Opinión

¿El gol final en el mundial de Enrique Peña Nieto?: Fin de las vedas para dar agua a través de concesiones

Por si no estabas enterado, el 6 de junio del 2018, fueron publicados 10 decretos en el Diario Oficial de la Federación, por sus siglas DOF, firmados por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, que tienen como finalidad suprimir las vedas en cerca de 300 cuencas hidrológicas del país, que representan el 55 por ciento de lagos, arroyos y ríos del territorio nacional, estableciendo zonas de reservas parciales de aguas superficiales para uso doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica, es decir, se desaparecen o eliminan prohibiciones que desde 1931 y hasta el día inicialmente referido, tenían como fin evitar que las regiones hidrológicas 12, 14, 15, 19, 20, 25, 26, 28 y 30 en México fueran sobre explotadas.

Lo acción anterior, fue justificada por el Gobierno Federal, alegando que, en las cuencas mencionadas, existía un estatus de disponibilidad en la salida de agua en estas unidades, lo que hace dudar de la buena intensión de los decretos, ya que uno de los grandes retos en materia de agua en el país, es contar con un verdadero sistema de macromedición, que permita tener contabilizadas de forma fehaciente la disponibilidad de agua, no bajo aproximaciones o estimaciones, sino con datos lo más exacto posibles.

El levantamiento de vedas, vigente a partir del 7 de junio del 2018, es decir, un día después de la publicación de los decretos señalados, otorga en gran medida seguridad jurídica para el aprovechamiento del agua a quienes tienen y tengan las concesiones, que sobre todo son grandes corporativos y empresas nacionales y trasnacionales, extinguiendo vedas que no obstante que existían, habían sido violadas de forma sistemáticamente por la Conagua a lo largo de 29 años.

Aunque estos decretos están siendo promovidos por el Gobierno Federal, la Conagua y WWF México, como medidas tendientes a crear reservas parciales de aguas superficiales para uso doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica, los contenidos que en estos documentos figuran, contemplan como ya se dijo, las figuras de las concesiones como posibilidad  mediante la cual organismos privados pueden acceder al control de este recurso, sobre todo en cuencas donde antes era legalmente imposible.

Así, ninguno de los decretos cuestiona el sistema de concesiones hoy vigente, que es violatorio del derecho humano al agua consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ni garantiza la participación efectiva y real de la ciudadanía, de los productores sociales, de los pueblos indígenas y de la población en general, ni mucho menos permite que toda persona acceda, disponga y reciba el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, por parte del Estado. El esquema de concesiones no es garante de acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, como refiere el artículo 4 citado, que consagra el derecho humano al agua desde 2012.

Los 10 decretos, también extinguen los derechos de agua de diversos núcleos agrarios, ejidos, comunidades indígenas y pueblos, que no fueron renovados en tiempo y forma, ya que indican estos que, las concesiones o asignaciones otorgadas antes de su entrada en vigor, serán reconocidas solamente si cuentan con título vigente. Hoy en día, existen 50 mil concesiones fuera de ese parámetro en todo el país, así que tal parece que la Conagua, reasignará dichas concesiones a las mineras y petroleras que los están exigiendo, en lo que parece ser, el mecanismo ideal para quitar a quienes tenían y dar a quienes necesitan con motivo de la Reforma Energética.

Es importante, no perder de vista, que si bien los decretos se basan en la aún vigente Ley de Aguas Nacionales, que tendría que haber sido sustituida por una nueva desde febrero del 2013, de conformidad con el transitorio tercero de la reforma que se efectuó el 08 de febrero de 2012 al artículo 4 de la Ley Suprema en el país, hoy en día se está gestando, aunque dicen que está en la congeladora, el proyecto de una nueva Ley General de Aguas, conocida también como Ley Pichardo, que al igual que la actual, parece deja en el olvido, el derecho humano al agua y pierde por tanto su fin por garantizar la no discriminación, la asequibilidad, la accesibilidad, la calidad y la disponibilidad de agua a todos los que habitamos el territorio mexicano.

Uno de los puntos más preocupantes en los 10 decretos, es que ninguno menciona el derecho humano al agua en sus contenidos, ni siquiera hacen alusión a la garantía consignada en el artículo 4 de la Carta Magna que habla sobre ese respecto,  siendo ese tema el que debería figurar como centro de cualquier política hídrica en México.

La asignación de volúmenes para uso doméstico y público urbano, consagrados en los decretos que nos ocupan, si son mal utilizados por el Estado, abren la puerta para un consecuente privilegio y destino del agua al esquema de concesiones, que como siempre, privilegia a unos cuantos, otorgando grandes asignaciones hasta por 50 años a la iniciativa privada, para que esta sea la que maneje el agua bajo la figura de concesión que en México se ha utilizado como camuflaje de la privatización de forma reiterada.

Por tanto, aunque la palabra concesión y privatización son dos cosas distintas, en México, parece ser una conducta habitual, usar la primera de estas como simulación para acercarse a la segunda. Y aunque en los decretos firmados por Peña Nieto, no aparece efectivamente la palabra privatización, si aparece la de concesión en todos y cada uno de ellos.

Cada decreto indica que las reservas para uso ambiental o para la conservación ecológica podrán ser concesionadas aguas abajo, estableciendo la necesidad de un aprovechamiento máximo de las aguas para el desarrollo económico, viendo como desperdicio los volúmenes de agua que llegan al mar, ¿es en verdad esto como refiere WWF, garantizar la disposición de agua para la población y la naturaleza? O por el contrario ¿son las bases para mercantilizar el recurso agua, bajo el parapeto del desarrollo económico?

Sin duda alguna, tal y como refiere WWF México, estas nuevas reservas de agua transformarán el manejo del agua en el país, y agregamos, ya que se privilegia la concesión del vital líquido, desapareciendo las vedas que obstaculizaban al mercado entrar con todo y de lleno a este sector, en decremento de la sociedad, las comunidades rurales e indígenas, universidades, centros de investigación y, a favor de los gobiernos municipales, estatales y Federal, quienes desde 2005 vienen gestando a través de la Conagua, WWF México, Fundación Gonzalo Río Arronte, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros, estos artilugios.

La entrada en vigor de estos decretos significa que no habrá impedimento legal para la extracción de agua en estas cuencas, siendo la Conagua la que de forma discrecional, como hasta hoy viene ocurriendo, sea la que se encargue de decir a quienes sí les otorga concesión y a quienes no y ¿adivinen qué va a ocurrir?, ¿a quienes creen que sí les va a otorgar dichas concesiones y a quienes se las va a negar?

¿Cómo es que eliminar las vedas, mediante estos decretos, protege ambiental y ayuda a conservar ecológicamente las cuencas implicadas?, parece un absurdo, una vil contradicción, ya que la supresión de las vedas que existían en las diferentes regiones hidrológicas, posibilita hoy en día, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas superficiales disponibles en cada una de ellas. Constituyendo este acto, lo que parece ser el gol final de Peña Nieto, luego del escándalo de la Casa Blanca y del relativo a Odebrecht, el Gobierno Federal en turno declara terminadas las vedas que por tiempo indefinido, impedían el otorgamiento de concesiones para aprovechar aguas de diversos ríos del país, así como de sus afluentes y subafluentes que constituyen las cuencas tributarias.

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Francisco Jalomo Aguirre

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