Opinión

Hablando de oralidad / Opciones y decisiones

No, no nos referimos a propuesta alguna procaz, aludimos al cambio de esquema judicial procedente de la forma de “juicios escritos” a “juicios orales”, propiamente identificados como nuevo Sistema Penal Acusatorio”. Grosso modo comparados, los anteriores fueron juicios fundados en la interposición de escritos emitidos por las partes interesadas en un litigio ante el juez-a, a los que éste respondía con sendos escritos, ya fuera a manera de acuerdo, dictamen, determinación o sentencia.

A inconformidad manifiesta de alguna de las partes, correspondía la apelación en segunda instancia, todo rigurosamente manifestado mediante la argumentación escrita, y luego la sentencia por el juzgador, sí también escrita; si a ésta seguía el amparo ante juzgados colegiados de la Federación, de ellos emanaba la palabra definitiva por escrito, que se convierte en sentencia firme. Acto seguido, todo el expediente -que a estas alturas podría sumar miles de fojas útiles- se regresa al Supremo Tribunal de la entidad federativa que corresponda, y de éste al Juez de origen para ejecutar -ya sin chistar- la Sentencia, hecha irrevocable. Procesos que duraban la friolera de 3 años y hasta 12 y más. Por lo que eso de Justicia “pronta y expedita” quedó en una noble y bella aspiración, anulada por irrealizable.

Los juicios orales o Sistema Penal Acusatorio vienen al rescate y, ojalá, a devolverle algo de dignidad y credibilidad a la procuración e impartición de Justicia en México, una de las más altas garantías consagradas en la Constitución Política. Y es aquí donde está trabado el nudo gordiano de la procuración e impartición de Justicia en nuestro país. Nudo que se redobla con el otro corredizo de la corrupción palaciega -jueces y litigantes sin escrúpulos-, e impunidad -victimarios impasibles, alevosos, contumaces y reincidentes-. El último eslabón del sistema, la víctima, siendo el más frágil de la cadena justiciera; en cada juicio se la rifa en el juego del ahorcado y, en el menos peor de los casos, se libera como suertudo escapista.

El peso histórico del antiguo Derecho Romano y el modo judicial derivado de él, sobre todo en países de origen latino -Italia, Francia y España- por mencionar los más influyentes en el sistema penal mexicano ha hecho gravitar nuestra procuración e impartición de justicia sobre el dictum /dicho de la palabra escrita, que procuradores, policías ministeriales, abogados y jueces han elevado al sutil parnaso del refinamiento del significado escrito. En donde todo argumento se esgrime en la supuesta precisión milimétrica del significado de cada palabra. Equivócate en una simple acepción/significado de un término escrito y ve derrumbado tu castillo de naipes argumentativo; requerimiento sine qua non de la interpretación ad libitum / según antojo del juzgador implacable. En fuerza de esta lucha greco-romana-latina de sofisticadas llaves, los jueces mexicanos están convertidos en virtuosos citadores de artículos de códigos sustantivos y procedimentales, para dirimir las controversias. Lo que los convierte en técnicos legales capaces únicamente de ver la pertinencia o aplicabilidad de una cita jurídica, sin atender de veras el contenido sustantivo del crimen que ultraja la Justicia, es decir, son expertos en “technicalities” que dejan enterrado aquello de ser Jurisconsultos. ¡Ah! y además consagra en el Olimpo a los juzgadores, como Sus Señorías tan imbatibles como intocables. ¡Ay de aquellos razonadores! Recordando a Molière: Ah, le raisonneur!

Supuesto lo anterior, el Derecho Anglosajón perteneciente a la familia jurídica del Common Law es un sistema jurídico que se caracteriza por basarse más en la jurisprudencia que en las propias normas jurídicas. Nace principalmente del Derecho Inglés y es un espejo del acontecer histórico de ese país, proviene principalmente de la época medieval. Y se aplica en los Estados Unidos de Norteamérica. El sistema de derecho anglosajón se basa, sobre todo, en el análisis de las sentencias judiciales dictadas por el mismo tribunal o alguno de sus tribunales superiores (aquellos a los que se pueden apelar las decisiones tomadas por dicho tribunal) y en la interpretación que en estas sentencias se dan a las leyes, por esto es que las leyes pueden ser ambiguas en muchos aspectos, ya que se espera que los tribunales las clarifiquen (o estos ya lo han hecho sobre leyes anteriores, pero similares). Este es el motivo por el cual en Estados Unidos aun se enseñan normas de la época colonial inglesa. (Cfr. Sistemas Jurídicos.https://goo.gl/vLeSHz).

El contraste con destaca características como las siguientes: Common Law no siempre se funda en la Constitución escrita, en cambio el Derecho Civil siempre lo hace. Las decisiones judiciales en el anglosajón las decisiones judiciales son binding/vinculantes, en tanto que para el Derecho Civil no son vinculantes con terceras partes; sin embargo, las decisiones de corte administrativa y constitucional son binding para todos. Ahora bien, el sistema anglosajón se rige por el principio de que todo supuesto imputado de delito, debe probar su inocencia; en cambio, el sistema latino presume la inocencia del imputado, hasta considerarlo culpable. Por otra parte, el formato anglosajón es mayormente de juicio oral, juez-fiscal-defensor ante un jurado ciudadano con poder de deliberación y dictamen; en cambio el sistema judicial latino al uso se da entre el juez-demandante/parte actora-presunto culpable/indiciado, sin jurado público, y todo bajo pruebas, alegatos y testimonios por escrito.

Ahora bien, el sistema “penal acusatorio”. Propone un tribunal mixto -3 jueces- acusador-defensor del responsable ligado a proceso. Y el juicio se modela en audiencias públicas ante los jueces, mediante  interacciones orales, las que simultáneamente son relatadas por escrito o bien grabadas directamente de las partes intervinientes; se admite público oyente. En este esquema adquiere mayor relevancia la declaración pronunciada y, por tanto, testimonial de los querellantes ya sea por sí mismos o por voz de sus asesores jurídicos o abogados litigantes. La sentencia es emitida de manera colegiada, es decir por voto mayoritario de los jueces intervinientes. No hay juicio posible si antes no se ha vinculado a proceso a un supuesto responsable. Y la decisión de marras consiste en que la orden de aprehensión y la cárcel preventiva del supuesto responsable no pueden llevarse a efecto hasta en tanto el Juzgador no emita tal resolución; en todo prima, el principio jurídico de suposición de inocencia, hasta que se finque responsabilidad.

Supuesto todo lo anterior, es importante aclarar el contenido y sentido de la disputa pública ya sea a favor o en contra del Sistema Penal Acusatorio que se está generalizando en todo el país, pero de manera singular aquí en Aguascalientes. Sea. La alcaldesa María Teresa Jiménez se posicionó en contra del Sistema Penal Acusatorio, pues aseguró que no ha ayudado mucho en el combate a la inseguridad de los municipios del país (…). “Lo he dicho fuerte y clarito, lo he dicho en muchas ocasiones”. Así lo expresó durante la segunda jornada del Quinto Congreso de la Asociación Nacional de Alcaldes. Llevada a cabo en Aguascalientes. (Fuente: LJA. Carlos Olvera Zurita. María Teresa Jiménez se posicionó en contra del Sistema Penal Acusatorio. Sociedad y Justicia. P. 5. Sábado 26/08/2017).

Nuestra alcaldesa entre sus Compromisos de Campaña anotó: 1. Evolucionar el C4 a C5. 2. Fortalecer la academia de policía. 3. Entrega de patrullas y equipo. 4. Profesionalización de policías al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 5. Video wall para la prevención policíaca. 6. Mejoramiento de instalaciones y equipo del C4/C5. (Fuente: Plan de Desarrollo Municipal. 2017-2019. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes. Primera Edición, marzo de 2017. www.implanags.gob.mx /Impreso). Destaco estos primeros 6 compromisos de los 131 Compromisos presentados. Añado la elocuente y reveladora nota editorial: “Es evidente que durante las campañas electorales algunas de las propuestas tienen una forma y/o un nombre que tiene como propósito alcanzar un posicionamiento entre los posibles votantes de parte de quien busca las preferencias electorales. Sin embargo, en términos técnicos en materia de planeación, estos compromisos deben de transitar por un tamiz técnico y programático que verifiquen su viabilidad”. Lo que en cristiano quiere decir que depositado el virus hay que poner la vacuna. Para empezar.

¿En qué etapa o estadio del proceso de los juicios del Sistema Penal Acusatorio intervienen esos puntos programáticos? Formalmente, en ningún lugar del juicio en sí. Lo que quiere decir que la infraestructura, el modus operandi de las sesiones judiciales per se, los alegatos, la imputación o exculpación de un indiciado es competencia de los impartidores de Justicia, por un lado. Por otro lado, la Procuración de Justicia ahora en manos de las Fiscalías, para la presentación judicial de un indiciado requiere siempre de instrucción judicial expresa por un Juez, y para ello interviene la Policía Ministerial bajo los Ministerios Públicos y el Fiscal General. En tercero y sólo tercer lugar, la probable detención de un supuesto responsable está a cargo de la Policía Preventiva, su nombre lo dice todo, de naturaleza municipal. En todo caso el punto en disputa reside en los antecedentes o consecuentes de un proceso judicial acusatorio, que corresponde a una acción coadyuvante o de coordinación de mandos policiales de distintos órdenes de gobierno. Lo que puede incluir mejores o malas prácticas profesionales, pero cuyas competencias no deben confundirse unas con otras.

En conclusión, el sabio filósofo Jacques Maritain (1882-1971) autor de Los Grados del Saber, universalizó la frase: distinguir para unir. Y, entonces, cabe la pregunta: ¿bajo qué aspecto se relacionan los procedimientos de seguridad y policiales municipales con el Sistema Penal Acusatorio? Me temo que la respuesta va por aquello del Mando Único y, bueno, esa es harina de otro costal, que bien podríamos abordar con oportunidad.

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Francisco Javier Chávez Santillán

Francisco Javier Chávez Santillán

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