Opinión

Pensar el presupuesto de la reconstrucción

 

Alain Izquierdo Reyes(1) e Ignacio Ruelas Ávila(2)

 

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En estos momentos está demás describir lo que sucede en México. Es más importante presumir lo que hace la sociedad mexicana. Sobra la voluntad de colaborar. Los mexicanos se mueven, se desesperan por no ayudar como ellos quisieran. Brigadas, colectas, donaciones. Es realmente inspirador lo que se vive.

Todos queremos aportar, ofrecer propuestas, independientemente estemos o no en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Guerrero o la Ciudad de México. Ésta es la razón principal de esta nota. Somos economistas que desde nuestro ámbito queremos humildemente poner al servicio algunas ideas de financiamiento para la reconstrucción, el cual tarde que temprano se tiene que discutir.

Posiblemente estas desesperadas letras contengan errores o limitaciones legales para su ejecución, lo cual en vez de ser un obstáculo para escribirlas son su razón de ser. Ojalá que los académicos, especialistas, políticos y funcionarios se sumen a la discusión y le den forma sin tabúes ni estigmas. Nuestro objetivo es iniciar con estas propuestas, ya que será un tema crucial una vez que terminen las labores de emergencia y rescate. A propósito que el pasado 8 de septiembre el Gobierno Federal entregó a la Cámara de Diputados la propuesta de presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018, un día después del sismo en el sur del país y que por obvia razón no contemplaba el escenario de desastres de alta intensidad en sur y centro del país.

Tal como en las redes sociales se promueve, una de las principales fuentes se encuentra en reducir las prerrogativas a partidos políticos (resulta razonable en al menos un 50%) y destinar los recursos a atender las tareas. Por cierto, que no sólo los recursos son necesarios, sino lo que desencadenaría también. Los partidos se verán obligados a reducir la propaganda, ampliar la creatividad y focalizarse en las propuestas. A esto habría que sumar seis millones más, producto de la eliminación del beneficio del que actualmente gozan los partidos, referente a las exenciones a una parte de la renta potencialmente gravable al Impuesto sobre la Renta (ISR)(3). Estos recursos pueden ascender a 3,923 millones de pesos.

Por otro lado, se tienen presupuestados más de 6 mil millones de pesos en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para atender directamente esta catástrofe, en donde vale resaltar la renovación de la cobertura del bono catastrófico emitido por el Banco Mundial (360 millones de dólares, aproximadamente), que el Gobierno Federal recientemente realizó.

En los gastos fiscales o tributarios -que en términos simples consiste en los ingresos que el Estado deja de percibir producto de apoyos indirectos a sectores de la economía o contribuyentes-, también existen recursos para este desafío.

Destacan, a propósito, las deducciones en el ISR de personas morales o empresariales por adquisición de vehículos ($175,000, vehículos de combustión interna), equivalentes a 14,775 millones de pesos; en efecto, se propone suspender este decreto, al menos por uno o dos periodos(4). (ver informe de Gastos Fiscales SHCP, 2017). En este mismo sentido, también se podría recurrir a las deducciones empresariales que subsidian el “consumo en restaurantes”; monto cercano a los 555 millones de pesos.

Se pueden revisar y discutir, asimismo, eliminar los gastos fiscales por exenciones en el Impuesto al Valor Agregado(5) relacionado con los espectáculos públicos, por el cual se pueden obtener según la autoridad alrededor de 1,467 millones.

Aunado a esto, también se propone eliminar, temporalmente, el Régimen de Consolidación Fiscal (empresas que se encuentran en el plazo de 5 años desde su entrada), equivalente a 2,008 millones de pesos, el cual tiene como finalidad posponer el gravamen respecto de actos jurídicos celebrados entre las empresas de un grupo empresarial y les da la posibilidad de deducir las pérdidas fiscales de una de ellas contra las utilidades fiscales de otras.

Si bien es evidente e inspiradora la voluntad de las personas para colaborar, y por ende, tal como lo señaló recientemente Enrique Krauze (El País, 9/21/2017) es esperable un apoyo masivo, una medida que tendríamos hasta el momento para contar con fondos procedentes de donaciones privadas serían las deducciones en el ISR por este concepto. Se espera que para el 2018 el gasto tributario por este concepto ascienda a más de 750 millones de pesos; cifra que se justificaría debido a que el 90% de este beneficio se concentra en la parte más acaudalada de la población de este país (6).

Resultan considerables, además, las actividades del gobierno no esenciales financiadas a través del gasto corriente que no implican afectaciones en la operación esencial de las actividades del sector público: computadoras, viáticos, papelería, consumibles, bonos extras, autos no utilitarios, etcétera. Un ejemplo es destinar al menos el 10% de los presupuestos a la reconstrucción de algunos entes públicos. (ver cuadro 1).

 

Cuadro 1. Estimación de recursos públicos para reconstrucción

Fuente: elaboración con datos tomados del PEF 2018 y el presupuesto de gastos fiscales 2017.

Sumado todo lo anterior, ya se contaría con una cifra importante -cercana al 0.2% del Producto Interno Bruto de México- para dinamizar los trabajos de reconstrucción. Vale agregar que recientemente se constituyó un Fideicomiso de apoyo, creado por miembros del sector privado y la SHCP (ver la información sobre lo que consiste y las cuentas bancarias para ello: www.gob.mx/hacienda). También, se han decretado 9 beneficios fiscales para apoyar la reactivación económica de zonas afectadas en Oaxaca y Chiapas (ver: www.gob.mx/shcp)

Esta primera revisión es para el Gobierno Federal, pero también en la Ciudad de México se debe revisar el presupuesto; por ejemplo, nada más la Asamblea Legislativa recibe recursos públicos por casi dos mil millones de pesos. Resulta paradójico, sobre todo en estos momentos, que un ente legislativo pueda gastar más que un ente operativo.

Se reitera que esto es apenas un aporte para invitar a pensar sobre la reconstrucción y la forma en la que podemos enfrentarlo. La idea es comenzar el debate y así crear esfera pública para la toma de decisiones. Es tiempo de actuar, es oportuno para el debate presupuestal y de los ingresos que están por discutirse en las Comisiones en el Congreso de la Unión; en los estados y municipios los congresos locales harán lo suyo próximamente, lo que representa una oportunidad para reordenar y reorientar el gasto público.

Está claro que los mexicanos estamos despiertos y queremos resultados sin oportunismos ni pases de cuenta. Difícil pensar que después de lo ocurrido, las simulaciones sigan siendo toleradas por el colectivo.

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(1) Economista Mexicano, [email protected] |  @alainizquierdo
(2) Economista Mexicano, [email protected]  | @ruelas_ignacio
(3) El Artículo 79 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta establece que las personas morales con fines no lucrativos no son contribuyentes de ISR; no obstante, en su Artículo 81 establece que sí deberían pagar impuesto cuando perciban ingresos por enajenación de bienes, intereses y obtención de premios. Los partidos políticos están exentos de esta obligación, de acuerdo con lo que se señala en el presupuesto de gastos fiscales para el añ0 2017 (SHCP, 2017).
(4) Los vehículos eléctricos estarían exentos de esta suspensión
(5) Con información de la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares 2014.
(6) Ver informe de Gastos Fiscales SHCP, 2017

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Alain Izquierdo Reyes e Ignacio Ruelas Ávila

Alain Izquierdo Reyes e Ignacio Ruelas Ávila

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