Opinión

Críticas a la Ley General de Archivos / Cinefilia con derecho

Clint Eastwood, en la mayoría de sus entregas, nos deslumbra en cualquiera de las facetas de su multifacética carrera, ya sea actuando o a la batuta de productos que le han valido varios galardones. Su cine explora lo norteamericano desde diversos tópicos, lo mismo la aparente parsimonia rural de la fascinante Puentes de Madison (1995) el antihéroe que tanto sugestiona a los gringos (la serie de Harry el sucio) o la defensa de la guerra contra Irak de American Sniper (2014). J. Edgar es una cinta del año 2011, producida y dirigida por el veterano, aborda la vida del poderoso director del Buró Federal de Investigación estadounidense durante casi cinco décadas, principalmente sus preferencias gay y la relación con su más cercano colaborador. Definitivamente la actuación de Leonardo DiCaprio como Edgar Hoover es lo mejor de la película.

Además del tema del espionaje y la presunta homosexualidad de Edgar, la cinta nos muestra la sistematización y organización de archivos e información: el director del FBI en años previos a esta encomienda, habría participado en la creación de fichas de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, técnica que trasladó al ente de persecución del delito y le fue útil para mantener un control no solo con la criminalidad, sino además sobre actores políticos, activistas e incluso los propios presidentes del vecino del norte. Efectivamente, la adecuada ordenación de la información, es un requisito sine qua non para poder construir diques al poder, por eso es importante la aparición de la Ley General de Archivos, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 14 de junio de 2018, y que vendrá a crear una homogeneidad en todos los entes públicos del país para que manejen de la misma forma toda su estructura archivística, lo que se traducirá en una más sencilla la consulta ciudadana. No me centraré en una síntesis de la ley, pues mi compañero de páginas Salvador Vázquez lo hizo hace unas semanas (https://goo.gl/XkxuAC) abundaré en realidad en varias críticas a la norma, sin que por ello se deje de reconocer lo importante de ella.

En primer lugar, traigo aquí una debilidad que fue comentada constantemente en el foro por el Día Internacional de Archivos realizado la semana pasada por el INAI y el AGN: se hicieron las cosas al revés, primero legislamos en torno a la transparencia y después en cuanto a los archivos. Además de esta incoherencia, me parece que esta situación es un ejemplo de la fragmentación de toda nuestra rendición de cuentas, una idea que ya había expresado antes en artículos académicos y en la propia columna: queremos crear un enorme sistema anticorrupción y en la práctica se están estableciendo un montón de subsistemas que pueden crear una inconsistencia, esto lo retomaré en el tercer argumento contra la ley.

En segundo lugar, es un eslabón más de un moderno centralismo jurídico que está generalizando la mayoría de las materias administrativas y que pareciera atentar contra el federalismo o al menos lo transforma en una organización sui generis, que se aleja de la forma tradicional en que entendíamos al estado federal. A las materias electoral, penal procesal, de transparencia, anticorrupción, de leyes de responsabilidades administrativas, fiscalización entre otras, ahora se suma la de archivos. En este caso hay un elemento extraño además: el Archivo General de la Nación será cabeza de todos los trabajos ya federales, estatales, municipales o autónomos, sin embargo, su nombramiento depende del poder ejecutivo federal ya que es un descentralizado.

La tercera crítica: lo que debería ser un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas está fragmentado y puede colapsar en todos los subsistemas que estamos creando: de Transparencia, Anticorrupción, Fiscalización, Armonización Contable y ahora el de archivos. Además, cada sistema genera sus propias bases de datos, plataformas, softwares, lineamientos, reglamentos, reuniones, comisiones y un largo etcétera. En la práctica, todo lo anterior se traduce en una enorme carga de control interno para los entes gubernamentales, una gran cantidad de recursos distraídos de su competencia original, para completar formatos, abastecer plataformas, cumplir requisitos, atender auditorias de toda índole. En J. Edgar la clasificación de la información sirvió para una mejor toma de decisión, en nuestro caso, no sé si la pléyade de sistemas, provoque justamente lo contrario.

 

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Rubén Díaz López

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