Opinión

Mucho ruido y ¿muchas nueces?

En las cuestiones recientes sobre la teleología de los 10 decretos de reservas de agua parciales, y el porqué, si no se encuentra textualmente la palabra “privatización” en los documentos publicados por el Diario Oficial de la Federación, dan para tanta discusión, conviene tener como referencia reciente la reforma energética. Sobre esa reforma en particular, más allá de sus intenciones declaradas en transformar la matriz energética, tiene implicaciones importantes en temas de acceso y prioridades de uso del suelo; un recurso tan indispensable como el agua. No establece específicamente un esquema de expropiación, sin embargo, en las leyes que forman la estructura de la mencionada reforma, sí hay elementos claros que nos dan el panorama de las tendencias en la política mexicana del sexenio en cuanto a prioridades de política económica, social y ambiental. ¿Cuál es el mensaje? La lectora o lector me permitirá aquí hacer una transcripción textual de algunos artículos de la Ley General de Hidrocarburos para tener más precisión en lo que sigue, pues si bien en la discusión se han mencionado constantemente los diversos artículos que tienen que ver con el tema, a veces no somos conscientes de cuán claramente nuestros derechos están consagrados en una ley y por qué algunas iniciativas entran en clara oposición con estos.

Según el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos “…la industria de Hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquéllas relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de esta industria.” Es decir que, ante la necesidad de esta industria de relevancia nacional, queda supeditado el contexto local y regional donde los impactos ambientales y sociales son más ciertos.

“Artículo 96.- La industria de Hidrocarburos a que se refiere esta Ley es de utilidad pública. Procederá la constitución de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial necesarias, para la realización de las actividades de la industria de Hidrocarburos, conforme a las disposiciones aplicables en los casos en los que la Nación lo requiera.

Las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.

La Federación, los gobiernos de los Estados y el Distrito Federal, de los municipios y de las delegaciones, contribuirán al desarrollo de proyectos de Exploración y Extracción, así como de Transporte y Distribución por ductos y de Almacenamiento, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia.” Entonces hay escasos escenarios donde la industria extractiva pudiera verse afectada en sus intereses. Aquí es interesante notar la incorporación de los gobiernos estatales y municipales en la promoción de la industria, algo que también podremos observar en los decretos de reservas de agua publicadas el 6 de junio de este año.

“Artículo 106.- En caso de no existir un acuerdo entre las partes, transcurridos ciento ochenta días naturales contados a partir de la fecha de recepción del escrito referido en la fracción I del artículo 101 de esta Ley, el Asignatario o Contratista podrá:

  1. Promover ante el Juez de Distrito en materia civil o Tribunal Unitario Agrario competente la constitución de la servidumbre legal de hidrocarburos a que se refiere el artículo 109 de esta Ley”, en otras palabras “el derecho de tránsito de personas; el de transporte, conducción y almacenamiento de materiales para la construcción, vehículos, maquinaria y bienes de todo tipo; el de construcción, instalación o mantenimiento de la infraestructura o realización de obras y trabajos necesarios para el adecuado desarrollo y vigilancia de las actividades amparadas por virtud de un Contrato o Asignación, así como todos aquéllos que sean necesarios para tal fin”, según el artículo 109.

Volviendo al tema en boga, con el agua llevamos décadas identificando esquemas de gestión del agua que van desde la ambigüedad, como en el caso de los recientes decretos referidos al inicio, hasta la privatización evidente, tanto en el ámbito local como en el internacional. En algunos casos ya han transitado el camino de la privatización, en particular en cuanto al manejo del agua en el ámbito urbano, y han comprobado que no es una panacea en la eficiencia de la gestión, volviendo a esquemas públicos de manejo (París, Hamilton, Kuala Lumpur, Dar Es Salaam y Buenos Aires). Cómo es que ha salido de la memoria colectiva “La Guerra del Agua” en Cochabamba en la cual la corporación Bechtel jugó el papel principal, pero donde también Abengoa se vio inmiscuida. Abengoa, para quienes se encuentran en el centro occidente del país y el nombre les suena familiar (El Zapotillo), también participa en los sectores infraestructura y energía; es decir el sector industrial con el que tratamos en la primera parte de este texto.

A pesar de los monumentales esfuerzos de la ecología profunda por valorar los elementos naturales del planeta por su propia existencia, podríamos afirmar sin miedo de equivocarnos, que el valor de recursos naturales en el ámbito mundial está dado en pesos y centavos, aunque probablemente más bien dólares. En este caso también hay que considerar la naturaleza económica de la industria minera, y en tiempos recientes una buena parte del sector hidrocarburos, en el caso de México es la generación de utilidades para propietarios y accionistas, pues no son empresas estatales con un objetivo distinto. Sin un juicio moral, sin esa condición la industria no se desarrolla.

Si el objetivo final de estos decretos es en realidad garantizar el agua primero para el uso humano y los requerimientos ambientales ¿por qué tenemos la Ley Pichardo a la vuelta de la esquina? ¿Padecemos de un ejecutivo y un legislativo bipolar? Sería tal la falta de coordinación que habría instrumentos contradictorios en el marco normativo y regulatorio de un recurso. Se argumenta que con estos decretos se prevé, con alguna proyección, la dotación de agua para 18 millones de mexicanos que están por nacer. Hoy en día el estado mexicano no ha garantizado lo establecido en el artículo 4 de la constitución en cuanto al derecho humano al agua que textualmente dice:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

Es decir, no cuenta con las capacidades técnicas, financieras, etc. para dotar del vital líquido a mexicanos que ya existen, son ciudadanos, votan, pagan impuestos o no los pagan y demás. ¿Cómo es que se pretende que se dé ese salto en garantizar el acceso universal al agua, solo con el argumento de que se está considerando a los mexicanos que están por nacer? Lo que nadie aborda con detalle es cómo se va a implementar la gestión y uso de agua en el país para que eso sea una realidad. No es porque no existan enfoques o aproximaciones exitosas, es porque las que aplican para llegar a ese objetivo explícito entran en oposición con los marcos legales y financieros que están establecidos y se buscan establecer en México.

Cualquiera que tenga el privilegio, no es sarcasmo, de trabajar día a día, de manera cercana con abogadas y abogados, sabrá a ciencia cierta lo sinuoso del camino de la aplicación de la ley. Consideremos además del decreto, o leyes en otros casos, toda la reglamentación y normativa que acompaña. Es decir, esos decretos no se ejecutan y operan solo con la firma del presidente de la República. Sumemos los procesos administrativos correspondientes y las múltiples instancias que tienen injerencia. Aquí vale la pena traer a colación otro ejemplo, las sentencias de Tribunales Administrativos que por cuestiones de procedimiento, echan a tierra dictámenes técnicos directamente relacionados con el tema que se quiere regular. Cierto es que se da dentro de un contexto de corrupción, pero también es parte normal de la estructura legal y administrativa en el país. ¿Adecuado? ¡De ninguna manera! ¿Legal? Sí.

Los decretos de cierta manera garantizan a los interesados el acceso a volúmenes de agua que les permitan desarrollar sus actividades económicas, o desde otras perspectivas, simplemente subsistir. Desde el punto de vista de la administración pública es claro que debe darse certeza jurídica a los inversionistas, pues sus derechos deben protegerse al igual que los de pueblos indígenas, comunidades, individuos, etc. Sin embargo, habría que priorizar; es claro que el papel regulador y de igualar el terreno que debería jugar el Estado se ha visto disminuido, y que constantemente se busca socavar este papel aún más. Para tener las mismas condiciones de acceso al agua, ¿cuál es el marco que deberíamos generar? Si el marco de gestión del agua en el país, es solo apuntalamiento de los esquemas de fomento económico entonces se tiene una perspectiva sesgada y será imposible remontar nuestra condición en términos de los compromisos internacionales sobre sustentabilidad, ambiente y derechos humanos. Como en el caso de la presa El Zapotillo, y el conflicto entre los Altos de Jalisco y Guanajuato, el garantizar volúmenes de agua puede implicar, dependiendo de las condiciones naturales de cada cuenca, trasvases. Ambientalmente es uno de los esquemas de manejo de agua más costosos, tanto en términos económicos como ecológicos. En estas esferas es prácticamente imposible que no derive en conflictos sociales. Se sigue trabajando desde una perspectiva netamente de infraestructura; el gobierno en todos los niveles debe apostar por la participación ciudadana, la vigilancia social, la capacitación. Es necesaria una gestión del territorio y aproximarse al manejo de ecosistemas tanto para el tema de abastecimiento de bienes y servicios ambientales, como para el tema de riesgo. Estos dos aspectos son cruciales en uno de los países más expuestos a los embates del cambio climático. ¿Los 10 decretos de reserva de agua incorporan elementos de manejo de cuencas desde esta perspectiva? No mencionan siquiera el artículo 4 de la Constitución, pero sí mencionan: “Que el artículo 6, fracciones II y III de la Ley de Aguas Nacionales, prevé la expedición, modificación o supresión de zonas de veda y de reserva de aguas nacionales superficiales, como una atribución que el Ejecutivo Federal puede ejercer siempre que existan causas de utilidad pública” y en el breve análisis inicial identificamos cuáles sectores también son considerados de utilidad pública. Si se quiere ser serio en alcanzar alternativas, para la resolución de los conflictos del agua falta fortalecer las instituciones, no solo las gubernamentales, sino la de los otros actores involucrados con el tema.

Otro punto fundamental en la discusión es las facultades que tiene el presidente de, por medio de un decreto, eliminar las vedas existentes en cuanto a concesiones para aprovechamiento de agua superficial o subterránea. Se ha mencionado claramente que WWF asesoró al Gobierno Federal en el tema de los decretos de reserva de agua, asumiendo que el presidente por su cuenta no tiene los elementos técnicos para decidir sobre cuáles cuencas y por qué habría que eliminar las vedas, podemos deducir que siendo parte clave de los decretos, el análisis técnico que justifique la medida tiene que venir de WWF.

La WWF en Estados Unidos, como muchas otras de las grandes organizaciones ambientalistas, tenía un endowment al 2013, una donación monetaria o en propiedad de la industria de los hidrocarburos, con un valor de 195 millones. Las relaciones de poder resultantes no pueden obviarse. Las empresas, con las muy útiles oficinas de RP utilizan estos esquemas para facilitar sus operaciones cotidianas, a esto se le llama lobbying. Esto que se menciona no es de nueva cuenta un juicio moral sobre la operación de los actores mencionados, son solo los elementos que deben tomarse en cuenta y que no pueden excusarse en un análisis comprensivo de la problemática.

¿Se privatiza el agua con los decretos? No. ¿Tendríamos que estar preocupados y ocupados? Mucho. Vigilemos la ejecución y operación de los decretos y garanticemos que la ambigüedad se convierte en un paso firme hacia la gestión sustentable del agua.

Hay otra lección que aprender, si el esfuerzo por alcanzar un acceso público universal al agua de calidad no ha cesado por quienes lo procuran, por qué habríamos de esperar que cesen los embates para su privatización y comercialización; sobre todo en un escenario donde el recurso, en las condiciones que lo necesitamos, es cada vez más escaso. Hay que prever que para que los esquemas de gestión del agua que estamos viviendo sean más rentables, irán acompañados de mecanismos para su restricción y disminución, aunque sea artificialmente inducido o en apariencia.

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Daniel E. Benet

Daniel E. Benet

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