Opinión

Inseguridad Interior / Yerbamala

 

Al finalizar 2017, el saldo de la violencia (México rompe su récord de asesinatos en los últimos 20 años, El País, 21 de julio de 2017) y la grave inseguridad pública son claros, y pasan, según diversas fuentes, por el siguiente recuento aproximado: regiones enteras del país fuera del control del Estado, más de 250 mil homicidios violentos relacionados con todo tipo de delitos, así como miles de desaparecidos y desplazados. Sin embargo, México incrementó su gasto en seguridad en los últimos años como resultado del aumento de dicha actividad delictiva, la autoridad puso más policías en servicio y destinó mayores recursos a la profesionalización de las fuerzas de seguridad pública. Pese a esto, el país es una de las naciones más violentas, donde la economía mexicana registra una de las mayores tasas de homicidios en el mundo (15.7 por cada mil habitantes) y tiene una de las cifras negras de delitos más altas a nivel mundial y un nivel de impunidad que llega al 95 por ciento (El Financiero, 10 de agosto de 2017).   

Pese a todo, y tal como era de suponerse, haciendo caso omiso de las recomendaciones, sugerencias, peticiones, solicitudes, manifestaciones, reclamos y regaños de los más diversos actores sociales dentro y fuera de México (véase por ejemplo: https://goo.gl/5EPGFF) y cumpliendo con las órdenes recibidas desde la Sedena, los ínclitos Senadores priistas y sus compinches panistas, verdes y anexos, validaron y aprobaron en fast track al  más puro estilo madruguete, la minuta aprobada por los diputados días atrás, denominada equívocamente “Ley de Seguridad Interior”.

Poco les importó a los venales senadores que votaron a favor de dicha minuta, la opinión casi unánime de expertos y observadores locales y extranjeros en el sentido de que dicho proyecto no es conforme con las normas internacionales suscritas por el Estado mexicano, como tampoco con las normas constitucionales vigentes. Tampoco les importó que según diversos diagnósticos, sea una ley de utilidad más que dudosa para resolver los graves problemas de inseguridad pública que dice atender. Porque los militares ocupan las calles, plazas y carreteras del país debido, precisamente, a que no existen autoridades civiles que son las legalmente competentes, capaces de realizar sus funciones de seguridad pública, tal y como lo ordena puntualmente la Constitución. Así las cosas, dicha “seguridad interior” es un término equívoco y contrario a la terminología constitucional vigente, que tampoco se corresponde con la doctrina denominada de “seguridad nacional” acuñada por los diferentes gobiernos gringos para justificar durante las pasadas décadas la suspensión de derechos y libertades públicas antes impensables en ese país, en aras de lograr la supuesta seguridad de sus ciudadanos.

De manera que ante dicha confusión terminológica a la que difícilmente se puede considerar como error o casualidad carentes de intención, es lógico suponer entonces que los graves problemas relacionados con la seguridad pública del país no serán atendidos ni resueltos por dicho entuerto legislativo, que deja patente la nula política de estado en materia de seguridad pública al menos durante los pasados 11 años, así como la escasa o nula división de poderes. La gravedad que entraña este bochornoso episodio legislativo radica en que demuestra bien la ausencia, ya no digamos de un estado social y de derecho, sino simple y llanamente, de un estado de derecho con elementales balances y contrapesos. El resultado es previsible: legalizar lo ilegal y facilitar las decisiones autoritarias de ejecutivo y ejército, sin que pasen por el control parlamentario ni tengan que responder ni rendir cuentas de sus actos.

Entonces, el camino pasa ahora por impugnar dicha ley ante todas las instancias de control constitucional, y si las herramientas del orden jurídico nacional no fuesen suficientes, hacerlo desde luego también en las instancias internacionales correspondientes, pues  es muy importante revertir el posible daño que este tipo de seudo normas jurídicas son capaces de ocasionar a la ya muy herida sociedad mexicana. Así pues, ante la gravedad del asunto, no es descabellado proponer desde ahora ni un solo voto a los candidatos que se pronuncien a favor de esta ley que será legal, pero que desde luego, no es legítima. Bien le decía Miguel de Unamuno a los militares golpistas en el aparentemente lejano 1936: “vencerán, pero no convencerán.”

Post Scriptum. Con la gentil venia del señor Director y su equipo de redacción, nos leemos de nuevo después del largo puente Guadalupe-Reyes-Candelaria. ¡Felices fiestas!


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Enrique F. Pasillas

Enrique F. Pasillas

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