Opinión

¿Por qué debería poder votar por un candidato que no es mi favorito?

Derivado de la premisa que considero al miedo como la última condicionante deseada al tomar una decisión. El miedo, además, evidencia la falta de alternativas o capacidades. Entendiendo la política como el escenario donde una sociedad alcanza los acuerdos para formular y ejecutar los mecanismos que le permitan alcanzar su bienestar; no habría más que establecer, antes que nada, en qué consiste ese bienestar, y en los mismos términos, cómo alcanzarlo.

Lamentablemente veo estos fundamentos básicos fuera de la discusión generalizada en las contiendas electorales del país. En aras de darle continuidad a esta redacción, hagamos un planteamiento básico como cimiento: la posibilidad de cualquier ciudadano de acceder a los medios básicos de subsistencia y más, que le permitan desarrollarse y trascender, tanto en la vida individual como en la colectiva. Los medios para alcanzar este fin han sido varios a lo largo de la historia de las sociedades, poniendo mayor o menor peso en las estructuras políticas o económicas que hacen esta o aquella visión viable. La discusión, una vez elegido el curso a seguir, puede darse en el sentido de los plazos en los cuales estos beneficios se verán distribuidos entre los habitantes; de manera expedita según la apuesta por una política estatal centralizada o de manera paulatina a través de los medios de producción y mercado. Podríamos, a pesar de todo y a estas alturas del partido, suponer que los beneficios del libre mercado alcanzarían a las masas empobrecidas que encontramos en cualquier territorio del planeta. ¿Cuál sería la urgencia por apostarle a una alternativa de gobierno político y económico radicalmente, o en el peor de los casos, al menos ligeramente diferente? Creo que hay términos impostergables que deben guiar la premura con la que se deben hacer algunos cambios, aquí podemos de manera simultánea mencionar dos: medios de vida.

En esta descripción incluyo, como lo mencioné, dos elementos cruciales: el acceso a los bienes y servicios ambientales (utilizando el argot más común, con el entendimiento de que se carga a una visión economicista que no abarca el espectro de los beneficios que obtenemos del funcionamiento de los ecosistemas) y los derechos humanos. La posibilidad de votar por un proyecto que explícitamente hace referencia a la continuidad me hace preguntarme si es en realidad esto lo que esperamos. Es decir, ¿tenemos evidencias claras de que estamos en la vía que nos lleva al desarrollo sostenible, considerando dentro de este los derechos humanos? Cuando se abre la posibilidad de votar por el cambio, ¿implica el abandono de qué en específico? Como mencionaba anteriormente, hay plazos con vencimiento que no nos permiten especular con el futuro, particularmente el estado que nuestro sistema económico y político ha impuesto en los ecosistemas y su funcionamiento, y la degradación de los derechos humanos en esta materia. Cuando se altera profundamente el ambiente, en el sentido anteriormente descrito, también lo hacen las posibilidades de tener una mejor calidad de vida para la mayor parte de la población.

Volviendo a las dudas iniciales, no debería tener miedo de la continuidad o del cambio si para todos fueran claros, consensuados y específicos los elementos del bienestar. Tampoco debería tener miedo de una u otra de las alternativas si tuviera certeza en que los mecanismos de gobierno, incluyendo en éstos la participación de la ciudadanía, fueran eficientes y eficaces. Que con pudiera garantizar que gane quien gane podré, junto con mis cohabitantes, o en contra (esperando que en toda participación haya opiniones encontradas para la salud del consenso) incidir en alcanzar el bienestar de la sociedad. Cuando existe recuperación de la cubierta vegetal en el territorio, pero es debido al abandono de las parcelas de cultivo por la baja rentabilidad de las cosechas. ¿Dónde están estos mecanismos de gobierno y gobernanza, cuáles son en materia ambiental? ¿Dónde están las propuestas para atender estas dinámicas que no son lineales? ¿Dónde están los matices y los claroscuros en el discurso? Los planteamientos maniqueístas no solo abonan a la ignorancia de la población sobre la complejidad de los problemas, sino que, aunque seguramente facilitan la imposición de alguna que otra política pública, generan resistencia hacia la implementación práctica de soluciones que impliquen la responsabilidad de todos.

El problema ambiental no es nuevo, solo en términos de cambios de la cubierta y uso del suelo, la cobertura original de la vegetación en el país se había ya reducido en un 38% en 1976, en 1993 cubría solo el 54% de la extensión original, para 2002 cubría solo cerca del 50% y considerando solo la vegetación primaria esta última cifra se reduce a 38%. Esto se repite a lo largo y ancho del país, en la Comarca Lagunera 2,500 km de ríos se han secado y 92 manantiales con la misma suerte, 120 especies amenazadas y 15 extintas de las aproximadamente 200 especies de peces de agua dulce de la región. En el lado opuesto del territorio nacional, Yucatán había perdido para el 2015 un 30% de la cubierta original, mientras que sólo el 15.3% estaba protegida. En el mismo estudio de Conabio en 2007 se identificó que solo está protegido dentro de los esquemas oficiales de áreas naturales protegidas el 25% de las zonas con altos niveles de diversidad, endemismos o presencia de especies amenazadas, en peligro de extinción o protegidas. Las selvas tropicales de México, húmedas y subhúmedas, se enfrentan a la explotación de maderas preciosas, la ganadería y la infraestructura para la agricultura de monocultivos; de la extensión original de estas, aproximadamente 18 millones de hectáreas, en el 2002 sólo permanecían alrededor de 3 millones (el 17%). Estas asociaciones vegetales, de las más impactadas en México, han visto de cerca los esquemas de desarrollo turístico y de infraestructura habituales en el país. El bosque mesófilo de montaña, ya de por sí con una distribución reducida, sólo conserva al 28% de la superficie original, aunque esta figura incluye tanto la vegetación conservada como la impactada. Los bosques templados redujeron su extensión de casi 44 millones de hectáreas a cerca de 22 millones en 2002, es decir casi la mitad. Otro grupo de ecosistemas, el patito feo de los ecosistemas áridos y semiáridos sería la menos afectada, con una disminución del 17% de la cobertura original, también a la misma fecha, sin embargo, estos ecosistemas presentan dificultades adicionales en la medición de las alteraciones que presentan.

Estos datos necesitan actualizarse, a pesar de esto son producto de un esfuerzo titánico de la ciencia mexicana por identificar los factores determinantes y las relaciones que hay entre estos en los temas ambientales. Sería fundamental nivelar el presupuesto en investigación e innovación con la magnitud de los problemas. ¿Cuándo van a empatar las prioridades en la política económica con las evidencias?

Sabemos que la degradación de los ecosistemas no está directamente relacionada al volumen poblacional y que un factor más crítico es el patrón de consumo ¿Qué propuestas políticas han abordado este tema? Su mención en el discurso político se antoja complicada pues pareciera ir en contra del desarrollo económico, además de la modificación necesaria de hábitos en todos los estratos sociales, algunos muy queridos; pero esto sólo en los planteamientos más burdos y superados. Otros elementos sociales como la migración voluntaria e involuntaria (desplazamientos como los 5 mil habitantes de Chiapas desplazados por conflictos territoriales el año anterior) genera patrones de impacto ambiental cambiantes, así mismo las políticas económicas también distribuyen de manera desigual en el espacio y en el tiempo la presión sobre los ecosistemas. Las políticas de desarrollo urbano y la deficiente planificación del uso del suelo, con leyes de avanzada, pero sin mecanismos de mercado a la altura son parte del problema, junto con una ausencia del fomento agropecuario y forestal; en donde se trata el tema ecológico encontramos al turismo y la infraestructura como detonadores del desarrollo con una pintadita verde en el mejor de los casos. Abonan a estas dificultades de gobierno el marco reglamentario incompleto para el tema ambiental, o caduco como en cuestiones de calidad del agua. Falta una propuesta para que exista rentabilidad en el ámbito rural, se disminuya la brecha socioeconómica, se revierta la subvaloración de los ecosistemas y los bienes y servicios que proveen, incluso aunque esto último se considerara desde una visión más que menos mercantilista.

También vemos en este país la ineficiencia de la revolución verde en transformar el campo mexicano, acercando los sistemas naturales asociados, suelos y cuerpos de agua, a estados de degradación prácticamente irreversibles sin haber asentado un modelo de producción exitoso, rentable y sostenible para los campesinos. Sumemos a esto, como pretenciosa solución, la educación ambiental imperante con una visión de corto plazo y superflua, que no transforma las conductas, relaciones sociales y que no se basa en el pensamiento crítico como el eje articulador entre los problemas complejos y las alternativas al alcance. Algunas de las otras amenazas famosas al entorno, cuya sinergia y efectos emergentes no podemos siquiera imaginar serían la introducción de especies exóticas e invasivas; el cambio climático antropogénico y la adición de productos químicos tóxicos en nuestro medio.

Ante estos problemas, en el año en curso la Comisión Nacional de los Derechos humanos ha emitido 18 recomendaciones, de estas solo dos se acercan al tema ambiental. Durante el 2017 emitió 81 recomendaciones, también sólo dos versan sobre el derecho humano a un medio ambiente sano.

Entrando ya en el tema de derechos humanos, según el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la matanza de civiles a manos de las fuerzas armadas en el país sucede “a una tasa alarmantemente elevada” y en un ambiente de “impunidad sistemática y endémica.” De acuerdo con un informe de HRW, el gobierno de México reconoció en noviembre de 2017 existían 34,000 personas desaparecidas desde el 2006. Entre estos temas destacan los casos de los 43 de Ayotzinapa, Tanhuato y Tlatlaya. ¿En qué parte de la estructura de nuestro país tienen raíz estos acontecimientos? ¿Dónde está una propuesta clara para deconstruir esos cimientos? Las promesas de campaña, y los esfuerzos institucionales por atar cabos, incluyendo oficinas y unidades especiales en las fiscalías e iniciativas de ley no dan en el clavo, ninguno un ejemplo de éxito. ¿Qué puede esperarse de los candidatos, y todo el aparato que existe detrás de cada uno, cuando antes que proteger los derechos básicos de mujeres, migrantes, niñas y niños, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, libertad de expresión y defensores de derechos humanos con una declaración y una postura concreta sobre el marco legal e institucional caduco del país en esas materias, protegen el voto? ¿Qué puede esperarse de los ciudadanos que no esperan esos planteamientos, o de los que lo dejan pasar como una estrategia política? Ya llegarán al poder… seguramente harán algo al respecto cuando estén ahí. ¿Lo harán?

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Daniel E. Benet

Daniel E. Benet

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