Opinión

Ofensiva del Estado contra Ricardo Anaya

Sólo se comete un error. Lo demás son consecuencias

Álvaro Obregón

 

De manera insólita se ha advertido una embestida, por demás irracional y peligrosa, por parte del Estado para descarrilar la candidatura de Ricardo Anaya.

No es la primera vez que este gobierno utiliza las instituciones públicas para incidir en un proceso electoral. Recordamos cómo en plena contienda, la Procuraduría General de la República filtró información a los medios de comunicación, señalando que estaba investigando a la familia de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, por lavado de dinero.

Al final, la supuesta investigación resultó en nada. Sin embargo, el efecto fue devastador. Impactó de manera fundamental en la caída de las preferencias electorales de Josefina quien, después de esta filtración, ya no pudo colocarse en un lugar competitivo en la contienda mexiquense.

El uso indebido de las instituciones públicas con fines políticos o electorales es un práctica inadmisible, propia de los sistemas autoritarios. No solo vulnera nuestra frágil democracia, si no que pone en grave riesgo la estabilidad política, económica y social del país.

Por más que se quiera negar, los hechos son contundentes. Es una verdad tan grande como una catedral. El embate en contra de Ricardo Anaya ha sido muy bien planificado. Inicia desde que éste se propuso concretar la alianza con los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

Primero se intenta desestimar y desacreditar, por todos los medios y comentaristas que trabajan y cobran para el Gobierno Federal, la posible alianza. El fondo radica que esta circunstancia generó una gran expectativa que provocó una alerta en el gobierno y como consecuencia, pusieron en juego los instrumentos de que dispone el Estado con tres propósitos: Evitar que la alianza se consolide y que Ricardo Anaya siga creciendo y logre convertirse en candidato a la Presidencia de la República.

Igual que con Josefina Vázquez Mota, desde el mes de agosto del 2017, se filtra información de que se está investigando el millonario patrimonio de su familia política, que despegó justo cuando Ricardo Anaya formó parte del gabinete en el gobierno de Querétaro.

Al poco tiempo se difundía información de que Ricardo Anaya da una vida de lujo a su familia que vive en los Estados Unidos. De manera simultánea, el PRI y el gobierno aprovechan la coyuntura de la disputa interna del PAN por la candidatura a la Presidencia por ese partido y, conciertan un acuerdo para impulsar como presidente de la Cámara de Senadores a Ernesto Cordero, cabeza visible del grupo opositor, más radical de Ricardo Anaya y muy cercano de Felipe Calderón.

El papel que Cordero estaba destinado desempeñar, desde esta relevante posición, era muy claro. En lo interno, dividir al grupo parlamentario del PAN en el Senado y ampliar la base de legitimidad de las decisiones del PRI en el último periodo de la legislatura que coincide con el fin de sexenio. Por otra parte, fungir como grupo de presión e intentar influir, con las prerrogativas que implica ser Presidente de la Cámara de Senadores, en las decisiones internas del PAN. A la postre, Cordero ha seguido, con diligencia, el guión que le han escrito.

Una segunda embestida se orquesta cuando, contra todo pronóstico, Anaya logra consolidar la alianza Por México al Frente, colocándose en primer lugar en las preferencias electorales, incluso, por arriba de López Obrador.

A finales de febrero, dos abogados en representación de sus clientes, cuyas identidades fueron reservadas, dan una conferencia de prensa, asegurando que éstos, fueron utilizados por Manuel Barreiro, para triangular, al estilo 007, dinero en diversos países para adquirir una nave industrial de Ricardo Anaya y su familia.

La operación de la estrategia del Estado contra Ricardo Anaya continúa con la difusión de un video que circula con gran rapidez en las redes sociales y medios de comunicación, mediante el cual exponen acusaciones en su contra por su supuesta participación en una red de lavado de dinero.

El lunes 11 de junio, justo un día antes del debate entre candidatos presidenciables, Ernesto Cordero, después de asistir al gran premio de la Fórmula 1 en Canadá, decide, súbitamente, regresar al país para presentar una denuncia de hechos ante la PGR, para pedir que se investigue al candidato presidencial por la coalición Por México al Frente, así como a los hermanos Barreiro, por el supuesto delito de lavado de dinero.

Unas horas antes del debate referido, se anuncia que se exhibiría la versión completa del primer video en el que se revelarán nuevos detalles del asunto en cuestión, como efectivamente sucedió. Sin duda, la estrategia era evidente; descalificarlo, minando la confianza del electorado, afectar su ánimo y por supuesto, su competitivdad en el debate.

Por si fuera poco, un día después del debate, el 13 de junio, sin miramientos, el PRI operó para que se aprobara ante la comisión permanente del Congreso de la Unión, un exhorto a la PGR para que en un plazo de diez días informe sobre el avance en las investigaciones en contra del Manuel Barreiro, Ricardo Anaya.

No se necesita ser muy sagaz o acudir al oráculo para advertir los propósitos de esta inadmisible ofensiva del Estado en contra de Ricardo Anaya; desacreditarlo, afectar su campaña e imagen. De manera directa, descarrilar su candidatura y como consecuencia, posicionar a su candidato Meade en un segundo sitio en la contienda. Logrado lo anterior, desplegar todo su potencial, instrumentos y medios, para dar la pelea a López Obrador.

Hay una vieja consigna que dice que cuando dos pleitean uno se alegra. Al atacar a Anaya el gobierno no entiende que beneficia a AMLO. Sus estrategas tampoco han considerado un principio básico de poder y una regla general en política, señalada por Maquiavelo. El que causa de que otro se vuelva poderoso obra su propia ruina.

En última instancia, ante la imposibilidad de imponer a un sucesor afín, la apuesta del gobierno es crear las condiciones para evitar la elección uno que le resulte de mayor riesgo. En este contexto cobra sentido el trascendido de un acuerdo tácito entre Peña Nieto y López Obrador, una especie de pacto de impunidad, ante el temor de que el PRI pierda la elección y, como consecuencia, se encaminen diversas investigaciones por actos de corrupción y violación de derechos humanos.

En lo personal, tengo la firme convicción que no van a prosperar ninguno de los dos propósitos. Primero, el PRI es el partido más rechazado por la ciudadanía y Meade no despega, y a estas alturas, no despegó. Por más que se quiera, el destino manifiesto del PRI, es la derrota. Por otra parte, se necesita ser muy ingenuo para pensar que si, eventualmente, López Obrador llegará ganar la presidencia, sostendrá las promesas de perdón, dado el enojo y la sed de justicia que reclama la sociedad.

De cualquier forma, si el gobierno continúa en el empeño de intervenir en las elecciones, para intentar retener el poder a toda costa y por encima de lo que sea, las cosas no van salir bien.

El gobierno, más que nadie, está obligado por la Constitución, a respetar el principio de la imparcialidad. No conviene desatar fuerzas que no se puedan controlar después.

VERITATEM DIES APERIT. El tiempo descubre la verdad.

 

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Jesús Medina Olivares

Jesús Medina Olivares

1 Comment

  1. venado
    17/06/2018 at 20:57 — Responder

    NO SE DEFIENDE A RICARDO ANAYA NI AL PARTIDO…SIN EMBARGO, HEMOS SIDO TESTIGOS DIRECTOS DE LA CORRUPCION Y LA ILEGALIDAD QUE SE VIVE EN NUESTRO ESTADO POR PARTE DE LA ADMINISTRACION EN EL PODER EN ÉSTE MOMENTO.

    CIERTAMENTE, LA PGR “CONVENIENTEMENTE” DESCUBRE TODA LA CORRUPCIÓN DE CANAYA…PERO GUARDA TOTAL SILENCIO Y HERMETISMO DE MEAD, PEÑA NIETO Y TODA LA MAFIA DEL PODER LO CUAL SIGNIFICA SOLO UNA COSA…LAS MANOS DE PEÑA NIETO ESTAN MANEJANDO LAS COSAS PARA NO QUEDAR EN PELIGRO!

    CONFIEMOS QUE LAS NUEVAS REFORMAS CONSTITUCIONALES SE APLIQUEN CORRECTAMENTE, Y SI ES ASÍ, PEÑA Y TODOS SUS “APADRINADOS” CAIGAN!!!

¡Participa!