Opinión

¿Está en riesgo la democracia? Democracia participativa (2) / Matices

Uno de los debates teóricos más intensos y de las reflexiones que deberíamos abordar es sobre la participación de la ciudadanía en la 4T. Pareciera, en discurso que las y los ciudadanos son el centro de la toma de decisiones de AMLO: “el 55% ya decidió por México”, “ha habido mucha participación ciudadana”, “el pueblo sabio”, “nada por encima de la voluntad popular”. Y en los hechos la organización de las consultas sin metodología para determinar el destino del NAICM o para preguntar sobre los proyectos de la nación construyen la narrativa de un gobierno que promueve la participación ciudadana. Pero debemos ir más allá.

Por otro lado, AMLO ha dicho que desconfía de la sociedad civil organizada porque hay intereses ocultos y los ha descalificado como sociedad civil fifí, un adjetivo que no es nuevo, algún académico en Jalisco recordaba que así le decían al gobernador Flavio Romero hace algunas décadas. Esa sociedad civil que puso sobre el centro de la agenda nacional a la discusión seria del control de la corrupción a través de la regulación de los conflictos de intereses, de la creación de un sistema anticorrupción y de periodismo de investigación que sacudió las entrañas de los gobiernos federales y locales.

Hemos de decirlo, la primera ley de vanguardia en participación ciudadana estatal llegó en 2004 en el entonces Distrito Federal, donde se establecieron los siguientes mecanismos de participación: I. Plebiscito; II. Referéndum; III. Iniciativa Popular; IV. Consulta Ciudadana; V. Colaboración Ciudadana; VI. Rendición de Cuentas; VII. Difusión Pública; VIII. Red de Contralorías Ciudadanas; IX. Audiencia Pública; X. Recorridos del Jefe Delegacional, y XI. Asamblea Ciudadana. Esta ley fue publicada por López Obrador y reformada gobierno tras gobierno, gracias a esa ley y a una cultura política de participación, la Ciudad de México sigue siendo vanguardia, aunque Jalisco ha diseñado leyes y mecanismos novedosos, también.

En ese tenor, uno supondría que en congruencia el gobierno federal diseñará mecanismos de participación ciudadana que puedan ser aplicados a nivel federal, con seriedad, reformas legislativas y empoderamiento ciudadano para transitar a una democracia participativa: los hechos no han estado cerca de eso.

No se diseñó el presupuesto en un ejercicio de presupuesto participativo, por ejemplo. Las consultas populares aplicadas han funcionado como mecanismos de fidelidad partidista, más que ejercicios legítimos de participación ciudadana y múltiples pruebas así lo han evidenciado. Aunque AMLO declaró que se someterá a un ejercicio de ratificación de mandato, tampoco ha habido una reforma legislativa para diseñar el mecanismo, por lo que el debate sobre el papel de la participación ciudadana, los organismos de la sociedad civil y los mecanismos de participación que pueden incluirse a la ley no ha quedado claro. Y la reflexión no se ha dado. Claro, porque hay tantos temas, que no podemos detenernos en ese.

El carácter de gobernar del presidente es plebiscitario, sin matices, sí o no. Sin embargo, la democracia participativa debe aspirar a que la ciudadanía se involucre en todo el proceso de las políticas públicas: diseño, presupuesto, planeación, ejecución, control y evaluación. Para esto se debe construir un marco normativo, teórico y de conducta que sea caldo de cultivo para la participación de la ciudadanía; aunque no podemos caer en la paradoja de canonizar a la participación ciudadana sí debemos incentivarla.

Se debe construir un modelo de fortalecimiento de la ciudadanía, porque claro, sin ciudadanos de calidad, sin demócratas comprometidos, nuestra democracia es vulnerable, basta con ver al norte para entender cómo se puede vulnerar la democracia. Pero claro, con la mira muy clara en no caer en paradojas que caigan ante el encanto de ciudadanizar todo y romper las esferas del Estado. Esta discusión debe darse al lado de la construcción de modelos de educación cívica y participación ciudadana.

Hoy ante ese panorama, no es clara la narrativa de la 4T, no hay reformas legislativas que pongan en el centro la agenda de los derechos políticos y la participación ciudadana, la discusión se ha centrado en los sueldos de los consejeros electorales y organismos autónomos pero no en el fortalecimiento de una democracia que involucre más a la ciudadanía y en una amplia difusión de los derechos políticos.

En ese sentido, los votantes de la 4T, quizá esperan la consolidación de esa democracia, ese pueblo sabio en la toma de decisiones, lo que es necesario, pero se debe atender con precisión ya que puede convertirse en mecanismos de lealtad partidista, de clientelismo electoral o de simulación y estaríamos en el peor de los escenarios: con un diseño institucional similar y sin cambios pero con la esperanza de cambio sepultada. Esperemos que ese debate llegue pronto, que la agenda de participación ciudadana sea una prioridad, que se establezcan mecanismos de vanguardia de participación y que transitemos hacia una democracia participativa: sobre eso no hay luces, hay más dichos que hechos.

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Carlos Aguirre

Carlos Aguirre

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