Sociedad y Justicia

Amparo histórico en Aguascalientes en caso de feminicidio: Tribunal Colegiado ordena reabrir el caso

 

  • Cinco años tardó la respuesta de las autoridades para que el Ministerio Público investigara un caso de probable feminicidio que fue cerrado como suicidio
  • Actualmente en Aguascalientes, las muertes violentas de mujeres que son reportadas como supuestos suicidios se cierran sin llevarse a cabo una investigación con perspectiva de género que garantice la verdad de las familias

 

A pesar de que existen protocolos que determinan que toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada como feminicidio y con perspectiva de género, tomando en cuenta los antecedentes previos de violencia contra la víctima, en Aguascalientes los suicidios no son investigados con este enfoque violentando los derechos de las víctimas y negándoles a las familias el acceso a la verdad.

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En mayo de 2013, el entonces esposo de Yovanna Yaneth Torres Briseño avisó a su familia que ella se había suicidado en su domicilio. El Ministerio Público determinó que había sido un suicidio y que su muerte no era atribuible directa o indirectamente a las acciones u omisiones de persona alguna, ni existían huellas o indicios de violencia ejercida contra ella, concluyendo en el no ejercicio de la acción penal.

Ante esto, la familia de Yovanna no estuvo conforme con la decisión y acudieron a diversas instancias gubernamentales, hasta llegar al Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM) de la administración pasada, quienes promovieron un amparo contra dicha determinación, el cual se concedió para el efecto de que se dictara otra -que podía ser en el mismo sentido o en uno diverso-, pero purgando los vicios formales que la afectaban, es decir, fundar y motivar correctamente su determinación. En cumplimiento al amparo anterior, la autoridad responsable -Ministerio Público- volvió a determinar el no ejercicio de la acción penal, sin fundar y motivar debida y jurídicamente y con perspectiva de género, y sin realizar nuevas investigaciones. Sin embargo, el IAM no informa debidamente a la familia sobre esta resolución diciendo que se había ganado el amparo y el caso se iba a reabrir, lo cual era falso.

En agosto de 2016, el Observatorio tomó el asunto de manera legal, promoviendo un nuevo amparo contra la resolución anterior del no ejercicio de la acción penal que había determinado el Ministerio Público. Respecto a este amparo, en marzo del 2017, el juez primero de Distrito resolvió lo siguiente:

“Del material probatorio se desprendía la sospecha de que la occisa era víctima de violencia ejercida en su contra, suficiente para que el Ministerio Público se diera a la tarea de investigar con perspectiva de género y recabara más pruebas; en este caso no se protegió el lugar de los hechos ni la cadena de custodia, no se recogió ninguna evidencia de dicha escena, no se realizaron las diligencias mínimas de investigación y los peritajes realizados no dan cuenta de la complejidad de los hechos, son imprecisos e incluso omisos, y además, no fueron realizados con perspectiva de género”.

Esto dejó en evidencia que no se realizaron los peritajes establecidos para determinar si la muerte violenta de Yovanna se trató de un feminicidio, no se llevaron a cabo las diligencias necesarias que dieran a la familia el acceso a la verdad y a la justicia. El Ministerio Público no hizo su trabajo conforme lo establecido por los protocolos nacionales y las sentencias hacia el Estado Mexicano entre ellas la de González y otros (Campo algodonero).

Aunque la sentencia de amparo anterior fue favorable para la familia en cuanto a solicitar a la autoridad responsable que realizara de nuevo la investigación con perspectiva de género de acuerdo a los protocolos existentes y llevando a cabo los peritajes necesarios, no se determinó ninguna acción para la autoridad que fue omisa y negligente, por el hecho de no realizar la investigación con la debida diligencia y cerrando el caso como suicidio, por lo cual, por parte del equipo jurídico del Observatorio se promueve la revisión del amparo con la finalidad de que se responsabilizara a la agente del Ministerio Público, a la Vicefiscalía y a la Fiscalía del Estado por no haber actuado conforme con la debida diligencia y como lo marcan los protocolos en la materia, por la omisión y negligencia en su actuación en perjuicio de la familia y de la víctima, obstaculizando de esta forma el acceso a la justicia y a la verdad.

El 18 de enero de este año, el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, resuelve que se concede el amparo respecto a los actos reclamados a la Agente del Ministerio Público número Nueve, adscrita a la Dirección General de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, consistentes en la omisión de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer en el caso específico; y la omisión de garantizar la regularidad en la integración y determinación de la averiguación previa.

Es por esta razón que la sentencia de amparo dictada es un parteaguas en cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas y sus familias, hace visibles las omisiones en la actuación de la Fiscalía General del Estado por no investigar con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres y marca las directrices a seguir en procesos similares que estén llevando actualmente las familias. Este amparo es un hecho histórico para nuestro Estado y se suma a las luchas de otras familias en algunas partes del país como la sentencia de Mariana Lima.

 

Con información de la Ovsga

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