inferior o por lo menos subordinado.

Dos mil y seguimos matando. ¿Por qué precisamente mujeres? La respuesta está solo en la torcida mente de los criminales feminicidas. El fenómeno que se ha disparado en México de los años noventa a la fecha, apenas se está atendiendo desde el poder legislativo y, a diferencia de otros derechos no tiene un antecedente descriptivo, por lo que a pesar de ser claramente distinguible en la realidad social, aún no puede tipificarse, caracterizarse, dilucidarse con precisión.

El Poder Legislativo federal optó por castigarlo ya. No esperar a que, por ejemplo, las Muertas de Juárez, que del año 93 para acá son casi dos mil, se convirtieran en una decena. Algún obtuso podrá decir ¡bueno, pero en Aguascalientes sólo fueron dos! Mire usted, apreciables lector y lectora, ¿sólo dos? Denunciados y probados será, porque tras de ellos habrá un sin número que ni usted ni yo podemos calcular; al margen que lamentablemente los dos casos de dominio público no fueron juzgados como feminicidios y a la fecha no hay sentencia para los agresores ¡oiga usted!

¿División de poderes? Estaba en lo suyo el Poder Legislativo de Aguascalientes con respecto a la tipificación del feminicidio, cuando el titular de otro poder, el presidente magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez, externó públicamente una opinión que difícilmente podrá ser desprendida de la relevancia que tiene su investidura: que no estaba de acuerdo con la tipificación, que el feminicidio podría traducirse en agravantes. El porqué de esa opinión sólo está en la mente del magistrado Ponce, especialmente cuando él tiene muy claro que entre poderes debe haber respeto republicano y su opinión no fue ni personal, ni privada y menos aún segregada de su encargo; menos aún oportuna.

¿Será que opinó por contradecir al fiscal René Urrutia de la Vega? En un acto más bien visceral. ¿Será que el Congreso del Estado solicitó la opinión del Poder Judicial? En cuyo caso debió haberla presentando por escrito y de manera privada. ¿Será que interfiere en un poder que no es el suyo? Con lo que habrá abierto la puerta para que el Congreso también invada la esfera judicial. Como dicen en mi pueblo de indios, San Marcos: haya sido como haya sido el presidente magistrado convirtió el debate público en una crecida a través de radio, televisión, prensa y redes sociales, a la que con particular entusiasmo se sumaron leguleyos de café y agoreros del desastre que traería el apocalíptico delito feminicidio y ¡por supuesto! los agresores de bajo perfil que hicieron su agosto, ya que invariablemente iniciaban sus lucidos argumentos con un “Ya lo dijo el magistrado Ponce”. Así las cosas.

¡Justicia ya! En medio de una opinión pública y publicada expandida y sesgada, que clamaba porque el delito de feminicidio o, se tipificara hasta que hubiese más o menos unas mil “muertas de Aguascalientes” o, se volviera al espíritu general de los diez mandamientos y se quedará en “no matarás”; los diputados del PAN y Encuentro Social en Aguascalientes cumplieron con su deber y legislaron en protección de las mujeres de esta tierra. Un ¡ya basta! resonó en el recinto legislativo y como Jesús F. Contreras, malgré tout se reconoció un fenómeno criminal que ya es una realidad en la entidad y se proveyó de un instrumento para reconocerlo y castigarlo legalmente. Perfectible, sí, pero normado.

¡Gracias!, diputadas y diputados del PAN y Encuentro Social por proveer de normas que hoy salvaguardan a las mujeres en Aguascalientes de agresores feminicidas hombres y mujeres; mil gracias. Que nuestras madres, amigas, hermanas e hijas se los premien.

Nos vemos en la próxima. Recuerde que en esta su cocina, se come, se lee, se escribe y se conversa de todo; particularmente de política.

 

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Socorro Ramírez

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