Opinión

Un fiscal distanciado del poder político

México es el cuarto país con mayor impunidad en el ámbito global y el primero en América Latina. Así fuimos calificados en el Índice Global de la Impunidad México 2018 que elabora la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) desde hace tres años. Lo anterior, además de colocarnos en un escenario de desprestigio internacional, es síntoma de la incapacidad y de la falta de voluntad que ha prevalecido para hacer de la justicia una constante en la vida nacional.

De acuerdo con este estudio, lo anterior se explica por delitos que no se persiguen ni se castigan (como los homicidios, los robos y los secuestros), así como por un déficit estructural en todo el sistema de impartición de justicia y la nula atención de casos de corrupción al más alto nivel.  

En medio de este escenario, la elección del primer titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en cuyo perfil deberá garantizarse capacidad, autonomía y un probado distanciamiento de cualquier poder político o económico; representa una “prueba de fuego” para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y para sus legisladores en el Congreso, quienes tienen en sus manos la posibilidad de salvaguardar estas características en quien ostente dicho cargo.

En el Senado de la República ha iniciado ya la pasarela de los aspirantes. La Comisión de Justicia, que preside el senador morenista Julio Ramón Menchaca, tendrá la responsabilidad de elaborar una lista con 10 nombres de quienes considera idóneos para ocupar el puesto, para luego dar conocimiento a la Junta de Coordinación Política y posteriormente pasar al pleno para su votación.

De no encontrar observaciones y de contar con los votos suficientes, la lista sería aprobada esta misma semana y se enviaría al titular del Ejecutivo Federal, para que éste a su vez regrese al Congreso una terna de la que saldrá el primer fiscal general de la República.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en esta trama. Al interior del Poder Legislativo y desde la sociedad civil han surgido voces que cuestionan los “buenos ojos” con los que el presidente de la República ve a varios de estos aspirantes. Y es que lo anterior implicaría una simpatía que podría traducirse en eso que ya vimos en el sexenio anterior: un procurador de justicia cuidándole las espaldas al titular del Ejecutivo.

Desde que fue concebida la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que da vida a la Fiscalía General de la República, los panistas pusimos sobre la mesa la necesidad de garantizar que el titular de esta nueva instancia acreditará holgadamente su capacidad y la ausencia de cualquier vínculo político o partidista, que pudiera afectar la aplicación imparcial de la justicia.

Lamentablemente las resistencias del gobierno en turno y de sus cabilderos en el Congreso impidieron concretar esa intención.

Y ahí se quedaron (y siguen el tintero) sonados casos de corrupción en donde fueron señalados los más altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto: Odebrecht, la Estafa Maestra, la Casa Blanca del presidente y los desvíos de Sedesol; todos ellos rodeados de consistentes investigaciones periodísticas y todos ellos, también, libres de cualquier imputado.



Será cuestión de días para saber si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de sus legisladores, está dispuesto a impulsar un perfil imparcial y verdaderamente libre de cualquier simpatía política, indispensable para un órgano como la FGR, o si por el contrario, promueve un perfil a modo que signifique lo mismo que ya hemos visto: opacidad, protección… impunidad.

 

@FHerreraAvila | /Fernando Herrera A

 

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Fernando Herrera

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