Opinión

Una respuesta a José de Jesús Altamira / Carta a Sicom

El viernes pasado, José de Jesús Altamira, titular de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (Sicom) del Gobierno del Estado, salió en defensa del paso a desnivel del Campestre al asegurar que en ese punto “hay una afluencia de alrededor de 70 mil vehículos, desde ahí hay un costo beneficio de impacto de infraestructura; si le ponemos las horas hombre que hay por el tema de la retención estaríamos hablando de ahorros de tres millones de pesos mensuales y casi 40 millones anuales, estamos hablando de que en prácticamente dos años la inversión se recupera sin hablar del impacto ambiental del gasto por gasolina”.

La defensa de Altamira hace evidente que la Sicom analiza estas inversiones a través de la visión más simplista de un análisis costo-beneficio (no social) y muestra la estrechez con que se toman las decisiones de obra pública en el estado. ¿Por qué? Veamos.

  1. El secretario no explica los supuestos a partir de los cuales asegura que, al contabilizar las horas hombre, se generarían beneficios equivalentes a tres millones de pesos mensuales o casi 40 millones de pesos anuales. ¿Según qué evidencia y en qué se funda tal afirmación? Tampoco queda claro cómo demuestra, según sus anuncios publicitarios, que se generarían ahorros de diez minutos gracias al paso a desnivel. Aun así, esos análisis serían deficientes pues asumen que el uso del automóvil en el estado se mantendrá constante en los próximos años. Desde luego, no será así. ¿Por qué? Porque nuevos pasos a desnivel pueden generar e inducir un nuevo y creciente tránsito de vehículos que, en el mediano y largo plazo, no hará sino mantener los mismos niveles de tráfico. Esto se debe a la demanda inducida que ocurre cuando el aumento de la oferta de un bien (vialidades, en este caso) hace que la ciudadanía demande más del mismo porque será más barato usar el automóvil al reducir los tiempos de traslado y el consumo de combustible. Un análisis serio debería considerar el aumento del uso del automóvil en un plazo mayor, lo cual reduciría los supuestos beneficios (existe evidencia empírica al respecto: https://goo.gl/TzxErX y https://goo.gl/AyDmhz).
  2. El análisis de Altamira no evalúa si la ciudadanía en su conjunto, no únicamente un grupo reducido de usuarios de esa infraestructura, estarán mejor con esa inversión. Por eso sólo toma en cuenta el costo de construcción y no los costos sociales que resultarán del proyecto, incluyendo aquellos generados por un mayor uso del automóvil; por ejemplo: aumento en la frecuencia y severidad de accidentes viales; incremento en las emisiones contaminantes; externalidades negativas en la salud y el medio ambiente por peor calidad del aire; aumento en los niveles de ruido; costos propios del proceso de construcción como más tráfico y más contaminación; pérdida de accesibilidad a negocios, servicios y al transporte público; reducción de la movilidad peatonal y ciclista; degradación del entorno urbano al crear espacios indeseables, inseguros y subutilizados como los bajo puentes; y pérdidas en el valor de las propiedades cercanas al crear áreas menos atractivas. Así como Altamira intenta monetizar los beneficios por supuestas reducciones en los tiempos de viaje, también debería monetizar los costos sociales a mediano y largo plazo para realmente determinar la rentabilidad social, económica y ambiental del paso a desnivel. Otra vez la misma contradicción: poner al auto por encima de las personas.
  3. El secretario Altamira haría bien en explicar por qué los pasos a desnivel son la mejor o única solución a los problemas de tránsito en comparación con otras alternativas; por ejemplo, ¿por qué no invertir en modernizar la infraestructura para el transporte público? Si de bien común se trata, invertir en transporte público e infraestructura peatonal y ciclista sería más equitativo, pues, según el Plan Estatal de Desarrollo de la actual administración, el 62 por ciento de los viajes diarios en Aguascalientes se realizan en estos modos de transporte, en comparación con 33 por ciento en automóvil. Entonces ¿por qué concentrar de manera desproporcionada la inversión pública en infraestructura para el automóvil? ¿Por qué no apostar por la transformación del transporte público? Por falta de visión estratégica y de capacidad política para emprender una política genuinamente responsable como ésta.
  4. El diseño y la implementación del proyecto se ha realizado en secrecía y opacidad; lejos parece haber quedado aquel discurso de campaña de apertura y cercanía a la ciudadanía. La reunión que Altamira dice haber sostenido con “los miembros del Rotario del Campestre”, no es, en absoluto, un proceso mediante el cual se haya informado o tomado en cuenta la opinión de ciudadanos interesados; es decir, no representa un mecanismo real de participación, sino de exclusión.
  5. No se trata exclusivamente del paso a desnivel del Campestre. Se trata de superar un paradigma de la movilidad urbana característico del siglo pasado, mediante el cual se buscaba ampliar la capacidad vial a través de nueva infraestructura para facilitar el tránsito de automóviles. Hoy se sabe que esa visión cortoplacista fue un fracaso al incentivar un mayor uso del automóvil, lo que resultó en mayor congestionamiento. Por eso ahora muchas ciudades en México y el mundo impulsan un nuevo paradigma que busca mover personas, no automóviles, de manera más eficiente (ej. tiempo de traslado y consumo de suelo o espacio), más sostenible (ej. emisiones contaminantes y consumo de combustible), y más equitativa (ej. ingresos y gastos de las personas).  
  6. Aguascalientes parece estar replicando los mismos y graves errores que muchas otras ciudades ya cometieron. De ser así, lejos quedaría esa idea del Aguascalientes planificado. En otras palabras, estamos dejando pasar la oportunidad de aprender de los errores de otros para diseñar mejores políticas públicas que realmente eleven la calidad de vida de todos. Sin embargo, todavía podemos transitar de una visión estrecha y cortoplacista a una más responsable, de largo plazo, que realmente trascienda. La actual administración estatal se retirará en cinco años, pero las consecuencias de sus acciones continuarán. Estamos a tiempo de impulsar un estado menos motorizado, menos congestionado, menos contaminado, más equitativo y más humano. Aguascalientes podría ser ejemplo de cómo sí se puede: no dejemos pasar la oportunidad.

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Fernando Granados

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