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Exige Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio no más entidades feminicidas

  • Ante la violencia feminicida en México, ni un paso atrás
  • Omisiones, retrocesos y desafíos de las autoridades en el ámbito nacional

 

A través de un comunicado de prensa que reproducimos a continuación, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se manifestó contra la violencia hacia las mujeres en el país:

 

La violencia feminicida en México no está de moda -como refieren algunas personas-, luego del incremento de la visibilización de este problema nacional. Este crimen ha dejado mucha desolación, tristeza, dolor, hogares vacíos, madres, padres, hijas e hijos en desamparo.

La violencia que rompe la vida de las mujeres, sus familias y el tejido social, se plasma no sólo en el feminicidio, sino en la desaparición de mujeres y niñas, en las agresiones sexuales y en la tortura que muchas veces culmina en feminicidio de mujeres de todas las edades.

A casi cuatro años de la primera Declaratoria Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, declarada en el Estado de México en 2015 – confirmamos y reconocemos que las Alertas han sido un mecanismo que puede materializar, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, cuando hay voluntad política- la falta de implementación de este mecanismo hace necesaria una revisión urgente de las 18 Alertas de Violencia declaradas en 17 estados del país.

Desde hace varios años, vivimos un contexto en el que las autoridades en México han demostrado su negligencia, falta de voluntad política e incapacidad gubernamental para emprender acciones contundentes, imperando un clima de permisibilidad a la violencia feminicida en el territorio nacional.

Actualmente 56% del territorio se encuentra en Alerta de Violencia de Género. Aunado a ello, el 70% de los feminicidas se mantiene en el status de desconocidos, ubicando solo al 30% de los agresores como personas conocidas de las víctimas, tales como sus parejas, familiares cercanos, etc. lo que refleja un evidente contexto criminal.

Sin embargo, lo que han hecho las autoridades estatales es invisibilizar y reducir el feminicidio al ámbito familiar, a tal grado que del 24% de los asesinatos de mujeres que se reconoce como feminicidio, la mayoría la ubican en el ámbito familiar, dejando en la impunidad y no investigando los que se cometen en el ámbito comunitario, en donde en muchos casos son cometidos por diversas estructuras criminales. Prevalece un contexto de simulación de las autoridades estatales frente a un contexto grave de violencia feminicida.



La impunidad, corrupción y omisión de las autoridades municipales y estatales, busca poner bajo la sombra un crimen abominable, que rebasa la violencia familiar y la discriminación, y a la que se imponen los grupos delincuenciales, quienes acaban con la vida de las mujeres de las maneras más inhumanas.

Como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) con presencia en 23 estados del país, hemos documentado: cómo los cuerpos de las mujeres y niñas son ocultados y sepultados de forma ilegal -incluso en las viviendas- como fue el caso en Empalme, Sonora. Documentamos también que sus cuerpos son abandonados o arrojados en la vía pública, cocinados como sucedió en Taxco, Guerrero o cómo mujeres son asesinadas para extraer a sus hijos o hijas de sus vientres, sin que se investigue el paradero de las niñas y niños, y mucho menos el de los criminales, como sucedió en el Estado de México o Veracruz.

Pese a estos crueles y exacerbantes escenarios y los índices más altos de feminicidio, podemos afirmar que en México los feminicidios no se están investigando como tal, sobre todo reconociendo que de acuerdo a la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Mariana Lima Buendía: “Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con 2 perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos”. Contrario a ello vemos cómo las muertes violentas de mujeres se investigan incluso como suicidio.

Por otro lado, las autoridades niegan la existencia de grupos delictivos que están operando en diversos estados del país y que ponen en riesgo la vida e integridad física de las niñas, adolescentes y las mujeres. Ejemplo de ello, es el Estado de México en donde de acuerdo a datos oficiales, en 2018 se registró el reporte de 3,260 mujeres desaparecidas. De ellas, la mayoría se encuentra entre los 10 a los 17 años de edad, del total de casos siguen sin ser localizadas 946 3 mujeres y niñas.

Otra omisión, es la no vinculación del feminicidio con otros delitos como lo es la trata de mujeres y niñas, tal es el ejemplo del estado de Tlaxcala, en donde los protocolos de búsqueda no se activan de manera inmediata.

De igual forma, a pesar de la agudización, saña e incremento de los feminicidios, las autoridades siguen ocultando las problemáticas y contrario a ello, realizan prácticas de violencia institucional al negar los hechos y al desmantelar los Mecanismos de Adelanto para las Mujeres, los Centros de Justicia para Mujeres como es el caso de Oaxaca, las Comisiones de Víctimas, la Coordinación de Implementación de la Alerta de Género en Morelos o los Institutos de las Mujeres, como sucedió con el Instituto Jalisciense de las Mujeres, el cual sin más fue desaparecido el 29 de enero de este año. Este hecho evidencia un retroceso, y nos alerta del camino que podrían tomar otros gobernadores, cayendo incluso en omisiones y desacato de recomendaciones internacionales en la materia, y violentando la propia Constitución.

A doce años de nuestra fundación, hoy como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a través de la judicialización y el acompañamiento de casos, nos acercamos a entender cada vez más, los patrones y diversos modus operandi de la violencia contra las mujeres.

No nos queda duda que ésta, nada tienen que ver con los criminales seriales, los cuales se crean para no investigar más los casos y para imputar a una sola persona todos aquellos que no han sido investigados, invisibilizando el contexto real y las bandas criminales que están operando en determinadas zonas.

A partir de una actualización de los diagnósticos -realizados en el marco de las alertas- las autoridades federales y estatales pueden identificar los contextos reales y las violencias más extremas en territorios específicos, patrones, agresores individuales y colectivos, con lo que se podría también diseñar una política integral de prevención, seguridad y la garantía del acceso a la justicia del delito de feminicidio y la intervención que actualmente se requiere.

Frente a este contexto y con el objetivo de que las políticas públicas que se establezcan en el Gobierno Federal, impacten de manera positiva en lo local, el Mecanismo de Alerta de Violencia de Género se debe de trabajar para que sea un eje de coordinación interinstitucional a nivel municipal, regional, estatal y federal.

Como defensoras de los derechos de las mujeres pertenecientes a 43 diversas organizaciones, reconocemos que la violencia no cesa. Nos encontramos frente a proyectos de vida rotos y en donde la violencia contra las mujeres y la violación a nuestros derechos, es innegable. La violencia estructural genera cifras de muerte en donde es evidente la ausencia de políticas públicas, la falta de presupuesto asignado para la atención y prevención de dicha violencia, por lo que la articulación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres es impostergable.

Es por ello que México debe investigar prioritariamente los contextos criminales, de lo contrario no se estará generando la política pública idónea que erradique el delito. Se sigue con la resistencia de verlo como hechos aislados pero estamos frente a contextos criminales que se deben de vincular.

En este marco, hacemos un llamado para que las entidades federativas y el Gobierno Federal atiendan de manera urgente y prioritaria las deudas y agenda pendiente a través de las siguientes acciones:

*Fortalezcan la figura y la autonomía del eje rector de las políticas de las mujeres en cada uno de los estados, específicamente los Institutos o Secretarías de las Mujeres.

*Que los cambios estructurales a las instanciadas para prevenir y garantizar los derechos de las mujeres, sean considerados las organizaciones, mujeres feministas, y expertas en el tema, para que los proceso sean más democráticos.

*Que las propuestas legislativas para erradicar la discriminación de las mujeres y el avance de sus derechos que se encuentran congeladas sean retomadas a la brevedad para generar marcos legales garantistas de los derechos de las mujeres.

*Se genere una estrategia integral de seguridad, vinculada y coordinada de manera efectiva a nivel municipal, regional, estatal y federal con el objetivo de prevenir los delitos contra las mujeres.

*Que el Gobierno Federal actúe de manera urgente en los lugares en los que se han identificado patrones criminales, en donde los cuerpos de las mujeres son encontrados en espacios públicos como los ríos (con el objetivo de desaparecer toda evidencia, etc.).

*Evalúen las Alertas de Violencia de Género contra las mujeres que han sido decretadas, con la finalidad de entrar a la fase de resultados e impacto de las acciones que se estén llevando a cabo, para lo cual se requiere saber cuáles son las deficiencias, las medidas que no impactaron positivamente, las medidas aisladas, etc.

*Se creen y fortalezcan las Unidades de Análisis y Contexto a fin de identificar cómo, dónde y por quién están siendo asesinada las mujeres y a partir de ello se fortalezcan las investigaciones, se sancione a los responsables y se evite la propagación de nuevos feminicidios contra otras mujeres.

*Se cuente con Bancos Estatales de Datos de Violencia hacia las Mujeres, actualizados y desagregados que permitan realizar diagnósticos apegados a la realidad evitando subregistros y estadísticas no confiables, así como la generación de propuestas de políticas públicas en la materia.

*Crear un Consejo ciudadano de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, así como expertas en evaluación que permita supervisar el funcionamiento de los mecanismos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.

*La desaparición se mire también regionalmente y los protocolos se apliquen de manera coordinada en regiones con alto índice de desapariciones.

*Se sancione a las y los funcionarios que por acción u omisión contribuyan a la prevalencia de la violencia contra las mujeres y obstaculicen su acceso a la justicia.

La protección de la vida y la seguridad de las mujeres continúa violentándose. La situación de las mujeres sigue siendo de emergencia, la violencia hacia las mujeres no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado de manera exacerbada.

En México el silencio no nos protege, y la omisión e ineficiencia de las autoridades, refuerza la violencia feminicida a la que tenemos que poner fin.

 

Con información del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

 

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