Opinión

Sistema Estatal Anticorrupción y el Tribunal Electoral: Órganos sin voluntad política / Arcana Imperii

 

La rendición de cuentas y la transparencia son prácticas que surgen para explicitar el funcionamiento de la operación del gobierno y sea puesto al escrutinio público.

En México poco hay de rendición de cuentas…

Pedro Sánchez Rodríguez

 

Estimados amigos invisibles, recordemos el concepto Rendición de Cuentas, como ya se lo había comentado en una de mis aportaciones, es una traducción imperfecta del término “Accountability” aplicado a los asuntos públicos, y lo entendemos como un sistema que obliga, por una parte, al servidor público a reportar detalladamente sus actos y los resultados de los mismos, y por la otra; dota a la ciudadanía de mecanismos para monitorear el desempeño del servidor público, en este sentido, abordaré este tema orientado tanto al Poder Ejecutivo como el Congreso del Estado de Aguascalientes, en específico en dos tramas que han dejado pasar sin darle la debida importancia, o bien, la falta de voluntad política. Por un lado, la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y por otro, el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA). En ambos casos, han hecho caso omiso a los pronunciamientos de las autoridades nacionales, por un lado, el Comité de Participación Ciudadana (CPC), y por otro, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Demos un repaso de los hechos.

La última reforma de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes (CPEA) de fecha 25 de octubre de 2016 realizado por la LXII Legislatura, (es decir, la actual legislatura que inició trabajos el 15 de noviembre del mismo año, tuvo suficiente tiempo para analizar y sobre todo prever en su proyecto de presupuesto, o bien, realizar sus debidas adecuaciones a dicho presupuesto de 2017, e integrar las partidas correspondientes para estos dos organismos) contemplaba ya las figuras del SEA y del TEEA, previstos en sus artículos: 82 B, 17-B y 58 Bis, respectivamente.

El SEA tenía como límite el 19 de julio de 2017, para cumplir lo señalado por la Ley General del SNA, es decir, que las legislaturas de los estados expidieran leyes y realizaran las adecuaciones normativas pertinentes para la puesta en marcha de los Sistemas Locales Anticorrupción. Aguascalientes cumplió en el sentido de realizar las adecuaciones pertinentes, tanto en la normatividad del SEA, como las modificaciones Constitucionales locales. Pero, incumplió en la integración de los órganos del SEA y con el presupuesto destinado a este sistema.

Ante ello, el CPC Federal que preside Jacqueline Peschard envío -28 de junio de 2017- emitió una moción a los gobernadores y a los Congresos locales para requerirles que realizaran las provisiones necesarias, a fin de cumplir con el mandato constitucional de establecer los Sistemas Locales Anticorrupción en cada entidad federativa. En el documento el CPC solicita “que, en el ámbito de sus competencias, tomen las medidas necesarias que aseguren la planeación programática y el presupuesto suficiente para que el Sistema Local Anticorrupción de su entidad federativa, así como los órganos y entidades a los que les hayan sido asignadas nuevas atribuciones, estén en posibilidad material de desempeñar sus funciones de manera adecuada y sin obstrucciones para el ejercicio 2018”.

Además, hace un llamado a los Gobernadores para que lleven a cabo las adecuaciones necesarias al Presupuesto de Egresos de su entidad federativa para el ejercicio 2017, a fin de que se logre la implementación del Sistema Local Anticorrupción en tiempo y forma.

Asimismo, con fecha 7 de agosto, promovió dos juicios de amparo ante juzgados de distrito de la CDMX en relación con los SEA y Leyes Locales de Responsabilidades Administrativas de los estados.

El primer amparo tiene por objeto que un juez federal obligue a los estados que incumplieron con reformar sus respectivos marcos normativos para adecuarlos a la Constitución Federal y a la LGSNA. Adicionalmente, este juicio de amparo solicita al juez que ordene a los Comités Coordinadores de los SLA a que se ajusten a las reglas establecidas en la Constitución Federal y la LGSNA en lo que respecta a quiénes son los funcionarios que deben integrarlos.

El segundo amparo va dirigido en contra de las leyes locales de responsabilidades administrativas que han generado incertidumbre entre funcionarios públicos y particulares que interactúan con ellos en el ámbito local, porque no está claro si sólo les es aplicable esa ley o la LGRA, es decir, porque hay una enorme incertidumbre al respecto.

En relación con el TEEA, sucede algo similar, aunque no existe una fecha como límite para que inicie sus funciones. Con el nombramiento de los magistrados aprobado desde abril, según lo señala el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al pleno del Senado de la República, el nombramiento de los magistrados electorales del Órgano Jurisdiccional Local del Estado de Aguascalientes, iniciarían funciones al día siguiente de tomar protesta ante el Senado de la República.

En el mismo mes de junio, la Sala Superior del TEPJF emitió una resolución con número SUP-AG-52/2017, en la cual manifiesta en términos de su resolutivo TERCERO “vincula al Gobernador y a la Legislatura de Aguascalientes a llevar a cabo de manera prioritaria y en breve tiempo, las actuaciones necesarias a efecto de que se instale y entre en funciones el Tribunal Electoral del Estado”, lo anterior, implica dotarle de presupuesto suficiente para el adecuado funcionamiento del órgano jurisdiccional.

El TEEA en particular debió entrar en funciones desde el mes de mayo de este año, el principal obstáculo, asignar el presupuesto -para ambos-.

La Rendición de Cuentas en el Poder Legislativo entendida para “reportar detalladamente sus actos y los resultados de los mismos”. En ambos casos, los legisladores locales deberían de dar a conocer a la ciudadanía -en sus informes- su actuar particular, como integrantes y/o presidentes de comisiones e integrantes del Pleno, el retraso de la implementación y funcionamiento de estos dos órganos, respectivamente. El SEA va mucho más atrasado para su implementación, que el TEEA.

Recordemos que el 15 de septiembre inició el Primer Periodo del Segundo Año Legislativo, en su primera sesión ordinaria del pasado 22 de septiembre se sometió al Pleno de los diputados el Dictamen que presentó la Comisión de Vigilancia desde el 23 de agosto el cual está signado por la mayoría de sus integrantes, este dictamen dotaría de los recursos económicos para que este órgano jurisdiccional iniciara sus funciones, previo al inicio del proceso electoral local. Sin embargo, las fracciones de PRI, Partido Verde, PRD, Nueva Alianza, Morena y una diputada del PAN votaron para que el dictamen regresara para realizar un análisis detallado de la reasignación de los recursos para el Tribunal Electoral por comisión o comisiones unidas -Vigilancia y Asuntos Electorales- y con ello no afectar las áreas de cultura y medio ambiente. Es de suma importancia vigilar los centavos y gastarse los pesos.

Luego entonces, surgen -sólo algunas- de innumerables las preguntas:

  1. ¿Los diputados locales han leído las reformas a la Constitución de octubre pasado, o sus asesores no les informaron de que deberían prever recursos para estos órganos a partir para el ejercicio 2017?
  2. En caso de existir voluntad política para destrabar estos asuntos, ¿En que lado estaría? ¿Del Ejecutivo? ¿Del Legislativo? ¿De ambos? ¿Ninguna de las anteriores?
  3. ¿Si están a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, porque no han informado a la ciudadanía hacer caso omiso de los apercibimientos tanto del CPC o del TEPJF y no han cumplido en tiempo y forma con la implementación y funcionamiento de ambos órganos?
  4. ¿No existe comunicación entre diputados para solicitar que se turne a comisiones unidas un tema?

Las preguntas pueden seguir, las respuestas pueden o no llegar. Lo que no puede seguir es que los ciudadanos permitamos este tipo de improductividad legislativa, debemos generar un observatorio ciudadano que dé seguimiento no solo a estos temas que están en boga, sino en dar seguimiento integral para que nos rindan cuentas, en todo su trabajo legislativo.

Recordemos que el Ejecutivo Propone y el Legislativo dispone.

 

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Salvador Vázquez

Salvador Vázquez

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