Opinión

Globalización y cambio jurídico / Yerbamala

La globalización del dogma del libre comercio a finales del siglo pasado y luego la “desglobalización” que irrumpe de la mano del nuevo proteccionismo estadounidense, nos ofrecen paradojas muy interesantes. Veamos un claro ejemplo: a raíz de la reciente renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) impuesta sí o sí a sus contrapartes por el nuevo gobierno gringo, ha trascendido que son los mismos gobiernos contrapartes del mexicano y otros actores económicos y sociales de nuestros “socios”, como las centrales obreras, las uniones y los sindicatos de Canadá y Estados Unidos, los que han puesto sobre la mesa la eliminación de la grave desigualdad salarial y de protección social entre los trabajadores de México y los de esos dos países. Paradójicamente, es el gobierno mexicano, según ha trascendido, quien se opone firmemente a incluir el tema laboral en la negociación comercial, aduciendo que esa debe ser una facultad soberana de cada Estado. Curiosa concepción de soberanía la del canciller aprendiz y el grupo de tecnócratas de bajísimo nivel que le acompañan, si tenemos en cuenta que incluso un importante representante sindical canadiense ha desnudado claramente al régimen, afirmando que es el propio gobierno de México el que traiciona a los trabajadores de su país negándose a negociar lo laboral en general y en especial el tema de los salarios en México (Véase al respecto: https://goo.gl/RvJuyA). ¿Qué deberíamos entonces pensar los mexicanos sobre unas negociaciones secretas emprendidas por un gobierno deslegitimado y a espaldas de los sectores sociales de la nación? ¿Realmente es tan grave que los gringos amenacen con salirse del tratado? ¿Para quienes y por qué? Vaya solo un dato curioso respecto del miedo gubernamental a que los gringos se salgan: la economía de México crecía sostenidamente a tasas de hasta un 8% anual durante los años previos al tratado de marras. Hoy, en plena vigencia del tratado, crece trabajosamente al 1.5-1.8%.

Lo ocurrido recientemente no es un acto de generosidad de los “socios” norteamericanos para con los esforzados y sufridos trabajadores de México, pues pretender elevar los salarios es una manera de presionar para eliminar la “herramienta competitiva” preferida del gobierno mexicano: la mano de obra más dócil y barata del continente y una de las más abaratas del mundo, donde en algunos sectores de economía de enclave, como el automotriz, los salarios pueden llegar a ser hasta doce o quince veces menores que los que se pagan a los trabajadores en Estados Unidos y Canadá.

Paradojas de la globalización tan defendida por los sucesivos gobiernos neoliberales en México, pues ahora es ésta misma apertura al mundo de nuestra “república maquiladora”, la que exige cambios mayores e impostergables para los trabajadores mexicanos, aun contra la voluntad expresa y las oscuras maniobras del gobierno y una parte del sector privado nacionales.

Por ello es tan importante el siguiente el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, pues deberá resolver al menos tres cambios mayores en el sistema jurídico nacional.

En primer lugar, el Congreso debería tomar las medidas legislativas necesarias para implementar el denominado “nuevo modelo de justicia laboral” que en los hechos implica terminar las Juntas de Conciliación y Arbitraje y crear verdaderos tribunales del trabajo pertenecientes al Poder Judicial. También se creará un sistema de mediación laboral y se debería liberalizar el registro y funcionamiento de los sindicatos, acatando todos los Convenios Internacionales signados por el Estado mexicano. Los efectos de este cambio son muy evidentes para la vida de millones de trabajadores. Así las cosas, la iniciativa de un “Código Nacional de Procedimientos Laborales” debe ventilarse pronto, pues son muchos los aspectos a revisar antes de que la anómica clase política se meta de lleno al proceso electoral del 1 de julio de 2018.

También están pendientes dos reformas mayores: la reforma constitucional y posterior emisión de un código penal único para todo el país, por una parte, así como conseguir la uniformación en uno solo, de los 32 códigos de procedimientos civiles del país. Reforma también de amplísimo impacto si se atiende al hecho de que aproximadamente un 65-70% de los juicios en México son en materia civil.

Así, el alcance de la reforma jurídica que debe ser acometida a la brevedad, tiene un potencial transformador de algunos de los más serios problemas que atraviesa el país, como es un cambios sustancial en las relaciones entre empleadores y trabajadores, con impactos directos en la economía nacional, o la uniformación del catálogo de delitos y penas aplicables, así como una mayor certeza jurídica a en los litigios civiles emprendidos en todo el país.

Bien sabemos en México que los tratados internacionales, las constituciones y las leyes no cambian nada por si solas, y mucho menos si no se desarrollan y aplican en el ámbito interno. Consolidar, modernizar y uniformar el marco legal del país con mejores leyes, aunque sea a remolque de la presión internacional, tiene un potencial de transformación social y significarán que por fin los políticos y legisladores hacen algo del trabajo que les corresponde. Un mejor marco jurídico posibilita la resolución pacífica de conflictos, herramienta indispensable para el desarrollo social y el crecimiento económico. Exijamos a los legisladores federales que se supone que nos representan el cumplir con sus obligaciones y ponerse a trabajar. Hay mucho por hacer para consolidar el proyecto de Estado social, democrático y de derecho en México.

 

@efpasillas

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Enrique F. Pasillas

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