Opinión

Las muertes violentas sin control / Punto crítico

 

Cuántas muertes más serán necesarias

para darnos cuenta de que ya han sido demasiadas

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Bob Dylan

 

Ya nos acostumbramos a que en periodos de elección el tema de la seguridad es tomado como bandera política por los candidatos de todos los partidos a lo largo y ancho del país, y no precisamente para plantear sus propuestas o nuevas estrategias aplicables aquí, sino más bien para la denostación y el ataque ante los casi nulos resultados que por años se han tenido en la materia.

La sensibilidad que en la población causa el tópico y frente a las cifras que crecen hasta en aquellas entidades consideradas como “tranquilas”, es definitivamente imperioso que este asunto no se deje más a las buenas intenciones, sino a la actuación eficiente y oportuna de los gobiernos y de las corporaciones.

Recordemos que el año 2017 fue el más violento para México, alcanzando el nivel más alto de homicidios en los últimos 20 años, con una tasa de 20.5 por cada 100 mil personas, y en donde el acceso a las armas de fuego fue y sigue siendo un factor clave del aumento de este delito.

Hay otra cifra que preocupa: cada año llegan a nuestro país cerca de 213 mil armas de fuego desde Estados Unidos, lo que ha sido un factor clave en el alza de las muertes dolosas, que además hoy no distinguen sexo, ni edad, ni condición, ni posición, ni religión.

De acuerdo con la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, casi la mitad de las armas de fuego de origen norteamericano recuperadas en México son largas, e incluyen rifles semiautomáticos de alto calibre, como las variantes AK y AR, preferentemente utilizadas por la delincuencia organizada.

Ante ello, los legisladores en Estados Unidos tienen la obligación incluso moral, de tomar medidas para fortalecer las leyes de armas en un esfuerzo por mejorar la seguridad pública dentro y fuera de las fronteras de la Unión Americana; pero al mismo tiempo nuestros gobernantes deben hacer lo propio para abatir estos índices.

Vayamos a las cifras del estado. En 2017 Aguascalientes figuró entre la lista de las entidades con mayores porcentajes de homicidios con un alza del 119 por ciento, sólo por debajo de Nayarit con 554% y Baja California Sur con 192%, de acuerdo a la Organización Semáforo Delictivo.

Así, por cada 100 mil habitantes la entidad alcanzó un promedio de 6.4% de los homicidios y en ejecuciones un 45%, señala el reporte de Semáforo Delictivo con cifras al cierre del año anterior. Fueron 81 los asesinatos que el año pasado se perpetraron concentrándose un 68% del total de estos hechos en la capital, seguido por Jesús María con el 11%; Tepezalá 11%; Calvillo 5% y Rincón de Romos 5%.

El gobernador Martín Orozco Sandoval ha señalado textualmente “todos los homicidios (…) no dejan de estar vinculados con gente que vende la droga, no es un tema que me tenga tranquilo, también hay que combatir eso; peor sería que se metieran con la sociedad civil, con los empresarios, es entre ellos mismos, pero también no es nada favorable porque desde ahí empiezan y tenemos que frenarlo”.

¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta que todos los ciudadanos y especialmente aquellos que de una u otra forma han sido afectados directamente por estos hechos, nos hacemos todos los días.

Las estrategias no han servido; la coordinación entre corporaciones tampoco es efectiva, los recursos que se canalizan a este apartado nunca serán suficientes. De esto deben partir los candidatos a ocupar un puesto de elección popular para presentar propuestas reales, y más aún ante el desencanto que ya generan las críticas que se avientan de un lado a otro de lo realizado en las actuales o pasadas administraciones.

 

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Leticia Medina

Leticia Medina

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