Opinión

Coordinación General de Movilidad, algunas reflexiones / Agenda urbana

 

En días recientes, el Gobierno del Estado anunció la creación de una nueva Coordinación General de Movilidad (CMOV) que absorbió, entre otras, las facultades de la Dirección de Transporte Público de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot). Esta reestructuración institucional, que, hasta el día de hoy, es sólo un trámite administrativo, podría significar el punto de partida mediante el cual se promueva un nuevo marco institucional y de gobernanza que permita planificar y gestionar la movilidad urbana de manera más eficiente. Sin embargo, existen grandes retos y un largo camino por recorrer. Veamos.

Los marcos institucionales y de gobernanza son las estructuras mediante las cuales las decisiones políticas, técnicas y financieras se traducen en la asignación de recursos y el establecimiento de prioridades para implementar planes, programas y proyectos de movilidad urbana. No importa qué tan buenas sean las recomendaciones de política pública, su implementación depende de qué tan aptas sean estas estructuras institucionales y de gobernanza para implementarlas y gestionarlas  (ONU Habitat, 2014).

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Por años, el marco institucional y de gobernanza para la gestión de la movilidad ha sido profundamente deficiente; principalmente, porque suele gestionarse de manera fragmentada, es decir, mediante diversas instituciones de distintos niveles de gobierno con distintas responsabilidades. Ello implica que las políticas se diseñen de manera fragmentada y que diversas acciones de movilidad resulten contradictorias; tal es el caso de acciones contrarias a la movilidad urbana sostenible que implementa aceleradamente la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

En este contexto, la creación de una coordinación que gestione la movilidad urbana puede ser el primer paso para la integración del sector. Desafortunadamente, de acuerdo con casos similares, la reestructuración institucional u organizacional frecuentemente resulta en poco más que el cambio de nombre de algunas instituciones y el reacomodo de algún organigrama. ¿Por qué?

Primero, porque, si bien cada vez existe mayor aceptación de la necesidad de reestructurar las instituciones y la gobernanza para impulsar la movilidad sostenible, también existe una fuerte resistencia al cambio en aquellas instituciones con una cultura técnica y burocrática anticuada pero profundamente arraigada. Por ello, se requiere un fuerte liderazgo político (léase gobernador) que permita a las distintas instituciones entender el porqué del nuevo arreglo institucional; sin ese liderazgo, las aspiraciones de impulsar una visión más integral de la movilidad podrían a fracasar.

Segundo, porque suelen asignarse pocos recursos a estas nuevas instituciones para diseñar, planificar e implementar planes, programas y proyectos de movilidad. Es decir, el principal desafío para las instituciones de movilidad en el ámbito mundial es quizás la falta de financiamiento sostenido no sólo para desarrollar infraestructura y servicios de transporte, sino también para desarrollar capacidad técnica e institucional altamente especializada.

Tercero, porque suele subestimarse la importancia del desarrollo profesional y la capacitación del personal técnico y de los líderes políticos para atender las necesidades de la movilidad urbana. El desarrollo profesional en materia de movilidad es fundamental para facilitar el diálogo político-técnico; mejorar la comunicación entre los sectores público y privado; y mejorar el diálogo del gobierno con la sociedad. Para ello, con frecuencia se requiere implementar proyectos piloto de nuevos procesos de diseño, planificación y gestión, que permitan a las instituciones entender y resolver distintos problemas y retos antes de avanzar hacia la implementación de mayor escala.

Cuarto, porque la colaboración interinstitucional entre organizaciones responsables de la planificación, gestión y operación de la movilidad y las organizaciones de planificación urbana suele ser deficiente. En este sentido, establecer la colaboración eficiente es uno de los principales desafíos para las autoridades de movilidad, especialmente con aquellas instituciones en las que prevalece el pensamiento aislado y excesivamente sectorial como es el caso de la Secretaría de Obras Públicas. La creación de una coordinación para proporcionar una dirección estratégica en la toma de decisiones de movilidad puede ser un paso importante para la acción coordinada, siempre y cuando cuente con el respaldo decidido del gobernador.

Ante estos retos, la nueva coordinación debería promover una visión de largo plazo para el estado; el reto no es fácil considerando que instituciones que actualmente cuentan con mayores recursos como la Secretaría de Obras Públicas, tienen una visión sumamente estrecha y cortoplacista de la movilidad. Igualmente, debería construir un mayor apoyo social y político para implementar programas, planes y proyectos integrales de movilidad que permitan desincentivar el uso del automóvil. ¿Cómo? Avanzando hacia un sistema de transporte competitivo, seguro y eficiente que integre el transporte público, la bicicleta y la movilidad peatonal. Además, debería liderar las facultades estatales en materia de planificación, gestión y regulación de la infraestructura para el transporte público y privado y no motorizado; además de la colaboración con autoridades relevantes de los tres órdenes de gobierno en aspectos relacionados con la movilidad, como la planificación y el desarrollo urbano, la protección ambiental, la salud pública y la seguridad.

 

En conclusión, los desafíos de la movilidad urbana sólo pueden atenderse si realmente se entienden como desafíos políticos que requieren liderazgo, compromiso y convicción, y no solamente como desafíos meramente técnicos que requieren soluciones técnicas correctas. Esperemos que este nuevo arreglo institucional no quede solamente en el papel; ojalá sea una nueva oportunidad para transformar y modernizar la visión, las políticas y las acciones de movilidad urbana en el estado. Al final, lo más importante no es el marco institucional y de gobernanza per se, sino la calidad de los resultados.

 

[email protected] / @fgranadosfranco

 

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Fernando Granados

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