Opinión

Éxodos, migraciones y derechos humanos (Primera de dos) /Yerbamala

Sin duda, la nación mexicana enfrenta retos inéditos en 2019 ante la agresividad de la política exterior abiertamente nativista, racista y anti migratoria del actual gobierno norteamericano, cuyo presidente acaba de declarar una supuesta “crisis” para justificar el gasto y la edificación de un muro fronterizo que parece servir solo a su propio interés y a ningún otro. Desde luego que a la luz de toda la información disponible, la crisis es falsa o inventada, es decir que es inexistente en la región fronteriza de México, pero lo cierto es que para bien o para mal, México y los mexicanos son vistos cada vez más como asuntos de política interna de los Estados Unidos. Y es completamente cierto que al menos desde mediados del siglo XIX, los mexicanos somos protagonistas fundamentales de las migraciones contemporáneas como fenómeno global, donde actualmente más de 12-15 millones de nuestros compatriotas y sus descendientes viven y trabajan, con o sin papeles, en Estados Unidos y en otros países del mundo (“México ocupa el segundo lugar con más emigrantes en el mundo con 12.3 millones sólo por encima de India, y 98% de estos migrantes mexicanos reside en Estados Unidos”, Forbes 2017. Migración Mexicana a Estados Unidos, más viva que nunca: BBVA Bancomer, 21 de noviembre, www.forbes.com.mx)

Al respecto, es conocido el notable hecho de que las remesas que envían a México sus migrantes, rebasan los ingresos que el país obtiene por el petróleo o el turismo, para ser la principal fuente de ingresos del país (Lastiri, Xanath. 2016. Las remesas son ya la principal fuente de divisas de México; su alza alienta el consumo: expertos, SinEmbargo, 3 de febrero). Esto da idea de que la migración y los derechos de los migrantes debieran ser un tema principalísimo en la agenda pública mexicana.

En los hechos, México detuvo y expulsó en los recientes años a miles de personas, centroamericanas en su gran mayoría, que arriesgaron su vida e integridad para llegar a Estados Unidos transitando del sur al norte, y concretamente, expulsó a más migrantes de su territorio que los propios Estados Unidos de América (Meléndez, José. 2018. México rebasa a EU en expulsión de migrantes, El Universal, 21-10), destino final de la gran mayoría de los migrantes centroamericanos de los recientes éxodos o caravanas.

Dada la asimetría política y económica existente entre México y Estados Unidos, las detenciones y deportaciones masivas de migrantes, en los últimos años desde México, se debieron, por un lado, a una política migratoria impuesta desde el norte, pues la lógica de control fronterizo imperial ya no se circunscribe solo a la frontera norte de México, sino que incluye también a su frontera sur, y por otro, al “desborde” de la pobreza y la inseguridad en Centroamérica. Así es como se puede explicar los éxodos migratorios que hemos visto y que muy posiblemente seguiremos viendo durante los próximos años en las fronteras sur y norte, en lo que para nuestro país es un tema de evidente presión e interés prioritario, más allá de los designios y exigencias del gobierno norteamericano. De manera que bien vale la pena preguntar al gobierno de la cuarta transformación: ¿los migrantes centroamericanos tienen derecho a migrar, a pasar por México rumbo a Estados Unidos, a buscar asilo y refugio cuando lo requieran, y a ser protegidos de la persecución, o no lo tienen? ¿Trataremos a los demás como deseamos ser tratados?, será México, como parece ser el caso de facto, “tercer país seguro” para los centroamericanos que piden asilo en Estados Unidos?

Para nadie es un secreto dentro y fuera de México, que por un lado, padecemos una grave crisis estructural en materia de derechos humanos, documentada ampliamente por ONU-DH o por organizaciones civiles internacionales como International Amnesty, o Human Rights Watch, entre otras. Y asociada directamente con ella, está una tasa de impunidad donde sólo un 1% de los delitos cometidos son perseguidos y sancionados. Y habrá que agregar al oscuro panorama descrito, que si existe un colectivo especialmente afectado ante esta crisis estructural, es justamente el de los migrantes indocumentados, dada su especial vulnerabilidad ante las mafias del crimen organizado, actuando en contubernio con las autoridades corruptas de todos niveles.

En este marco, existe un enorme margen de desamparo e impunidad sufrido por los migrantes centroamericanos que cruzan México de sur a norte por diversas rutas, de manera que quienes huyen de la pobreza, la violencia y la explotación o simplemente buscan ampliar sus oportunidades de vida, enfrentan en su camino la amenaza de mafias y criminales (recuérdese la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas) o de autoridades corruptas y/o al servicio de intereses geopolíticos ajenos.

Pero lo cierto es que gracias a la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, los Tratados Internacionales adquieren plena vigencia constitucional en México, razón por la cual el Estado mexicano queda sujeto al cumplimiento de los mismos en materia de protección de las personas, independientemente de su condición migratoria.

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

 

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Por si fuera poco, es la propia Constitución la que lo reconoce, en su artículo 11, que a la letra dice en lo que nos interesa: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.”

“En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones.”

Y no deja duda el propio texto constitucional sobre los sujetos de derecho a los que sobre todo, se dirige el mandato expreso: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

A raíz de los éxodos migrantes centroamericanos, México se convirtió en un país que ya no sólo expulsa, sino que recibe migrantes, y así hemos visto bochornosas manifestaciones de racismo y rechazo contra ellos durante los últimos meses. Sostenemos aquí que como sociedad, deberíamos al menos intentar escapar a toda costa de nuestra propia “trumpización” (como otra forma del nuevo colonialismo al que estamos históricamente sujetos), mejor haremos en comprender y aceptar –empezando por las autoridades de todos niveles– que existe un derecho humano que se traduce en una garantía constitucional para transitar y circular libremente, a buscar la seguridad y la prosperidad fuera de nuestras regiones de origen, y que ese derecho fundamental ampara a los migrantes que transitan por México, vengan solos o acompañados, en éxodo o en caravanas de miles de personas. Así que, si acaso, podemos aspirar, eso sí, legítimamente, a “ordenar” el proceso y el flujo migratorio que pasa por nuestro territorio, para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y de sus sociedades de acogida (incluyendo la sostenibilidad de los sistemas de bienestar), pero nunca, como se ordena imperiosamente desde el norte geopolítico, para impedir la movilidad de las personas. La educación pública deberá jugar en este tema, como en muchos otros, un papel crucial contra la xenofobia, el racismo y la exclusión en México.

 

@efpasillas

 

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Enrique F. Pasillas

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