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Aguascalientes, segundo menos rezagado en el cumplimiento del Estado de Derecho

 

  • Según un estudio del World Justice Project, Aguascalientes es después de Yucatán, la entidad con mayor cumplimiento de las normas para la organización efectiva de la sociedad y el gobierno
  • Destaca Aguascalientes en Derechos fundamentales y Justicia penal; por el contrario, Seguridad y orden son los mayores pendientes

 

En un país en el que no se respeta el Estado de Derecho, Aguascalientes es la segunda entidad federativa con mayor cumplimiento de las normas para la organización efectiva de la sociedad y el gobierno, tales como derechos humanos, orden y seguridad, justicia civil y penal, entre otras, según un análisis del World Justice Project (WJP).  

La entidad aguascalentense logró el segundo puntaje más alto en el  Índice de Estado de Derecho en México 2018, con 0.44 en una escala en la que 1 indica la mayor adherencia a la condición ideal. El primer lugar nacional fue para Yucatán, con una calificación de 0.45, que a pesar de ser la más alta, sigue siendo reprobatoria; el promedio nacional es de 0.39.

El informe -elaborado a partir de 25 mil 600 entrevistas a mil 500 especialistas- define al Estado de derecho como el principio rector que vincula a autoridades y ciudadanos mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros.

El estado Aguascalientes se encuentra en los diez primeros lugares de de los ocho factores evaluados, destacando en el cumplimiento de los Derechos Fundamentales cuya puntuación de 0.56 lo colocó en el primer lugar. Este factor se centra en los derechos civiles e individuales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el derecho a no ser discriminado, el derecho a la vida y la seguridad, el derecho al debido proceso legal, la libertad de expresión, la libertad religiosa y de culto, los derechos laborales, entre otros.

El estado también salió bien librado en Justicia Penal con una calificación de 0.43, la tercera más alta en lo que refiere a un sistema en el que se respeten los derechos de las víctimas y de las personas acusadas; en Límites al Poder Gubernamental obtuvo un 0.46 en lo relativo a pesos y contrapesos institucionales que limitan el accionar de quienes gobiernan, en particular de gobernadores, alcaldes y demás autoridades del poder ejecutivo estatal, y los responsabilizan de sus actos.

Según el documento, con 0.41 puntos, Aguascalientes es el cuarto estado con mayor Ausencia de Corrupción, definida como el uso del poder público para obtener un beneficio privado en los tres poderes, por medio de sobornos, influencias y la apropiación indebida de recursos públicos.

La entidad fue la sexta mejor calificada en Cumplimiento Regulatorio y Gobierno Abierto con 0.40 y 0.43, respectivamente.

Los aspectos en los que el estado resultó peor evaluado fueron Justicia Civil y Orden y Seguridad, con 0.39 y 0.45. El primero mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil. El segundo, analiza si el estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades: “La seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad que se rige por el Estado de Derecho y es una función fundamental del estado. También es una condición necesaria para el goce de los demás derechos y libertades que el Estado de Derecho busca proteger. Este factor incluye tres dimensiones: ausencia de homicidios, ausencia de incidencia y prevalencia delictiva que afecta de manera directa a las personas y a los hogares, y la percepción de seguridad de las personas y de las empresas acerca del estado”, explica el WJP.

El grado de adhesión al Estado de Derecho se obtuvo de 42 indicadores que reflejan las experiencias cotidianas y percepciones de las personas que viven en México. El estudio fue preparado por un equipo liderado por Alejandro Ponce y Leslie Solís, bajo la dirección ejecutiva de Juan Carlos Botero y Elizabeth Andersen.

En 2017, México se posicionó en el lugar 92 en el Índice de Estado de Derecho ®, que clasifica a 113 países de acuerdo con su grado de adhesión al mismo, lo que significó una caída de cuatro lugares.

En todo el país, el fortalecimiento del Estado de Derecho es una asignatura pendiente, ya que las situaciones de violencia, corrupción e impunidad que afectan a millones de mexicanos son testimonio de la insuficiencia de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas que conducen a este modelo de orden.

 

Fuente

http://index.worldjusticeproject.mx/estado/MX01


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The Author

Hilda Hermosillo

Hilda Hermosillo

Periodista en ciernes. Contestataria y suspicaz por naturaleza, un tanto caprichosa, algo distraída, siempre aprendo de todo, vivo a pleno cada centésima de segundo y no podría vivir sin música. Equidad de género. Medio Ambiente. Derechos humanos. Justicia. Política y elecciones.

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