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Hay incertidumbre ante la posible contracción de la burocracia federal

 

  • Implicará un alto costo cerrar definitivamente las delegaciones y el traslado de secretarías a los estados para su descentralización
  • Es fundamental salvaguardar los derechos de los trabajadores, enfatizó el delegado de la STPS

 

No hay certeza en las delegaciones federales de lo que pasará con la entrada del nuevo gobierno, ya que el presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado que será un coordinador por estado, quien se encargue de fungir como enlace con las dependencias federales, que en el caso de Aguascalientes ha sido nombrado para ello Aldo Ruiz Sánchez, presidente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Claudio Granados Macías, delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), precisó que tienen conocimiento de que las oficinas centrales de esta dependencia se trasladarían a la ciudad de León, Guanajuato, con el objetivo de descentralizar las funciones gubernamentales, sin embargo, no hay fecha para que se concrete esta reestructuración.

Señaló que ante la posibilidad de que cierren en definitiva las delegaciones, no tienen información en el caso específico de la STPS sobre cómo operará el programa, si bien ya se nombraron los 32 coordinadores generales que serán los que vertebrarán la actividad de las delegaciones; “pero imagínense, Aguascalientes tiene alrededor de 48 delegaciones, cómo lo van a hacer, implica toda una reforma al marco jurídico y normativo de las secretarías del Gobierno Federal, de los organismos públicos descentralizados, fideicomisos”.

Ante este panorama, el delegado de la STPS consideró fundamental salvaguardar los derechos de los trabajadores de estas instancias, que en caso de Aguascalientes son cerca de 20; de cerrar las delegaciones se suscitará una contracción del número de empleados que laboran para el Gobierno Federal, por lo que se deberán tomar medidas de la mano con la Secretaría de Hacienda para hacer frente a esta situación.

Precisó que en lo que respecta a los empleados de confianza no habría más inconvenientes, está claro en la ley que se contempla su indemnización constitucional al término del sexenio; el personal de base tiene una serie de garantías que habrán de protegerse, independiente al pago del bono sexenal que se les aprobó, “No sabemos todavía con exactitud cómo lo vaya a operar el Gobierno Federal; este programa no está contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año, seguramente vendrá ya implementado para el presupuesto de egresos del siguiente ejercicio fiscal que será 2019, ahí es donde observaremos las pautas sobre las cuales trabajará el Gobierno de la República en cuanto tome posesión el presidente electo”.

Granados Macías puntualizó que podría ser un gasto oneroso el diluir las delegaciones, ya que la contracción tiene como propósito y fin reducir el gasto corriente, pero implica que se desembolse recurso para poder liquidar a quienes se desempeñan dentro de estas dependencias.

“El costo pues si es alto, si tú tienes que jubilar, pre jubilar o indemnizar a buena parte del personal que vas a contraer de una dependencia, eso implica un gasto extraordinario que el Gobierno Federal tendrá que compensar”; recalcó que se espera que esto se equilibre con la no contratación de nuevas plazas y la inactividad para pagar el costo de la contracción de la burocracia federal a través de delegaciones o de las mismas secretarías de estado, ya que será alto el costo operativo de trasladar una instancia como la STPS a otro estado.

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Adriana García Campos

Adriana García Campos

Reportera en La Jornada Aguascalientes.

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