Opinión

Yerbamala / La inconstitucionalidad de la “Ley de seguridad interior”

Militarizar la vida pública no puede ser la solución ante los graves problemas de violencia, conflictos sociales, corrupción e inseguridad que padece la nación. Pero el caso es que con una más que dudosa legitimidad, provista por tan solo 248 diputados federales (los otros 252 estaban muy ocupados como para debatir y votar dicho asunto o bien votaron dignamente en contra) se acaba de aprobar una iniciativa de ley de “seguridad interior” al modo exigido por las fuerzas armadas ante su imperiosa necesidad de legitimar la cuasi ocupación militar del país, dada la manifiesta incapacidad de los tres órdenes de gobiernos civiles para contener la violencia y el crimen organizado a lo largo y ancho del país. Es por ello que diversas organizaciones de la sociedad civil (Artículo 19, Amnistía Internacional) no han dudado en calificar dicha iniciativa de regresiva, lo mismo que han hecho algunas representaciones en México de organismos internacionales (Representación en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos).

Así que dicha ley, en caso de aprobarse en sus términos, sería inconstitucional porque el artículo 129 de la norma fundamental dice con todas sus letras que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Y no es menor el asunto, porque los diputados federales, al asumir el mandato conferido por la soberanía popular estatuida en el artículo 39 constitucional, protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Pero, además, dicha iniciativa no solo es contraria a la Constitución, sino que significaría un error colosal, pues pretende legitimar la presencia castrense en las calles cuando queda ya demostrado después de 12 años de “guerra” contra el crimen organizado, que fue una decisión irresponsable, fallida y sangrienta. En un estado con auténtica separación de poderes, el camino de los diputados debería pasar por civilizar y no militarizar la seguridad pública, tomando todas las medidas pertinentes ante la grave crisis de seguridad y Derechos Humanos, para modelar y construir desde cero a las policías del país, pues el pegote en el Sistema Nacional de Seguridad que se pretende perpetrar no atiende de modo integral el problema más grave de cuantos padece México, pero si desdeña en cambio la idea del mando mixto. A los militares, el haber sido involucrados en temas de seguridad pública las ha afectado de muchas maneras. De entrada, en su prestigio institucional, al verse involucrados por una parte en actos de corrupción y por otra en la violación masiva de derechos humanos. También en el grave problema del que casi no se habla, relacionado con la deserción masiva de soldados. Así las cosas, la iniciativa aprobada por estos irresponsables 248 diputados, pasa ahora al senado, donde esperar que se remedie el entuerto sería mucho esperar. Así que tocará en primera instancia a los órganos autónomos del Estado Mexicano con facultades legales (CNDH, por ejemplo), impugnar la constitucionalidad de dicha ley ante la SCJN, usando las herramientas del estado constitucional de derecho contra el más reciente despropósito legislativo de “nuestros” diputados. El debate sobre este tema se puede seguir en redes sociales bajo el hashtag: #SeguridadSinGuerra

 

Tapados y destapados

El sexenio terminó para efectos prácticos con la noticia de que entre los casi cinco millones de militantes que el PRI dice tener en el país, el dedo del aprendiz de secretario y las demás “fuerzas vivas”, eligieron a un no priista. En el caso, a un calderonista. Será que lo escogieron porque no se sabe todavía que se haya robado nada, pero lo cierto es que un partido que elige a un candidato que no es militante de su partido, dice muchas cosas sin decirlas. Admitiendo entonces la risible explicación de la “sagacidad presidencial” o de que se optó por un cuadro “técnicamente dotadísimo”, podría decirse que dicho destape significa simplemente la menos mala de las alternativas posibles para el poder ante la multiplicidad de encuestas y estudios demoscópicos que ponen al vetusto partido de tres colores en el fondo de las preferencias electorales en 2018. Conviene entonces no olvidar que el flamante precandidato es el mismo ex secretario de hacienda del gasolinazo, la devaluación del peso, el estancamiento económico y la deuda pública incontrolada de las entidades federativas; así como el máximo responsable, junto con sus jefes, de los contratos a Odebrecht y OHL, de la “estafa maestra”, o de la quiebra técnica de al menos siete universidades públicas.

 

A la luz de los hechos, cabe preguntarnos si más allá del dedo “vicepresidencial”, importa lo que piensan los priistas. Y hay más preguntas: ¿Siendo Meade ya candidato, se asumirá como parte del régimen que lo eligió?,¿o se deslindará de sus hacedores sexenales (Calderón, Videgaray y peña)? ¿el aparato del PRI es capaz de hacerlo presidente al estilo Calderón (haiga sido como haiga sido) ?, ¿Será capaz un reputado tecnócrata al servicio del régimen de construirse un carisma del que no parece especialmente dotado, o se quedará desconectado de los votantes al estilo Labastida y Madrazo?

Por otra parte, el frente que ni es ciudadano ni es por México, hace agua y se desgaja, entre otras cosas, por tres razones importantes: el no-método de selección del candidato, la falta de un programa creíble y atractivo, y también falta de propuestas y carisma de sus precandidatos. Así pues, el disenso frentista es el claro resultado de la suma de ambiciones y personalismos desbordados que tienen nombres y apellidos. Al final, Anaya podrá ser candidato, pero dejando muchos cabos sueltos en el camino. El más evidente: la señora Calderón. Así que, ante la debilidad de la oposición, habrá que tener presente que los casos del Estado de México y Coahuila demuestran que las instituciones electorales (IFE, Tribunal Electoral y Fiscalía Electoral acéfala) están claramente al servicio del interés transexenal en juego.

 

Omubudsmanía hidrocálida

Ante la grave crisis de Derechos Humanos (México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio, dice Amnistía Internacional, https://goo.gl/RZPveL, 22 de febrero de 2017) de cuyo contexto Aguascalientes no puede escapar; es claro que para que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sirva a su propósito, debería dejar de ser una institución colonizada por los amigos y compromisos del gobernador en turno y sujeta al poder, para ser la defensoría del pueblo, una institución de servicio público y un auténtico órgano autónomo de Estado con especial énfasis en el servicio a la ciudadanía. Y entre ella, al servicio de las minorías menos favorecidas. Pero no se ve manera ante un método de selección tan opaco como carente de transparencia, que abona poco y nada a legitimar dicha institución ante la ciudadanía. Así las cosas, no importa cuál candidato acabe siendo elegido si la ominosa inercia se mantiene ante los ingentes retos de la garantía cotidiana de los Derechos Fundamentales. Vale decir sin embargo que entre los candidatos hay un perfil que tiene antecedentes de un trabajo serio y comprometido por los derechos humanos desde la Sociedad Civil, lo cual no es mala idea para contrapesar al poder. Su nombre es Wilfrido Salazar Rule.

COLA. En en su noveno aniversario, vaya un sincero reconocimiento a todas las personas que hacen posible La Jornada Aguascalientes.

@efpasillas

 


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Enrique F. Pasillas

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