Opinión

Autonomía a la mexicana / Yerbamala

La pregunta que da sustento al presente texto reside en considerar si los órganos y organismos autónomos creados en el seno del Estado mexicano constituyen una fortaleza para el propio estado o si por el contrario, la fragmentación del poder político a través de los diferentes órganos y organismos autónomos más bien representa en los hechos una debilidad estructural del estado como entidad pública.

¿Qué es un órgano autónomo? se pueden entender “como órganos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado.” Los órganos dotados con autonomía constitucional en México son los siguientes: Banco de México (Banxico); el ahora INE, antes Instituto Federal Electoral (IFE); la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y dos más de reciente creación: la Comisión Federal de Competencia, el INAI, el IFT o el INEE.

A la luz de las reformas impulsadas por el ejecutivo federal en los pasados años, en éste cambio de régimen al que nos vemos abocados después de las elecciones de 2018, resulta de la mayor importancia analizar los entes dotados de autonomía constitucional, no sólo porque cuantitativamente aumentaron de manera significativa hasta diez o más, sino porque éstos juegan un papel trascendental en la viabilidad de las mismas, así como en la propia configuración y dinámica del Estado, o mejor aún, en el reacomodo y redefinición del ejercicio del poder público, el cual va más allá de la triada conocida y consistente en ejecutivo, legislativo y judicial, por mucho tiempo considerada como ideal y que dio vida al principio de la División de Poderes. Lo cierto es que en 2018, la complejidad de los órganos y de los organismos constitucionales autónomos debido a su naturaleza jurídica y política, funciones, mecanismos de elección de sus titulares e incluso niveles y tipos de autonomía, animan a realizar análisis detallados y caso por caso, que permita trazar una propuesta de reformas que eliminen tanto su dispersión en el texto constitucional y su uso disímbolo, así como el escaso rigor jurídico de que actualmente son objeto. Al hacerlo, necesariamente es menester preguntarnos si estos órganos y organismos fortalecen al Estado o simplemente son un producto de la debilidad e incapacidad para gobernar, a partir de lo cual estaríamos en condiciones de trazar las bases para una Reforma Constitucional −enmarcada en el nuevo constitucionalismo− que permita estructurar, clasificar, denominar y jerarquizar a los entes autónomos.

Un Estado fuerte es distinto a un Estado obeso. El primero se distinguiría por su capacidad para resolver problemas públicos, el segundo por su tamaño. El primero sirve a la sociedad, el segundo se apropia de la riqueza social. El tema es pertinente ahora que el Estado mexicano ha renunciado inexplicablemente al monopolio de la extracción de petróleo y de la producción de energía eléctrica y que paralelamente ha ido aumentando el número de organismos constitucionales autónomos, que son una nueva forma de dividir el poder político y acaso de fragmentarlo también. Son organismos del Estado, pero distintos y autónomos de los tres poderes clásicos. En teoría, esta división de los poderes del Estado lo debería fortalecer, en el sentido de hacerlo más capaz para enfrentar y resolver los problemas públicos. Los primeros organismos autónomos en México fueron las universidades públicas. Este inicio coincidió con el fin del nacionalismo revolucionario y el inicio del llamado “neoliberalismo”. ¿Casualidad? No lo parece. La división del poder estatal vía organismos con autonomía parece más bien parte del nuevo paradigma político que busca un Estado en teoría más eficiente, más útil a la sociedad, que en la realidad se ve impotente y fragmentado ante los poderes fácticos que lo dominan y lo sobrepasan. Todos los órganos y organismos autónomos pretenden cumplir con el principio: dividir el poder del Estado para hacerlo más eficiente en la resolución de los problemas sociales. Siendo obvio entonces, no sobra decir sin embargo que estos organismos son parte del Estado mexicano, pero no del gobierno. Son autónomos respecto a los tres poderes tradicionales, como se ha dicho, y también de los gobiernos en turno. Su desafío es, en cierto sentido, enorme. Y crucial en este momento de la vida pública de la nación. Se ha hablado también de dar autonomía constitucional al Ministerio Público, tal como sucede en otros países. ¿Mejoraría la impartición de justicia? Depende del cómo. Los desafíos de los organismos autónomos son complejos, y no es fácil enfrentarlos. Hacerlo exige un proceso que va desde las reformas constitucionales y las leyes secundarias hasta la selección de las personas que habrán de conformarlos.

Y finalmente: ¿por qué dicha multitud de órganos autónomos con los que se ha dotado el Estado mexicano en los pasados años no son creíbles? La respuesta es tan simple como grave: porque no son en realidad autónomos, pues responden a las cuotas de poder de los otrora partidos mayoritarios, y el ejemplo más claro es el ahora INE y su cuestionable actuación en el proceso electoral de 2018. Así, los órganos autónomos en su estado actual eran y son correas de transmisión de la hegemonía instalada en el poder y actúan en consecuencia. Volveremos sobre el tema, a propósito de los cuestionados órganos autónomos en el estado de Aguascalientes.

 

@efpasillas


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Enrique F. Pasillas

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