Opinión

Designaciones públicas: cambiando la lógica del régimen / Matices

Hacer procesos políticos de una manera profesional beneficia a múltiples actores, garantiza la legitimidad y aumenta la confianza de los ciudadanos para con las instituciones. En el 2017, la búsqueda de hacer procesos políticos más confiables es una prioridad en todas las trincheras de los actores y comunidades políticas.

Por eso, la exigencia de que la selección de los candidatos se realice en procesos abiertos, transparentes y participativos. Cuando esas exigencias hace algunas décadas no existían. Jesús Silva Herzog lo ha definido muy bien, es lamentable que el debate político de los últimos meses se haya concentrado en quién es el “tapado” del presidente, en cómo describen a un precandidato, que si el abrazo duró más o los elogios fueron síntoma de una candidatura. Esas discusiones políticas, incentivadas por la comentocracia mexicana no generan confianza ni legitimidad para nadie.

El régimen priista, no solamente pertenece al partido denominado PRI, todos los procesos políticos se contagiaron de prácticas surgidas dentro de ese partido y que la clase política ha adoptado como naturales y propias. Las más claros son las designaciones y nombramientos. Incluso la ciudadanía ha asumido como normal que esos nombramientos se den en la opacidad bajo el sistema de cuotas y se reduzca la profesionalización en las instituciones.

Ese sistema de designaciones está muy cerca de colapsar y es evidente. Para muestra algunos botones muy claros de lo que afirmo. En gran parte, el cambio de visión sobre las designaciones públicas dependerá de la presión social y mediática sobre esas designaciones.

En materia electoral, la última reforma electoral trajo un proceso diferente para la designación de los consejeros electorales locales, donde mediante una serie de procedimientos, como la aplicación de un examen, la presentación de un ensayo, la valoración curricular y una entrevista presencial, los consejeros del INE, no los partidos ni diputados ni el gobernador, deciden quienes son los mejores perfiles. Así, la integración de algunos Consejos Locales dio oportunidad a que personal capaz, con amplio conocimiento en materia electoral llegara a un cargo que no podría obtener, gracias a que sus redes políticas y “padrinos” eran inexistentes.

Este proceso caducó porque medios de comunicación y activistas evidenciaron la indebida intervención de los actores políticos en los procesos electorales, presionando y violentando la autonomía de las autoridades electorales, no otorgando presupuesto, condicionando las partidas asignadas, controlando direcciones ejecutivas y colocando personal en los institutos. Estas acciones disminuyeron la calidad de la democracia en los estados; sin embargo al evidenciarse, el primer proceso fue cambiar la manera de realizar las designaciones.

Otro cambio evidente fue evidenciado con la intención de la ratificación del #FiscalCarnal, lo que se intentó hacer es un método del régimen oscurantista, sin embargo medios de comunicación, críticos y sociedad civil evidenciaron que ese proceso estaba mal, que era un proceso que necesitaba abrirse, transparentarse y que no dependiera del ejecutivo. Así, se frenó el nombramiento del fiscal carnal.

Los nombramientos del poder judicial son los nombramientos más opacos y de cuotas que existen, el poder judicial ha decidido conducirse en el silencio mediático, pero los jueces y magistrados están llenos de apellidos que abundan en la élite política gobernante en turno.

Este tipo de lógicas buscan transformarse con el Sistema Nacional Anticorrupción y particularmente con el Comité de Participación Ciudadana y sus comités estatales semejantes, estoy cierto que esas prácticas de nombramientos opacos terminarán; a pesar de las resistencias de la clase política. Estos nombramientos deben darse con profesionalismo, capacidad, transparencia, sin vínculos partidistas y sin conflictos de interés. Así y solo así, las personas volverán a confiar en sus instituciones, volverán a acercarse a las instituciones democráticas para resolver sus problemas cotidianos: como denunciar un fraude, un delito electoral o un acto de corrupción. En otras palabras, si el fiscal anticorrupción estatal se deriva de un proceso opaco donde solo intervengan el gobernador y los diputados, los ciudadanos pensarán que no hay nada nuevo, que es mero gatopardismo, que el fiscal le sirve y le debe a unos intereses partidistas, que no hay combate serio a la corrupción; esas prácticas deben terminar.

Terminarán con la presión ciudadana a modificar legislaciones para dotar de mayores atribuciones a los comités de participación ciudadana, para que sean estos quienes de manera independiente definan convocatorias y metodologías de evaluación. Se tiene que decir, Jalisco ha puesto el ejemplo a todos los sistemas estatales anticorrupción y ha implementado una metodología vanguardista que debería de ser la metodología para realizar nombramientos y designaciones en todo el país; a pesar de la resistencia de algunos actores políticos.

Esto se dio gracias a la presión ciudadana y mediática sobre el actuar del gobernador y los legisladores en la integración del sistema, se exigió que no hubiera integrantes con evidentes conflictos de interés, como empresarios o rectores de universidades públicas. La integración del comité local fue quirúrgica, precisa, necesaria, y de mucho talento. El Comité de Participación Social, como se denomina en Jalisco, ha presentado una metodología ejemplar donde aspirantes a auditor superior, magistrados o fiscal anticorrupción serán valorados con su currículum, se les obligará a presentar sus declaraciones 3 de 3 y resolverán un caso práctico, no un examen, sino una metodología académica que se apegue al ejercicio real de sus funciones.

A partir de esa metodología de evaluación el Comité emitirá un dictamen donde se evidenciará quién está en conflicto de interés y quiénes son los perfiles más capaces y necesarios. El gobernador y el Poder Legislativo no están obligados a atender sus recomendaciones, sin embargo, no hacerlo sería muy caro en materia de costo político. Este tipo de procesos con presencia de testigos sociales, la participación de la comunidad académica y de las organizaciones de la sociedad civil, con máxima publicidad y comunicación proactiva y permanente son los procesos a los que nuestra clase política no está acostumbrada.

Pero con presión política, organización, innovación y dignidad cambiaremos esas lógicas del régimen.

 

@caguirrearias


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Carlos Aguirre

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