Opinión

La corrupción en México / Punto crítico

La corrupción en México tiene un costo económico exorbitante, pero sobre todo social. Estamos tan acostumbrados a padecerla, a vivirla y hasta a ser parte de ella que incluso pasamos desapercibidas situaciones cotidianas en las que caemos en este flagelo que coloca a nuestro país con la mayor incidencia entre las naciones del G20.

Rápida y cómodamente, hoy en día toleramos y hasta fomentamos los usos y costumbres deshonestos de los gobiernos y sus instituciones tanto en el ámbito local como en el federal, es así como la corrupción se aceleró para alcanzar extremos nunca vistos.

Empecemos por lo que nos cuesta en el bolsillo: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, el costo total a consecuencia de corruptelas en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 7 mil 218 millones de pesos; lo que equivale a 2 mil 273 pesos promedio por persona afectada.

Eso no es todo. Dicha cifra representó un incremento de 12.5% respecto al 2015, cuando el costo ascendió a seis mil 418 millones de pesos. Durante el año pasado, la corrupción tuvo mayor impacto económico en el contacto con autoridades de seguridad pública, con mil 376 millones de pesos, lo que significó un alza del 37.7% respecto al 2015.

En segundo lugar se encuentran los trámites vehiculares que representan un costo de 542 millones 831 mil pesos; le siguen los trámites de educación pública con 89 millones 823 mil pesos; mientras que la corrupción en el pago de impuesto de tenencia vehicular dejó un saldo de 64 millones 830 mil pesos; por último, los trámites de registro civil representaron un detrimento económico de 51 millones 682 mil pesos.

De hecho, la gestión con mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante 2017 fue el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.5%, seguido de los trámites relacionados con la propiedad con 30.7%.

Por si fuera poco, la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó algún acto de corrupción fue de 14 mil 635 por cada 100 mil habitantes en el ámbito nacional, es decir, un nivel récord.

Si se pone la lupa en el ámbito estatal, el mayor número de víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes se encuentra en la Ciudad de México con 20 mil 93 casos; le siguen Quintana Roo y Morelos con más de 17 mil víctimas; y Durango y San Luis Potosí con más de 16 mil casos por cada cien mil habitantes.

En la mayoría de los estados, el trámite con mayor prevalencia de corrupción fue el contacto con las autoridades de seguridad pública, excepto en Guerrero y Tlaxcala, donde la corrupción se dio en los permisos relacionados con la propiedad; en Oaxaca, los trámites municipales; mientras que en Quintana Roo y Veracruz hubo mayor corrupción en los trámites para abrir una empresa.

De acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, la percepción de corrupción en Aguascalientes es alta, aun así, la entidad se mantiene por debajo del promedio nacional. Por cada cien mil habitantes, la media en materia de corrupción se ubica en 12.6%; sin embargo, la entidad está en un 8.3 por ciento.

Vayamos a lo social: acciones cotidianas como sobornar al elemento de tránsito para evitar una multa; cuando realizamos un pago, ser conscientes de recibir mal el cambio de un producto que compramos “a nuestro favor” a sabiendas de que el empleado resultará perjudicado; pagar para que se facilite algún trámite o servicio; éstos son solamente algunos de los ejemplos de los que en acciones pequeñas demostramos la pérdida de uno de los valores más importantes en cualquier sociedad como es el de la honestidad.

Los expertos en temas sociales opinan que este es un fenómeno cultural que efectivamente se abatirá, pero mediante un proceso lento y largo que llevarán varias generaciones dispuestas a participar en la construcción de un escenario mejor para vivir.

Por lo pronto vale la pena hacer la reflexión sobre lo que individualmente podemos hacer para que esta problemática disminuya. Creemos que las acciones personales no abonarán en la solución de estos temas, sin embargo, si no empezamos ahora, difícilmente nuestros hijos vivirán en un país libre de corruptelas.

 


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Leticia Medina

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